El PSdeG exige suspender el cátering en las residencias del Consorcio Galego de Benestar y restituir personal cualificado

Santiago de Compostela, 22 de marzo de 2026. El Grupo Socialista en el Parlamento gallego ha llevado este domingo al centro del debate una queja que viene fermentando entre usuarios y familias: la externalización del servicio de comidas en las residencias gestionadas por el Consorcio Galego de Benestar. La portavoz de Política Social del partido, Silvia Longueira, ha registrado una batería de iniciativas para pedir la suspensión inmediata del contrato de cátering y la habilitación de personal propio y cualificado que garantice menús aptos y adaptados a las necesidades de los residentes.

Reclamos desde las residencias: menús que no se consumen

La denuncia socialista parte de testimonios recurrentes. Residentes y trabajadores de varios centros han trasladado a la Valedora do Pobo y a los grupos parlamentarios que, en muchos comedores, «o bien tienen mal olor, o están mal cocinados o es imposible masticar» la comida que llega precocinada y apenas requiere gestión in situ. La queja describe una situación en la que, según esas fuentes, los mayores acaban alimentándose con fruta, yogures o las galletas de los desayunos porque es «lo único que pueden ingerir sin que les produzca rechazo».

Desde el PSdeG alertan de que los platos llegan «precocinados, congelados o presurizados» y, pese a ello, se abonan menús cuya valoración económica ronda el entorno de 1 euro por servicio, según las explicaciones aportadas por las propias residencias. Es una cifra que, en boca de Longueira, revela la prioridad que ha primado en la contratación: precio frente a calidad y nutrición.

Hace semanas que familias y usuarios convocaron concentraciones y llevaron sus protestas al Parlamento de Galicia. No es la primera vez que la gestión de los servicios en centros de atención a mayores en Galicia genera polémica; sin embargo, el encendido de las alarmas ha cobrado nuevo impulso por las quejas sobre alimentación, un aspecto sensible en centros donde la desnutrición, las dificultades para la masticación o las dietas especializadas son problemas reales y frecuentes.

«Obligan a comer bollería o yogur porque lo demás no lo aceptan; la calidad nutritiva y la dignidad están en juego», señaló Longueira en su comparecencia, según fuentes del grupo socialista.

Antecedentes y un modelo que se extiende

La polémica se enmarca en una tendencia que desde hace años avanza en la gestión pública: la externalización de servicios con la promesa de eficiencia y ahorro presupuestario. En la práctica, no obstante, esa receta ha chocado con la realidad de la atención residencial. En Galicia, donde la población envejece de forma acelerada y el Consorcio asume una red amplia de centros, la atención alimentaria es parte del corazón del cuidado diario. Cuando esa pieza falla, las consecuencias se ven con rapidez en el estado de salud y en el ánimo de los residentes.

La reacción del Ejecutivo autonómico no se ha hecho esperar: desde la Xunta, fuentes oficiales han defendido que los mecanismos de evaluación y las encuestas internas muestran una «satisfacción muy elevada» con los servicios que presta el Consorcio. Es una respuesta habitual en contenciosos de esta naturaleza, que contrapone cuestionarios administrados con criterios técnicos frente a quejas puntuales pero reiteradas de usuarios y familiares.

En la política gallega, donde la relación entre Xunta y poderes locales sobre la gestión social ha sido tensa en varias legislaturas, la cuestión del cátering adquiere un cariz tanto técnico como político. Los socialistas acusan al gobierno autonómico de haber priorizado contrataciones baratas frente a la dignidad de las personas mayores; la Xunta, por su parte, insiste en que se cumplen requisitos sanitarios y de control. A falta de confirmación oficial sobre auditorías internas recientes, la discrepancia permanece.

Repercusiones y posibles soluciones: volver a manos públicas y reforzar plantillas

La petición del PSdeG no se limita a criticar: propone la suspensión del contrato con empresas de cátering y la habilitación de personal cualificado que elabore menús y atienda las necesidades dietéticas. Entre las alternativas planteadas por expertos consultados por este periódico figura la reincorporación de cocineros y dietistas a las plantillas de los centros o la creación de brigadas culinarias regionales que sirvan menús frescos adaptados a las texturas necesarias para quienes tienen problemas de deglución.

Recuperar la cocina en los propios centros supone costes de inversión y de personal. Eso obliga a una discusión honesta sobre prioridades presupuestarias: ¿se ahorra en el corto plazo externalizando al mínimo coste y se paga en salud y calidad de vida a medio plazo? En una comunidad como Galicia, con una fuerte tradición alimentaria ligada al producto local y la dieta atlántica, el argumento cultural también pesa. Familias y profesionales señalan que, además de la nutrición, la comida es una pieza de socialización y bienestar.

Por su parte, la Valedora do Pobo ha recibido quejas formales y abrió expediente informativo en al menos algunos casos, lo que añade presión al Ejecutivo para que ofrezca respuestas tangibles. Si la consellería competente opta por realizar controles independientes, auditorías nutricionales y un plan de mejora con plazos concretos, podría atemperarse la crisis. Si no, la situación promete tensión política, movilizaciones y nueva atención mediática.

La discusión sobre el modelo de prestación se reprodujo en otras autonomías y ha llevado a gobiernos locales a revisar contratos públicos, priorizar la contratación de plantilla y fijar criterios de calidad vinculantes en los pliegos. En Galicia, la mezcla de ahorro, envejecimiento poblacional y dispersión territorial complica la solución: no es lo mismo abastecer un centro en Pontevedra que en una parroquia de la montaña lucense.

En los próximos días, el Parlamento estudiará las iniciativas registradas por el PSdeG y se espera la comparecencia de responsables del Consorcio y de la consellería autonómica. Más allá del trámite, las familias demandan medidas inmediatas: que se deje de servir lo que algunos definen como «comida inservible» y que se garantice la dignidad alimentaria de las personas mayores. La cuestión supera el debate técnico; incide en cómo la comunidad trata a quienes dieron forma a la Galicia contemporánea.