El pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha rechazado por unanimidad investigar a Carlos Mazón por su gestión de la dana del 29 de octubre de 2024. La decisión, notificada el 16 de marzo de 2026, responde a la exposición razonada remitida desde el Juzgado de Instancia de Catarroja. El tribunal considera que, en el momento procesal analizado, no existe un fundamento sólido y objetivo que permita atribuirle un delito penal.

Los magistrados examinaron si los hechos descritos podían encajar en el delito de homicidio por imprudencia en su modalidad de comisión por omisión, planteado en la exposición razonada. La Sala concluye que falta el requisito de que Mazón ostentase una posición de garante frente a un deber concreto que le hiciera responsable penal por omisión. En consecuencia, declinan su competencia para abrir una causa penal contra el expresidente de la Generalitat Valenciana.

La petición de investigar a Mazón fue elevada por la magistrada instructora de Catarroja el pasado 24 de febrero y se apoyaba en la asignación de responsabilidades por la gestión de la emergencia. Mazón, que dejó la presidencia autonómica y es actualmente diputado en Les Corts, es aforado y por ello la decisión correspondía al TSJCV. La resolución se limita a la potencial responsabilidad penal del expresidente y no decide sobre otras personas investigadas.

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Fundamentos y composición del órgano

El auto del tribunal, de alrededor de setenta páginas, fue aprobado por los cinco magistrados que integran el pleno de la Sala de lo Civil y Penal. Entre ellos figura como ponente Pía Calderón, y también participaron el presidente del TSJCV y otros vocales. La resolución detalla los motivos jurídicos por los que la conducta atribuida a Mazón no alcanza, según la Sala, el umbral penal exigible para la apertura de un juicio.

En su análisis, los magistrados subrayan la necesidad de acreditar una obligación específica que, en caso de incumplimiento, pudiera configurar una comisión por omisión con resultado lesivo. La Sala considera que la mera posición de liderazgo político no equivale automáticamente a esa posición de garante frente a riesgos concretos. Ese matiz técnico resultó determinante para denegar la investigación penal contra el exjefe del Consell.

La Fiscalía del TSJCV ya había emitido un informe previo en el que solicitaba la devolución de la causa al juzgado instructor para que continuara con la investigación. En aquel informe, la fiscalía estimaba que en el estado procesal actual no existían indicios suficientes de criminalidad contra Mazón, aunque advertía que la situación probatoria podía variar con nuevas diligencias. El tribunal incorpora esa valoración al ponderar la posibilidad de que el volumen probatorio se amplíe durante la instrucción.

Investigados y efectos políticos

La resolución del TSJCV aclara que su pronunciamiento se refiere exclusivamente a Mazón y no implica el cierre de la causa para otras personas investigadas. Siguen siendo investigados, entre otros, Salomé Pradas y Emilio Argüeso, ambos responsables en materia de Justicia y Emergencias durante la gestión de la dana. El tribunal no ha decidido aún sobre la situación procesal de estos cargos y mantiene abiertas las pesquisas en el Juzgado de Instancia.

La decisión judicial llega en un contexto de fuerte debate público y presión social. En Valencia, miles de ciudadanos se manifestaron a comienzos de marzo reclamando responsabilidades penales por la gestión de la catástrofe. Esas protestas y la atención mediática han marcado el pulso político alrededor del caso, aunque el pronunciamiento del TSJCV atenúa, por ahora, la vía penal contra el expresident.

Desde el ámbito jurídico se apunta a que la resolución no cierra la puerta a futuras investigaciones si emergen nuevos elementos probatorios. Los magistrados recuerdan que la ausencia de indicios suficientes en esta fase no impide la reactivación de diligencias si aparecen testimonios o documentos relevantes. Así, la causa puede reabrirse o transformarse conforme avance la instrucción en Catarroja.

Para el entorno político de Mazón, el archivo respecto a su persona supone un alivio en términos judiciales, pero no borra el debate público sobre la gestión de la emergencia. Las distintas fuerzas políticas y grupos de víctimas mantienen demandas de aclaración sobre decisiones y responsabilidades administrativas. En el plano judicial, la atención se centra ahora en cómo evolucione la investigación contra los demás investigados y en la posible práctica de nuevas pruebas.

En definitiva, el TSJCV acuerda sobreseer la investigación penal contra el exconseller en lo que a su persona respecta por falta de base objetiva para atribuirle delito, pero deja la instrucción viva para otros implicados. El proceso continuará en las instancias inferiores, donde la práctica de testificales y la aportación de documentación podrán modificar el panorama probatorio en los próximos meses.