El titular sustituto del Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo ha ordenado la entrega de toda la documentación sobre la atracción conocida como «saltamontes» utilizada en otras fiestas municipales, concretamente en Coia y Balaídos, dentro de la causa abierta por la muerte de Iván Castaño Hervella en agosto de 2024 durante las fiestas de Matamá. La providencia judicial reclama a la Policía Local actas, informes, fotografías, atestados y cualquier escrito relativo a precintos o intervenciones previas, así como los correos electrónicos remitidos desde la Concejalía de Seguridad sobre el funcionamiento de la atracción. La petición busca esclarecer las responsabilidades administrativas y técnicas que rodearon la puesta en marcha del mecanismo que acabó con la vida de un vecino de 36 años.

El juez argumenta que la comparación de los informes de seguridad y de mantenimiento en distintos emplazamientos puede aportar elementos claves sobre el estado y la autorización de la instalación en el momento del accidente. Entre los documentos requeridos figuran resoluciones, órdenes de precinto y el supuesto correo en el que la propia Concejalía de Seguridad advertiría de la falta de documentación para permitir su funcionamiento. La edil aludida, que aparece también investigada, es la responsable municipal de Seguridad, lo que ha colocado la actuación administrativa bajo el foco judicial.

Según la providencia, la Policía Local debe remitir todas las «actas, informes, resoluciones, órdenes de precinto, fotografías, atestados o cualquier otra documentación» relativa a intervenciones sobre el saltamontes en Coia y Balaídos en años anteriores, además del correo recibido en el servidor municipal que, según el sumario, impedía autorizar la atracción por carecer de papeles. La investigación intenta establecer si existió omisión o negligencia en la tramitación de permisos y en la comunicación entre departamentos municipales, y si esa conducta pudo influir en que la atracción funcionara en Matamá pese a las advertencias.

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En paralelo, el juzgado ha citado e interrogado al jefe de la Policía Local de Vigo, Alberto Carballo, quien declaró el 23 de febrero en calidad de investigado para preservar sus derechos. Carballo confirmó que en el sistema constaba la recepción y apertura de un correo relacionado con la atracción, y que un oficial dejó registro de cuándo se leyó ese mensaje en el servidor. No obstante, el mando municipal afirmó que no llegó a recibir una orden expresa para proceder al precinto de la atracción, lo que ha generado controversia sobre la suficiencia de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento.

La investigación también alcanza a la persona que realizó la revisión técnica del aparato. El juzgado ha requerido al Instituto Gallego de Metrología y Normalización (Imelga) que informe sobre la capacidad para prestar declaración del perito investigado y si sería recomendable que comparezca por videoconferencia. Además, ha solicitado al perito los «certificados técnicos anuales» correspondientes a los últimos cinco años y el «boletín de instalación eléctrica» de la atracción para las fiestas de Matamá, con la finalidad de conocer el historial de revisiones y el cumplimiento de la normativa eléctrica.

El auto pide asimismo que el perito aporte certificados técnicos referidos a «todos los miembros de la familia propietaria» del saltamontes, en busca de esclarecer la titularidad y la responsabilidad en el mantenimiento de la máquina. La petición refleja la hipótesis de que tanto los controles técnicos como la documentación administrativa podrían no haber sido los adecuados para garantizar la seguridad de los usuarios. Con esos documentos, el juzgado pretende reconstruir la cadena de custodias y comprobar si se siguieron los protocolos de inspección obligatorios.

La causa ha suscitado un fuerte interés social y político en Vigo, donde la muerte de Iván Castaño Hervella conmocionó a la ciudad y reabrió el debate sobre la seguridad de las atracciones en las fiestas populares. Familiares y vecinos han exigido respuestas claras sobre por qué el aparato funcionó pese a las supuestas advertencias, mientras que el gobierno local se ha visto obligado a detallar los pasos administrativos seguidos tras el accidente. El caso sigue avanzando con diligencias encaminadas a determinar posibles responsabilidades penales.

Además de la documentación solicitada, la investigación podría incorporar nuevas pruebas y testimonios conforme se reciban los informes de la Policía Local y del Imelga, y cuando el perito comparezca ante el juzgado. Las diligencias ordenadas por el magistrado forman parte de una instrucción que busca depurar circunstancias técnicas y administrativas, y que podría derivar en imputaciones adicionales si se acreditan fallos en la normativa aplicable o en la supervisión municipal. El proceso continuará con la recopilación de las pruebas requeridas y la valoración judicial de su alcance.