El Tribunal de Instancia 3 de Catarroja ha ordenado de nuevo a la Conselleria de Emergencias que dirigen las autoridades valencianas que entregue documentación que acrediten las medidas preventivas y la preparación adoptada durante la alerta roja por la dana del 29 de octubre de 2024, después de que el departamento no respondiera a requerimientos cursados en octubre y noviembre de 2025. La letrada de la administración de justicia ha emitido una diligencia de ordenación para recordar el cumplimiento de esos oficios, en el marco de la causa que investiga las 230 muertes vinculadas a la borrasca.

En la diligencia notificada hoy, la LAJ señala expresamente que no se recibió respuesta a los escritos fechados el 13 de octubre y el 11 de noviembre de 2025, por lo que se oficia nuevamente para que la Conselleria remita la información pendiente. La reclamación incluye tanto expedientes técnicos como comunicaciones internas que, según el tribunal, son necesarias para esclarecer las decisiones adoptadas durante la emergencia. La actuación judicial se produce en plena fase de instrucción y con atención mediática y social sobre la gestión de la crisis.

Entre los documentos concretos que reclama el juzgado figuran las copias de los dossiers diarios que la productora Auditmedia remitió los días 28 y 29 de octubre de 2024, así como «los documentos que acrediten actuaciones preventivas y de preparación» informadas por el Consell tras decretarse la alerta roja. Fuentes judiciales citadas por la prensa local indican que la entrega de esos materiales es considerada esencial para valorar la respuesta institucional en las horas críticas de la inundación.

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La diligencia afecta directamente al departamento que encabeza Juan Carlos Valderrama, responsable de la Conselleria de Emergencias, y llega en un momento de relevo en su estructura tras la destitución, el 27 de febrero, de la secretaria autonómica y del director general de Innovación. Ese relevo, según el Gobierno valenciano, pretende «reforzar» la respuesta ante emergencias, pero la obligación de aportar pruebas ante el juzgado sigue vigente independientemente de los cambios en el equipo.

La decisión judicial coincide además con lo ocurrido en los últimos meses en el propio equipo de Emergencias: la secretaria autonómica cesada, Irene Rodríguez, y el exdirector general de Innovación en Emergencias, que abandonó su puesto, fueron sustituidos por nuevos responsables. La Conselleria anunció los nombramientos de Fernando Lasheras Herrero, excomisario de la Policía Local de València, y de Miriam Gil Pascual, ingeniera informática y doctora en la Universitat de València, como nuevos cargos al frente de esas áreas.

Uno de los protagonistas recientes en la instrucción, el ahora dimitido técnico, fue Raúl Quílez, que dejó su cargo una semana después de declarar como testigo en el procedimiento. Quílez ejerció como director gerente de la Sgise entre julio de 2024 y mayo de 2025, por lo que estaba al frente de la entidad que coordinaba los servicios de bomberos forestales el día de la dana y formó parte del Cecopi. En su declaración sostuvo que aquel día tuvo un papel limitado en la toma de decisiones, aunque su presencia en los órganos de coordinación ha obligado a los magistrados a profundizar en los documentos relativos a la gestión.

Durante su testimonio, Quílez admitió haber accedido en marzo de 2025 a vídeos grabados por una productora de Castelló sobre el 29 de octubre, materiales que según la instrucción no fueron remitidos al Tribunal de Instancia 3 hasta principios de octubre de 2025. Ese retraso en la transferencia de pruebas ha sido uno de los argumentos que ha motivado las nuevas solicitudes judiciales, al tiempo que plantea preguntas sobre los plazos y la trazabilidad de la documentación relacionada con la emergencia.

La causa mantiene un impacto significativo por el elevado número de víctimas y por la necesidad de determinar si las alertas y protocolos activados fueron suficientes y adecuados. El tribunal ha interrumpido temporalmente la toma de declaraciones de testigos y ha fijado su reanudación para el 23 de marzo, fecha en la que se espera que conste en el expediente la información adicional requerida. Mientras tanto, la nueva orden judicial obliga a la Conselleria a remitir la documentación pendiente y a aclarar ante la jueza las medidas preventivas adoptadas durante la alerta roja.