María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda, presentó esta semana en Ourense el proyecto definitivo del Proyecto de Interés Autonómico (PIA) para el barrio de O Vinteún, cuya aprobación inicial fue acordada en el Consello de la Xunta y publicada en el DOG. La actuación, que contempla la urbanización de 167.000 metros cuadrados situados entre las carreteras N-525 y N-544, incluye una inversión directa de 13,5 millones de euros por parte de la Xunta para las obras de urbanización y calcula un coste total de la intervención que supera los 250 millones.
Qué incluye el proyecto y cuándo se pondrá en marcha
Según la documentación presentada, el PIA de O Vinteún dará como resultado más de un millar de viviendas en una intervención de gran envergadura para los estándares ourensanos: en concreto, la previsión es de 1.435 viviendas. El reparto se inclina de forma clara hacia la vivienda protegida: el 80% del conjunto —un total de 1.154 inmuebles— se destinará a régimen protegido, mientras que el 19,5% restante (unos 281 pisos) quedará como vivienda libre. Además, el diseño incorpora plantas bajas con uso comercial y un nuevo espacio verde que actuará como pulmón para el sector.
El proyecto urbanístico apuesta por una tipología de edificación abierta —explicaron los técnicos— para garantizar que todas las estancias sean exteriores, una demanda recurrente entre compradores y arrendatarios tras la pandemia. La localización, entre la N-525 y la N-544, facilita conexiones por carretera con el resto de la provincia, si bien también plantea cuestiones sobre la movilidad y la capacidad de las infraestructuras existentes.
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Conoce más →En cuanto al calendario, la Xunta mantiene el compromiso de que las obras de urbanización comiencen antes del cierre del año. La inversión inicial de 13,5 millones debe cubrir los movimientos de tierra, redes de servicios, viales y la ejecución de los espacios públicos previstos en la ordenación. Posteriormente llegará la construcción de los bloques y las promociones, que dependerán de la licitación y de los promotores que se acojan al proyecto.
Un proyecto con acento social en una ciudad con necesidad de vivienda asequible
Ourense lleva años con una oferta limitada de vivienda nueva y con un mercado que exige alternativas asequibles para jóvenes y familias. El elevado porcentaje de vivienda protegida del PIA responde, precisamente, a la política autonómica de priorizar el parque público y protegido en las actuaciones a gran escala. No es la primera vez que la Xunta interviene de manera directa para impulsar promociones de vivienda en la ciudad, pero sí destaca la magnitud de esta operación: más de mil viviendas cambian el mapa residencial de Ourense.
La creación de un nuevo espacio verde y la apuesta por que todas las estancias sean exteriores buscan mejorar la calidad urbana en un término municipal donde los espacios abiertos y las zonas verdes son especialmente valorados por la población local. A poca distancia, las termas de As Burgas o el casco histórico recuerdan que Ourense combina patrimonio y necesidad de modernizar su tejido residencial sin perder identidad.
Sin embargo, la dimensión del proyecto obliga a plantear medidas complementarias. La llegada de más de 1.400 viviendas, aunque distribuidas en fases, exige planificar centros educativos, dotaciones sanitarias y una ordenación del tráfico que evite colapsos en los accesos desde la N-525 y la N-544. El Concello de Ourense y la Xunta tendrán que coordinar no solo la urbanización sino también la integración de servicios básicos en un área que hasta ahora ha sido periférica para muchas de estas necesidades.
Repercusiones económicas y retos por delante
La estimación de más de 250 millones para toda la intervención apunta más allá de los simples movimientos de tierra: supone un impulso económico para el sector de la construcción en la provincia y un empujón a la oferta de empleo ligado a la obra y a los servicios asociados. En términos fiscales y de actividad local, la nueva urbanización puede atraer comercios, impulsar la demanda de servicios profesionales y dinamizar sectores auxiliares.
No obstante, hay que contemplar riesgos. La asignación mayoritaria a vivienda protegida, por muy necesaria que sea, necesitará instrumentos claros para su gestión: quién custodia el parque, cómo se adjudicará y en qué plazos. La experiencia en otras promociones muestra que sin una planificación de servicios públicos y transporte, los barrios nuevos pueden convertirse en espacios residenciales aislados. Además, la presión sobre el suelo y la percepción social acerca del diseño urbano —muchos ourensanos siguen reivindicando un crecimiento que respete el paisaje y la huella ambiental— serán debates presentes en las próximas semanas.
En la práctica, el siguiente paso administrativo pasa por la fase de tramitación ambiental y las licitaciones públicas pertinentes. La publicación en el DOG deja la puerta abierta a alegaciones y a la participación de actores locales; a partir de ahí, la Xunta deberá licitar las obras y fijar plazos concretos. A falta de confirmación de las empresas adjudicatarias y de los calendarios detallados, el objetivo de iniciar urbanización antes de fin de año marca una fecha simbólica pero exigente.
Para Ourense, O Vinteún es más que un desarrollo inmobiliario: es una oportunidad para aumentar el parque de vivienda protegida y para reconfigurar parte de su expansión urbana. La clave será que la ejecución atienda no solo al número de pisos sino a la cohesión con la ciudad: transporte, servicios y calidad del espacio público determinarán si este PIA será recordado por resolver problemas crónicos de acceso a la vivienda o por añadir carga a una ciudad que reclama equilibrio entre crecimiento y habitabilidad.
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