El grupo municipal socialista de Ourense ha pedido al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, la convocatoria urgente de una junta de portavoces para dar explicaciones sobre el derribo de la Casa de Baños, una operación que fue detenida por la Dirección Xeral de Patrimonio al tratarse de actuaciones sin permiso sobre un bien de interés cultural (BIC). Los socialistas reclaman además la comparecencia del concejal de Urbanismo para aclarar quién autorizó los trabajos.
Una junta de portavoces con carácter inmediato
Pocas veces una decisión municipal genera tanto revuelo en pleno mes de agosto. Y menos en una ciudad que, como Ourense, vive agosto con calma termal. La petición socialista llega días después de que la maquinaria entrara en el histórico edificio y provocara daños visibles, con fotografías que dieron la vuelta a las redes locales.
Lo que reclaman los socialistas es simple de formular y complejo de responder. Quieren saber qué se está haciendo exactamente, quién autorizó estas actuaciones y con qué informes técnicos y jurídicos se contaba antes de mover una sola piedra. La cadena de decisiones, sostienen, debe explicarse ante todos los grupos municipales y no a través de comunicados o declaraciones sueltas.
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Ver en Hotels.com → PublicidadConviene recordar el dato que cambia todo el encuadre de este asunto: la Consellería detuvo la operación porque el edificio tiene la condición de bien de interés cultural. Actuar sobre un BIC sin permiso no es un mero trámite administrativo incumplido. Es mucho más grave. Ahí está la clave de la presión política que ahora mismo soporta el gobierno local.
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Las imágenes del paso de la maquinaria por la Casa de Baños mostraban el estado del inmueble tras las actuaciones. No hace falta ser experto en patrimonio para entender que, cuando un edificio protegido sufre daños por obra no autorizada, las responsabilidades se reparten entre quienes ordenaron el trabajo, quienes lo ejecutaron y quienes debían vigilar que se cumpliera la normativa.
A nadie se le escapa que Ourense vive en buena medida de su patrimonio termal e histórico. La ciudad tiene en su condición de villa de aguas una identidad que trasciende lo turístico. Por eso el derribo parcial o la agresión a un edificio como la Casa de Baños no se percibe como un problema técnico de una concejalía, sino como una cuestión que afecta a la imagen colectiva de la ciudad.
No es menor el dato de la temporalidad. Todo ocurre en agosto, con el pleno inactivo y muchos responsables de vacaciones, un mes tradicionalmente propicio para decisiones que luego cuestan explicaciones. Demasiado conveniente el calendario, dirán los más suspicaces.
El edil de Urbanismo, en el punto de mira
La comparecencia del responsable de Urbanismo es la segunda pieza de la petición socialista. Y quizá la más incómoda para el equipo de gobierno. Porque una cosa es explicar públicamente los motivos de una actuación y otra muy distinta es poner sobre la mesa los papeles: los informes técnicos, los jurídicos y la firma que dio luz verde a que la maquinaria entrara en un BIC.
El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, es el destinatario formal de la petición de junta de portavoces. Sobre él recae ahora la decisión de convocar ese encuentro con la urgencia que demanda la oposición o de dilatarlo hasta que baje el calor político. Cada semana que pase sin explicaciones será una semana más de desgaste. La cifra de preguntas sin respuesta habla por sí sola: qué se hizo, quién lo ordenó, con qué respaldo documental y quién lo supervisó.
Nadie sabe todavía si el asunto quedará en un episodio de torpeza administrativa o si derivará en responsabilidades más serias. Lo que sí resulta evidente es que la combinación de un BIC dañado, una paralización ordenada por Patrimonio y una oposición que exige explicaciones forma un cóctel difícil de digerir para cualquier gobierno local, y más en una ciudad dond
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