La subida repentina del precio de los combustibles, vinculada a la reciente intensificación del conflicto en Oriente Próximo, se ha plasmado en Galicia en compras masivas de gasóleo para calefacción, estaciones con el litro por encima de 2 euros y un encarecimiento que golpea con especial dureza al sector primario y al transporte. Los efectos, visibles desde finales de febrero, ponen en marcha tanto medidas administrativas como demandas del campo y la pesca para frenar el impacto.

Acopio, abastecimiento y variaciones de precio: cifras que alarman

El inicio de la escalada se sitúa en torno al día 28 de febrero, cuando el precio medio del gasóleo tipo A en Galicia se situaba en alrededor de 1,46 euros por litro. En apenas dos semanas esa media se disparó cerca de un 30%, hasta rondar los 1,85 euros a finales de la última semana.

En el terreno, la subida no ha sido homogénea: hay gasolineras, especialmente en la provincia de A Coruña, donde el gasóleo ya supera los 2 euros por litro y se han detectado picos de hasta 2,15 euros en puntos concretos de Lugo. El resultado ha sido un movimiento de clientes —particulares y empresas— que, ante la incertidumbre, llenaron depósitos y generaron un «acopio» extraordinario en los primeros días del conflicto.

Empresas suministradoras consultadas confirman la presión sobre la demanda. Según Ramón Rodríguez, director financiero de Grupo Valdés, “la primera semana tras el ataque a Irán fue de locos: no dábamos casi atendido los pedidos”.

“La primera semana tras el ataque a Irán fue de locos: no dábamos casi atendido los pedidos.” — Ramón Rodríguez

Los incrementos diarios llegaron a ser relevantes: Rodríguez relata subidas «de 10 céntimos por día» en los primeros días. En el caso del gasóleo de calefacción, que antes de finales de febrero se vendía en torno a 0,90 euros el litro, ahora se encuentra «casi en 1,50 euros«, una variación de más del 50%. A pesar de la tensión, los suministradores consultados no alertan, por el momento, de problemas de abastecimiento generalizados: «gasóleo sobra», según fuentes del sector.

• Precio medio gasóleo A (28 feb): 1,46 €/l
• Precio medio dos semanas después: 1,85 €/l (≈ +30%)
• Picos detectados: hasta 2,15 €/l en puntos de Lugo
• Gasóleo de calefacción: de 0,90 €/l a casi 1,50 €/l (≈ +50%)
• Gasolineras en España vigiladas por la CNMC: 12.000

El campo, la pesca y el transporte piden medidas urgentes

Los efectos de esta nueva subida trascienden el surtidor y se concentran con especial intensidad en el sector primario gallego. Organizaciones agrarias y de la pesca han reclamado medidas extraordinarias ante la presión sobre los costes de explotación: desde tractores y plantaciones hasta la flota del puerto de Vigo, donde la Cooperativa de Armadores (ARVI) advierte de que la actividad puede volverse «inviable» si los precios se mantienen en niveles comparables a la crisis energética de 2022.

Unións Agrarias ha anunciado una reclamación ante la CNMC por presunta concertación de precios en las distribuidoras, tras subidas de más del 20% en el gasóleo agrícola y niveles cercanos a 1,5 €/l. Desde el transporte por carretera, la Asociación Empresarial de Transportes de Mercancías por Carretera de Galicia (Apetamcor) reclama la reactivación de una bonificación similar a la aplicada en marzo de 2022, para mitigar la incertidumbre y proteger la viabilidad económica de muchas empresas.

La respuesta administrativa llega en varias direcciones: por un lado, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha señalado que la CNMC está supervisando la evolución de precios en las 12.000 gasolineras del país. Por otro, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, anunció que el Gobierno prepara un real decreto ley con medidas fiscales para contener los precios de la energía y ayudas específicas para el campo y el transporte por carretera.

Entre la volatilidad internacional y la presión local: claves para una respuesta eficaz

La reciente subida combina factores externos e internos. En la esfera internacional, cualquier episodio de tensión en regiones con peso en la producción de hidrocarburos tiende a aumentar la volatilidad del crudo y las primas de riesgo, lo que se traslada con rapidez a los precios mayoristas. En el plano doméstico, los márgenes de distribución y la reacción de la demanda —acopios preventivos que aumentan la presión en momentos puntuales— pueden amplificar las variaciones.

Organizaciones de consumidores han acusado a varias estaciones de inflar márgenes aprovechando la volatilidad. Facua ha pedido intervención gubernamental frente a lo que considera comportamientos especulativos. La conjunción de supervisión (CNMC), medidas fiscales y ayudas directas a los sectores más afectados parece, por ahora, la hoja de ruta preferida por el Ejecutivo, aunque la efectividad dependerá de la rapidez y del diseño de las ayudas.

Para evitar impactos sociales y económicos mayores, los expertos recomiendan medidas combinadas: transparencia en la formación de precios, controles temporales sobre márgenes cuando existan indicios de prácticas colusorias, y ayudas focalizadas —no generalizadas— para que las flotas pesqueras, las explotaciones agrícolas familiares y las empresas de transporte mantengan su actividad hasta que las tensiones internacionales se normalicen.

En el ámbito doméstico, la estabilización de la demanda ya muestra signos de normalización: proveedores como Grupo Valdés apuntan a una caída del «efecto acopio» tras la primera semana. Pero la gran incógnita es la duración de la presión sobre los mercados energéticos y hasta cuándo permanecerán elevados los costes para hogares y empresas.

Si la experiencia de 2022 sirve de guía, la combinación de vigilancia regulatoria, medidas fiscales temporales y apoyos sectoriales podrá amortiguar el golpe, pero exigirá decisiones ágiles y comunicación clara para evitar nuevas oleadas de compras preventivas y para que el coste de la energía no se convierta en un freno prolongado para la economía gallega.