SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Mar. — El paquete anticrisis anunciado por el Ejecutivo para mitigar el impacto de la guerra en Oriente Próximo ha sido recibido con cautela en Galicia. Agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas valoran “toda ayuda”, pero insisten en que los anuncios —un descuento de 20 céntimos por litro en carburantes para sectores profesionales y un paquete de 5.000 millones de euros repartidos en 80 medidas— no alcanzan para cubrir los costos concentrados en los próximos meses.

Reacciones y dudas sobre la concreción de las medidas

Las primeras voces desde el campo gallego vienen de organizaciones con experiencia en movilizaciones recientes, como las tractoradas que sacudieron Lugo en enero. Óscar Pose, responsable del área láctea de Unións Agrarias, resumía la sensación general: “toda ayuda en la situación actual es positiva, pero no cabe duda de que son insuficientes para la situación de ahora, la cual se prevé que se complique”. Pose recuerda que en los próximos cuatro meses se concentran entre el 60% y el 70% de los gastos anuales de las explotaciones, por la recogida de forraje, abonados y la siembra de maíz.

La medida estrella para el transporte de productos básicos y el trabajo en el campo, el descuento de 20 céntimos por litro, tiene defensores y escépticos a partes iguales. Desde las cofradías y los pósitos lucenses, su presidente, Basilio Otero, reclama “tener por escrito” la letra pequeña: quién exactamente podrá beneficiarse y qué plazos se aplicarán. “Hay confusión”, admiten fuentes del sector pesquero, que recuerdan que la pesca gallega ya lidia con costes elevados del combustible y con mercados internacionales volátiles.

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Transportistas, por su parte, han saludado la bonificación como una reivindicación histórica, pero piden “ver negro sobre blanco en el BOE” antes de darla por válida. Alberto Vila, secretario xeral de la asociación Vieiros, reconoce que esa rebaja era una de las peticiones pero no la única: “es prudente conocer la concreción, incluidos los plazos que se establezcan”. La insistencia en la publicación oficial responde a experiencias pasadas en las que anuncios sin desarrollo reglamentario dejaron expectativas sin cumplir.

“20 céntimos están bien, pero son insuficientes para el incremento del combustible que ya se produjo estas semanas”, afirmó Óscar Pose.

Antecedentes: presiones anteriores y demandas estructurales

Galicia no llega a esta crisis sin memoria. En los últimos meses las organizaciones agrarias denunciaron la “especulación” con el precio del gasóleo agrícola y reclamaron actuaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). No es la primera vez que la región ve movilizaciones por costes energéticos y por tensiones en la cadena alimentaria: el sector lácteo ha venido alertando históricamente sobre la presión de la industria para trasladar al productor descensos de precio que no se corresponden con la caída de costes reales.

El paquete aprobado por el Consejo de Ministros incluye, además del descuento directo en carburantes, una rebaja del IVA sobre los combustibles del 21% al 10%, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calculó podría traducirse en un ahorro adicional de hasta 30 céntimos por litro en determinadas circunstancias y en “unos 20 euros por vehículo” en términos generales. Sánchez también anunció mayor capacidad sancionadora para la CNMC para evitar que empresas se beneficien indebidamente de las ayudas.

Aunque esa mejora de la supervisión busca responder a las denuncias por prácticas abusivas, desde las explotaciones se reclama algo más que vigilancia: piden medidas dirigidas a garantizar la renta agraria y evitar que los precios finales bajen en perjuicio del productor cuando los costes de producción se disparan. Además, subrayan la necesidad de ayudas específicas para la compra de fertilizantes, cuyo encarecimiento amenaza cultivos como el del girasol y el aceite, y condiciona campañas de siembra clave para la economía rural gallega.

Repercusiones inmediatas y próximos pasos

En lo más inmediato, el Gobierno prevé que las medidas entren en vigor tras su publicación en el BOE. Eso es precisamente lo que reclaman las organizaciones gallegas: concreción normativa y plazos claros. A falta de esos textos, el sector mantiene la prudencia. Los plazos marcan la diferencia entre ayudas que alivian un mes y políticas que sostienen una campaña entera, cuando la estación de labores se concentra y las facturas llegan todas a la vez.

Si se implementan con rapidez y con criterios que lleguen al productor final —y no se queden en escalas intermedias—, las bonificaciones pueden amortiguar temporalmente la presión sobre los costes, pero no resolverán problemas estructurales como la volatilidad de precios o la dependencia de insumos externos. Por eso muchos actores piden también medidas de medio plazo: apoyo a la integración cooperativa, líneas específicas para la modernización de maquinaria, y mecanismos que aseguren el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria para frenar prácticas comerciales desleales.

En Galicia, donde la economía rural sigue siendo columna vertebral en comarcas de interior y la pesca mantiene el pulso en la costa, estas decisiones tendrán impacto directo en la próxima campaña. Para los transportistas, la concreción en el BOE será la primera prueba; para los ganaderos de leche y los agricultores, la clave será que los descuentos y las ayudas a fertilizantes se traduzcan en alivio real en las cuentas de explotación y no sirvan solo para calmar el malestar social.

La sensación, por ahora, es de alivio insuficiente. Como dicen en los pueblos, un abrigo no basta si el invierno se alarga: hará falta más previsión, control efectivo y medidas que no solo mitiguen el golpe, sino que refuercen la resiliencia de un sector que lleva décadas sosteniendo buena parte del tejido productivo gallego.