Una negociación de urgencia durante el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes zanjó, con retraso, una crisis interna que amenazó con abrir una brecha mayor en la coalición. Tras más de dos horas de demora, el Ejecutivo aprobó dos reales decretos: uno con medidas para contener los precios energéticos y otro con iniciativas en materia de vivienda exigidas por la pata de izquierdas, Sumar. Sin embargo, el segundo paquete aún no tiene garantizada la convalidación parlamentaria.

El acuerdo táctico y el plantón que lo precipitó

La negativa a participar en el inicio del Consejo por parte de los cinco ministros de Sumar —entre ellos Yolanda Díaz, Sira Rego, Ernest Urtasun y Mónica García, acompañados por Pablo Bustinduy— obligó a posponer la reunión del gabinete presidido por Pedro Sánchez. Según fuentes próximas a la negociación, la exigencia central fue que las medidas de vivienda no quedaran marginadas en un paquete único de anticrisis destinado, sobre todo, a paliar el impacto de la subida de precios energéticos por la crisis en Oriente Medio.

El primer real decreto recoge las iniciativas para tirar de la factura energética: se incluyen rebajas en tributos vinculados a los combustibles y la electricidad, la ampliación del bono social eléctrico y la instauración de un mecanismo —con supervisión de la CNMC— para controlar los márgenes empresariales en el suministro de carburantes, con facultades del Consejo de Ministros para fijar topes cuando sea necesario. En el segundo decreto, fruto de la presión de Sumar, aparecen medidas dirigidas a la emergencia habitacional, entre ellas la prórroga automática de un total de 600.000 contratos de alquiler que vencen este año.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, Pedro Sánchez reconoció la dificultad parlamentaria para convalidar el decreto de vivienda, pero defendió la decisión: «no vamos a renunciar a dar una respuesta también a la emergencia habitacional», dijo, y apuntó que seguirá negociando con el resto de los grupos para lograr apoyos. El presidente subrayó, además, que las discrepancias internas no son un lastre sino «un activo» del Gobierno de coalición.

Antecedentes y tensiones que vuelven a la superficie

No es la primera vez que las diferencias entre PSOE y Sumar ocupan el foco. Desde la formación del Ejecutivo de coalición han surgido desencuentros sobre prioridades y ritmo de las reformas; la vivienda, en particular, es un caballo de batalla para la izquierda transformadora que lidera Díaz. En el partido hay quien insiste en medidas de intervención más contundentes para frenar la escalada del alquiler en las grandes ciudades.

En Galicia, donde la presión del alquiler ha subido en los últimos años en áreas como A Coruña y Vigo, la prórroga de contratos puede suponer un alivio temporal para miles de hogares, aunque no sustituye a políticas estructurales de vivienda asequible. Cabe recordar que el mercado inmobiliario gallego combina mercados tensionados en núcleos urbanos con realidades muy distintas en el rural; por ello, cualquier medida estatal genera reacciones encontradas entre ayuntamientos, agentes sociales y propietarios.

La escena de este viernes ocurre además en un momento marcado por la incertidumbre internacional. El presidente anunció en paralelo un plan valorado en 5.000 millones con unas 80 medidas para mitigar el impacto de la guerra en Oriente Medio en la economía española, una batería que incluye, según fuentes del Ejecutivo, rebajas fiscales y ayudas directas en sectores sensibles.

Reacciones políticas y el coste de la legislatura sin presupuestos

La respuesta del principal partido de la oposición no se hizo esperar. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, calificó lo ocurrido como un síntoma de un «gobierno en llamas», asegurando que una situación así «haría caer el gobierno de cualquier país democrático». En redes, el PP publicó mensajes acusatorios que mezclaban la falta de presupuestos en tres años con la supuesta «rebelión» de ministros, y plantearon la hipótesis de que todo fuera un «teatro» para salvar la cara de dirigentes concretos.

«Esta noticia haría caer el gobierno de cualquier país democrático», escribió Muñoz en su mensaje en X, añadiendo que «España no merece esto».

La crítica del PP no solo apela al espectáculo político; busca reforzar un relato que pretende convertir cada fisura en la coalición en argumento de una supuesta incapacidad de gestión. No obstante, para sectores de la izquierda y de las organizaciones sociales la insistencia de Sumar en medidas de vivienda responde a una demanda real: la emergencia residencial no ha desaparecido y muchos colectivos señalan que las medidas de 2021 y 2022 se han quedado cortas.

Fuentes parlamentarias admiten que convalidar el decreto de vivienda será difícil sin apoyos adicionales. El Gobierno confía en poder abrir una negociación con otros grupos para salvar el trámite, pero la situación obliga a calibrar en qué medida las medidas propuestas son suficientes para atraer apoyos sin diluir su contenido.

En la agenda inmediata, además de las conversaciones con los grupos, estará la comunicación pública: hacer llegar a la ciudadanía el alcance real de los dos decretos y sus beneficiarios. En Galicia, los ayuntamientos y las organizaciones de vivienda vigilarán especialmente la implementación del bono social ampliado y de las prórrogas de alquiler, que pueden resolver situaciones particulares pero no sustituyen una política de vivienda a largo plazo.

El pulso de este viernes deja, por tanto, dos lecturas. La primera es administrativa: dos decretos para atajar efectos inmediatos sobre facturas y alquileres. La segunda es política: una coalición que se muestra capaz de pactar en la cocina del Gobierno pero que todavía no ha resuelto las tensiones de fondo. Si la prórroga automática de contratos llega al Congreso y se aprueba, será una victoria tangible de Sumar; si no, la factura política volverá a pasar por Moncloa, donde la negociación con los socios será, una vez más, la clave para sostener la legislatura.