La tramitación administrativa del proyecto de la nueva autovía que unirá Vigo y O Porriño ha vuelto a ponerse en marcha este viernes, pero lo hace por el camino más cauteloso. El Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del trazado de la A-52, sistema que incluye un túnel de 4 kilómetros dentro de un corredor de 10 kilómetros y que cuenta con un presupuesto estimado de 390 millones de euros. El objetivo oficial es que la infraestructura pueda ofrecerse como alternativa a la actual A-55 en torno a 2030, aunque la elección del procedimiento ordinario alarga los plazos.
Tramitación: la vía ordinaria que retrasa plazos
La novedad formal se ha dejado ver en el portal de información pública, donde figura el expediente con número 20260044. Hasta aquí, nada fuera de lo esperado para un proyecto de esta envergadura; sin embargo, el detalle decisivo es que el ministerio ha descartado la Evaluación de Impacto Ambiental simplificada y ha optado por el procedimiento ordinario. Esa decisión no es neutra: según expertos en tramitación consultados, la diferencia entre ambas vías puede suponer entre seis y doce meses más de demora.
«Viendo eso, en condiciones normales y sin retrasos por esperar un informe, en unos 7 meses deberíamos saber algo»
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La cita corresponde a fuentes conocedoras de este tipo de expedientes. La elección de la vía ordinaria no es casual; fuentes del propio entorno del proyecto admiten que el criterio busca minimizar el riesgo de paralizaciones por recursos. El marco legal es permisivo: la Ley 21/2013 permite la vía simplificada en determinados supuestos de transformación de carreteras, pero cuando hay margen de interpretación—como ocurre en este caso—las administraciones suelen inclinarse por la opción menos litigiosa.
En la práctica, el procedimiento ordinario implica más amplios plazos para recibir alegaciones, emitir informes sectoriales y responder a posibles reclamaciones. Para los vecinos que ya presentaron protestas contra el proyecto inicial presentado en diciembre de 2024, la decisión del ministerio se lee como una maniobra de prudencia administrativa que, sin embargo, retrasa la materialización del soterramiento.
Un proyecto con historial y una siniestralidad que urge soluciones
La idea de enterrar parte del corredor entre Vigo y O Porriño no es nueva; lleva décadas en la agenda de la movilidad en la comarca. En diciembre de 2024, el Ministerio de Transportes presentó la opción de soterramiento más larga y calificó la carretera actual como «no competitiva» por su trazado y problemas de capacidad. El tramo propuesto pretende reemplazar la A-55 por Mos y, en particular, ofrecer una alternativa a las curvas de Tameiga, donde se concentran buena parte de los accidentes.
Las cifras hablan por sí solas: el pasado año se registraron 283 accidentes con daños personales o materiales en ese corredor, una media que representa, en palabras de varios técnicos, «un accidente cada 30 horas». Aunque esa cifra mejora frente a los 323 y los 297 accidentes de los años anteriores, el volumen de siniestros sigue siendo alarmante y es uno de los argumentos técnicos para impulsar la nueva autovía.
Los vecinos y asociaciones de la zona han mostrado una oposición significativa al trazado presentado en 2024, tanto por afecciones a suelos, viarios y paisaje como por dudas sobre emisiones y alternativas. No es la primera vez que proyectos viarios en Galicia encaran resistencia: la orografía, la densidad de poblaciones en el área metropolitana de Vigo y la sensibilidad ambiental del litoral y ríos convierten cualquier intervención en un foco de controversia.
Repercusiones, calendario y riesgos por delante
Si no hay sobresaltos, las fuentes estiman que en unos siete meses se deberían conocer las respuestas a las alegaciones presentadas y parte de las medidas correctoras que el Ministerio baraja adoptar. No obstante, la práctica administrativa y los precedentes recientes muestran que los plazos pueden estirarse: en proyectos energéticos y de infraestructuras ha sido habitual que declaraciones iniciales de impacto ambiental se revisen tras impugnaciones, obligando a reformular soluciones o ampliar estudios, como ocurrió en casos recientes de reorganización de instalaciones en espacios protegidos.
Para la ciudadanía y el comercio de Vigo y su entorno, la demora supone continuidad de una carretera que muchos consideran insegura y poco eficaz para el tráfico pesado que soporta el eje Vigo-Tui. Para las administraciones locales, en cambio, la elección del procedimiento ordinario es una apuesta por la estabilidad jurídica: prefieren un trámite más largo que evitar recursos que paralicen la obra una vez adjudicada. El equilibrio entre agilidad y seguridad jurídica es el nudo gordiano que, de momento, gana la cautela.
Quedan por delante varios hitos: la recepción y exposición pública del expediente, la incorporación de informes sectoriales (medioambientales, hidráulicos y patrimoniales), la evaluación de alternativas y, eventualmente, la declaración de impacto ambiental. Cada uno de esos pasos abre la puerta a alegaciones y a nuevas réplicas que determinarán el calendario real de la obra.
En la Galiza de las últimas décadas, proyectos de conectividad han caminado entre la urgencia de modernizar infraestructuras y la necesidad de proteger paisajes y núcleos urbanos. Este túnel, con su presupuesto de 390 millones de euros y su tramo soterrado de 4 kilómetros, concentra ambas tensiones. Queda por ver si la prudencia administrativa terminará por acercar la obra a 2030, como prevén los planes, o si los plazos se dilatarán otra vez, repitiendo una vieja tradición de promesas demoradas en la comarca del Vigo metropolitano y sus contornos.
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