El Parlamento Europeo celebrará este jueves en Estrasburgo un debate urgente sobre la seguridad ferroviaria tras el accidente de Adamuz, ocurrido en enero y que se saldó con 46 víctimas mortales. La sesión abordará quién debe rendir cuentas por el estado de las infraestructuras y cómo se deben emplear los fondos comunitarios destinados a su renovación. Además de la tragedia española, la discusión tomará en consideración siniestros previos, como el de Tempi en Grecia, para extraer lecciones que eviten nuevas catástrofes. Está prevista la intervención del comisario de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, que deberá explicar la posición de la Comisión sobre fiscalización y seguridad.

Uno de los ejes del debate lo marca el Partido Popular Europeo, que ha pedido explicaciones sobre la gestión de las ayudas otorgadas a la infraestructura donde se produjo el descarrilamiento. El grupo ha reclamado auditorías sobre los contratos y la ejecución de obras financiadas con fondos comunitarios, en particular los 111 millones de euros que, según sus denuncias, recibió Adif para la renovación integral de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Asimismo, el PPE recuerda la existencia de un préstamo cercano a los 90 millones del Banco Europeo de Inversiones destinado al mismo proyecto y exige claridades sobre su destino.

Los eurodiputados que tomarán la palabra por el PPE son Borja Giménez y Juan Ignacio Zoido, quienes centrarán sus intervenciones en la fiscalización y en las supuestas irregularidades en la gestión de la fase de obras y mantenimiento. El grupo ha enviado dos cartas, una a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) y otra al propio comisario Tzitzikostas, para denunciar la retirada no autorizada de material y restos de carril en el lugar del accidente, hechos que según sus alegaciones podrían entorpecer la investigación. La formación también pone en relación estas fallas con la gestión política previa del Ministerio de Transportes.

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Frente a esas críticas, los socialistas europeos han defendido la actuación del Gobierno español en los días posteriores al siniestro y reclamarán en el pleno que la actuación oficial se ha basado en la atención a las víctimas y la transparencia de la investigación. En representación del grupo intervendrán diputadas del PSOE europeo que, según fuentes del partido, subrayarán el compromiso con la investigación independiente y con las medidas para mejorar la seguridad. La discusión mostrará el choque entre exigencias de responsabilidades y la petición de garantías de que no se entorpecerán las pesquisas judiciales y técnicas.

La polémica se ha nutrido también de informaciones sobre la conducta de personal del administrador ferroviario tras el accidente: responsables de Adif han sido acusados de retirar restos y material de la zona sin autorización, una circunstancia que ha motivado la petición de explicaciones en Estrasburgo. Estas alegaciones intensifican las demandas de una investigación exhaustiva y de mecanismos de control más fuertes sobre cómo se invierten los fondos europeos en infraestructuras críticas. La comisión de investigación que se reclame en la Eurocámara podría solicitar documentación y auditar expedientes en colaboración con autoridades nacionales.

El desfile de ejemplos trágicos, como el de Tempi en 2023 que causó 57 muertos, sirve de recordatorio para muchos eurodiputados sobre las consecuencias de descuidos prolongados en redes ferroviarias. La UE afronta el reto de conjugar la aceleración de la transición hacia modos de transporte más sostenibles con la imperiosa necesidad de asegurar que la red existente reúne los estándares de mantenimiento y modernización. En ese sentido, la sesión aspira a establecer recomendaciones concretas sobre inspecciones, certificaciones y criterios de adjudicación de obras sufragadas con fondos comunitarios.

Más allá de la discusión política, las familias de las víctimas y las comunidades afectadas por Adamuz reclaman respuestas claras y rápidas sobre las causas y responsabilidades del accidente, así como garantías de que no se repetirá. La presión pública y mediática ha elevado el debate al ámbito europeo, lo que añade peso a las peticiones de reforma de protocolos y de mayor coordinación entre autoridades nacionales y organismos comunitarios. Organizaciones de víctimas y asociaciones de seguridad ferroviaria seguirán de cerca el resultado del pleno.

El resultado del debate en Estrasburgo puede marcar el inicio de nuevas exigencias de transparencia y control sobre la utilización de fondos y la planificación de infraestructuras en la Unión Europea. Los planteamientos que surjan en el pleno, si se traducen en dictámenes o recomendaciones, podrían obligar a reforzar la supervisión de proyectos financiados con fondos europeos y a revisar los mecanismos de intervención en casos de urgencia. Mientras tanto, la investigación sobre Adamuz continúa abierta en España y la exigencia de esclarecimiento permanece como reclamo principal en el hemiciclo europeo.