Del debate migratorio al debate productivo
Durante años, la conversación sobre inmigración en Galicia se movió entre dos polos: el humanitario y el administrativo. Hoy, sin embargo, hay un tercer eje que gana peso: la economía real. En una comunidad con envejecimiento acelerado, jubilaciones al alza y dificultades para cubrir puestos básicos, la regularización por arraigo está dejando de verse como un trámite excepcional para convertirse en una herramienta de estabilidad laboral.
Ese cambio de mirada no es menor. Cuando una persona pasa de la informalidad a cotizar, no solo mejora su situación jurídica: también aumenta la recaudación, afloran empleos ocultos y se reduce la competencia desleal entre empresas. En ese sentido, el crecimiento de afiliación vinculada a permisos por arraigo en Galicia —un 66% más— señala algo más profundo que una cifra: revela que el mercado de trabajo está absorbiendo mano de obra que ya estaba aquí, pero en condiciones más frágiles.
“La cuestión ya no es si esta vía existe, sino si se gestiona con rapidez y con garantías para responder a necesidades estructurales”, resume un responsable municipal del área social.
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Qué dicen los números y por qué importan
El volumen supera las 8.200 personas cotizantes con este tipo de autorización en Galicia, un umbral que obliga a leer el fenómeno en clave sistémica. No se trata de casos aislados ni de una dinámica puntual. Es un flujo sostenido que impacta en actividades donde la falta de personal se ha convertido en un problema crónico.
Los sectores que más altas concentran son hostelería, empleo en hogares y construcción. No sorprende: son ámbitos con alta rotación, horarios exigentes y dificultades históricas para retener plantilla. Pero sí hay un dato relevante para desmontar prejuicios: una mayoría significativa trabaja con contratos estables, en torno al 63% de los casos. Esto cuestiona la idea de que la regularización solo alimenta empleo temporal o de baja calidad contractual.
También hay un mensaje para quienes analizan la productividad gallega: cuando una parte del empleo se formaliza, el tejido empresarial gana previsibilidad. Se reduce la incertidumbre legal en las contrataciones, mejoran los controles laborales y se crean incentivos para invertir en formación. El arraigo, bien aplicado, no solo “ordena papeles”; ayuda a ordenar mercados.
Formalizar trabajo es fortalecer servicios públicos
El efecto económico no termina en la empresa. Cada nueva cotización implica aportaciones a la Seguridad Social, financiación indirecta de sanidad y pensiones, y mayor capacidad estadística para diseñar políticas públicas. En una comunidad con fuerte presión demográfica, esta dimensión es decisiva.
El debate de fondo debería formularse así: ¿puede Galicia sostener su modelo social sin incorporar plenamente a quienes ya participan de su economía cotidiana? La respuesta parece evidente. Mantener bolsas amplias de empleo irregular no protege a nadie; al contrario, deteriora derechos laborales, reduce ingresos públicos y empeora la calidad de los servicios.
“Cuando una cuidadora, un camarero o un peón de obra pasan a la economía formal, ganan ellos, gana la empresa y gana el sistema”, apunta una fuente judicial con experiencia en procedimientos de extranjería.
Eso no significa ignorar los riesgos. La regularización, por sí sola, no corrige salarios bajos ni acceso precario a vivienda. Si se pretende que sea una política de país y no una salida de urgencia, debe ir acompañada de inspección laboral, orientación jurídica, aprendizaje del idioma cuando sea necesario y coordinación entre administraciones.
Retos pendientes: burocracia, integración y narrativa pública
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