En pleno conflicto ambiental, el gobierno municipal de Santiago ha decidido elevar la presión política sobre la Administración autonómica. BNG y Compostela Aberta, socios en el bipartito local, han presentado una moción de urgencia para que la Xunta active de forma inmediata el procedimiento que permita la retirada de los residuos acumulados en la antigua cantera de Miramontes, en la parroquia de Grixoa, y garantice la restauración ambiental de la zona.

La moción y la reacción vecinal

La iniciativa municipal llega tras la confirmación de una sentencia firme de la Audiencia Provincial de A Coruña que condena a Tecnosolos Galaicos por un delito contra el medio ambiente. La resolución judicial concluye que la empresa superó los límites de capacidad autorizados, almacenó residuos en zonas no habilitadas y generó lixiviados y vertidos sin tratamiento adecuado, con afectación del suelo y las aguas.

BNG y Compostela Aberta presentarán la moción en el próximo pleno con carácter de urgencia para reclamar a la Xunta un calendario público con plazos concretos, transparencia sobre la situación real de la cantera y garantías técnicas que eviten nuevos impactos durante las labores de retirada y restauración. Según el texto conjunto, “resulta inaceptable que no se dé una solución ambiental definitiva a la cantera de Miramontes de manera urgente”, una formulación que marca la voluntad de buscar respaldo del conjunto de la corporación municipal.

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La movilización tiene, además, un fuerte componente vecinal. La Plataforma de Afectados pola Canteira de Miramontes y la Federación de Asociacións do Rural de Santiago (Ferusa) llevan años denunciando la acumulación de materiales y los riesgos asociados. Para los vecinos, la sentencia supone una vindicación de su lucha. “Esto da por confirmado lo que nosotros sospechábamos desde el principio”, decía su portavoz, Santiago López, a la vez que criticaba la respuesta autonómica durante la actividad de la empresa.

“La Xunta decía que era una empresa ejemplar, y tuvimos que demostrar que las inspecciones no eran reales”.

Antecedentes, actuaciones municipales y grietas en el control

El Concello de Santiago reivindica en la moción su papel activo desde los primeros pasos del conflicto: apertura de expedientes, estudios de calidad de agua y aire, inspecciones sobre el terreno y el traslado del caso a la Fiscalía ante indicios de irregularidades. El gobierno local incluso declaró la actividad como no legalizada a nivel municipal ante la falta de título habilitante, una medida que buscaba presionar para frenar la operación en la cantera.

Cabe recordar que este caso no surge de la nada: en Galicia ha sido habitual el pulso entre administraciones por vertederos y explotaciones extractivas que acaban generando problemas ambientales en áreas rurales. No es la primera vez que vecinos, concellos y administraciones autonómicas se acusan mutuamente de falta de diligencia. En Miramontes, según fuentes cercanas a las actuaciones, las primeras señales de alarma llegaron años atrás, cuando aparecieron escorrentías y manchas en cursos de agua próximos.

La sentencia recoge además hechos técnicos que explican el alcance del problema: almacenamiento de residuos fuera de las zonas autorizadas, capacidad superada y generación de lixiviados sin tratamiento. Estas circunstancias obligan ahora a plantear no solo sanciones penales y administrativas contra la empresa, sino la intervención directa en el terreno para garantizar la salud pública y la integridad de los ecosistemas locales.

“Continuará llevando a cabo las actuaciones pertinentes para garantizar el estricto cumplimiento de la normativa aplicable y la protección del medio ambiente”, ha manifestado la Consellería de Medio Ambiente, que a su vez sostiene que la sentencia no cuestiona su gestión en el caso.

Repercusiones, responsabilidades y próximos pasos

La moción exige a la Xunta que deje de ampararse en los procedimientos sancionadores —que ya se han seguido— y pase a la fase operativa: diseño de un plan de retirada, contratación de los trabajos necesarios con garantías técnicas, control riguroso durante el desmantelamiento y restauración posterior del paisaje. En la práctica, esto plantea preguntas no menores: quién asumirá el coste de la remediación si la empresa condenada no puede hacerlo, cuál será la fórmula de contratación y qué plazos se establecen para reducir al mínimo el riesgo de nuevos vertidos.

Jurídicamente, la condena penal puede ser una vía para exigir responsabilidades patrimoniales, pero la ejecución concreta de la retirada recae de facto en la Administración que asuma la coordinación. Desde San Caetano se recuerdan las potestades de control e inspección, y la Consellería hace hincapié en los expedientes y sanciones ya incoados; aun así, los colectivos afectados y el gobierno municipal consideran que ha faltado una respuesta contundente y rápida. La tensión entre control sancionador y acción restauradora vuelve a situarse en primer plano.

Políticamente, el caso también supone una prueba de fuego para el bipartito compostelano. Llevar la iniciativa de forma conjunta les permite marcar la agenda y forzar a la corporación a posicionarse. En el terreno, la población de Grixoa y los núcleos rurales cercanos esperan concreciones: calendarios, equipos técnicos responsables y medidas de protección de acuíferos y huertas que pueden haber recibido contaminantes.

Mirando hacia adelante, la urgencia anunciada por los grupos municipales obliga a que la respuesta no sea solo retórica. Los próximos meses determinarán si la sentencia firme se traduce en actuaciones reales sobre el terreno o si la zona de Miramontes queda condenada a un limbo administrativo que prolongue décadas de incertidumbre. Para muchos vecinos, la retirada de los residuos y la restauración paisajística no son solo una cuestión técnica, sino una reparación simbólica y práctica de la relación entre Santiago y su entorno rural.

En definitiva, Miramontes se ha convertido en otro episodio que expone las carencias de un modelo de gobernanza ambiental que debe conjugar sanción, prevención y reparación. La Xunta tiene ahora la decisión en su mano: actuar para que la sentencia no quede en papel y que los caminos de Grixoa vuelvan a ser, como antes, lugares sin manchas en el agua ni temor por la salud de los vecinos.