El pleno del Congreso aprobó este miércoles una moción en la que reclama al Ejecutivo que renuncie «con carácter inmediato» al proyecto de regularización anunciado en enero y que dé cumplimiento «de manera efectiva» a las órdenes de retorno pendientes. La iniciativa, impulsada por el PP y respaldada por Vox, Junts y UPN, no tiene carácter vinculante pero evidencia la consolidación de una alianza parlamentaria alternativa al bloque que sostiene al Gobierno.

La moción y los apoyos: quién dijo qué

La propuesta aprobada por la Cámara Baja culpa al Ejecutivo de presentar un proyecto normativo —vía reglamento— que, a juicio del PP, carece de requisitos y contraviene los objetivos del Pacto Europeo de Migración y Asilo. En concreto, el texto exige la paralización de la medida anunciada en enero, que afectaría a «cerca de 500.000» personas en situación irregular, y reclama la ejecución de las expulsiones y la revisión de acuerdos con terceros países para garantizar los retornos.

La votación mostró la peculiar sintonía entre formaciones que habitualmente se encuentran en extremos opuestos del tablero político. Mientras el PP llevó la redacción principal, Vox introdujo enmiendas para endurecer los requisitos para obtener el permiso de residencia de larga duración y propuso medidas de remigración para quienes, según su criterio, vivan de las ayudas públicas. Por su parte, Junts mostró un enfoque más cauteloso: su reproche no fue tanto sobre el fondo como sobre la ausencia de una evaluación previa de impactos y sobre la existencia de mecanismos ordinarios para abordar la regularización; además, planteó la transferencia de competencias en materia migratoria a la Generalitat, una reclamación inviable para el PP.

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En el texto de la moción figura una crítica nítida al mensaje que, a su juicio, transmite la posible medida: «la irregularidad termina teniendo recompensa». El escrito también subraya la necesidad de «la expulsión de extranjeros ante la comisión de delitos graves o reincidentes», argumento que ha vuelto a situar la seguridad como eje central del debate político sobre migración.

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a renunciar con carácter inmediato al proyecto normativo de regularización masiva que carece de requisitos, por ir en contra de los principios europeos y de los objetivos fijados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo»

Contexto político y antecedentes

Que el Gobierno planteara la regularización por la vía reglamentaria y no por ley fue una decisión calculada: así se pretende acelerar un proceso sin depender del calendario parlamentario. Sin embargo, la estrategia se encontró con la réplica inmediata de la oposición y con la movilización de discursos que han venido marcando la agenda desde hace meses: control de fronteras, cumplimiento de expulsiones y exigencia de garantías sobre la gestión de la inmigración.

La iniciativa en el Congreso coincide con otra batalla normativa en el Senado, donde la Cámara alta aprobó una ley contra la multirreincidencia con una enmienda del PP que exige, para esta y futuras regularizaciones, que los solicitantes presenten un certificado oficial de antecedentes penales de todos los países en los que hayan residido. El Ejecutivo, por su parte, defendió que en caso de no poder aportar ese certificado un sistema de declaración responsable podría ser suficiente, una fórmula que PP y conservadores tildan de insuficiente.

En el plano europeo, Madrid tiene margen, pero también límites. El Pacto de la UE fija principios y espacios de coordinación entre estados miembros, y la Comisión vigila el respeto a los derechos fundamentales en los procesos de regularización. Además, la eficacia práctica de las órdenes de retorno depende de acuerdos de readmisión con terceros países, capacidad operativa y recursos administrativos, cosas que no se solventan con una simple exhortación parlamentaria.

Repercusiones y próximos pasos

Para la práctica cotidiana en comunidades como las gallegas, la tensión entre paralización y regularización trae implicaciones concretas. Galicia, con un envejecimiento poblacional pronunciado y sectores que dependen de mano de obra migrante —agricultura estacional, acuicultura, cuidados domiciliarios y hostelería—, ha visto en los últimos años cómo la llegada de trabajadores extranjeros alivió vacíos laborales. A falta de una política clara, empresarios del campo coruñés y de la ría de Vigo temen que la inestabilidad normativa dificulte la planificación de campañas y servicios esenciales durante la temporada alta.

La moción del Congreso plantea además un escenario de mayor judicialización. Si el Ejecutivo decide seguir adelante con la regulación por real decreto o normativa reglamentaria, es previsible que la oposición recurra a recursos y a la presión mediática. No es la primera vez que decisiones de este tipo desembocan en contenciosos ante tribunales y en llamados de organizaciones sociales y sindicatos para garantizar derechos básicos.

Desde el Gobierno, responsables próximos al dossier han subrayado que la medida anunciada en enero buscaba responder a realidades del mercado laboral y dar seguridad jurídica a un colectivo que en muchos casos lleva años integrado. A pesar de ello, el peso simbólico de una moción aprobada por la mayoría del bloque de la derecha complica el relato político y añade presión sobre el Ejecutivo en la negociación con la Unión Europea y con socios internacionales para facilitar readmisiones y cooperación.

Mirando hacia adelante, todo dependerá de la decisión que adopte el Ejecutivo: acatar la moción implicaría renunciar a una herramienta que considera necesaria para ordenar la situación de cientos de miles de personas; desoírla intensificaría la confrontación parlamentaria y podría traducirse en nuevas iniciativas legislativas por parte de la oposición. En Galicia, como en el resto del país, la pregunta que queda sobre la mesa es si la política migratoria será fruto de consensos amplios o del enfrentamiento partidista.

La disputa sobre la regularización ilumina una tensión más profunda: la de cómo compatibilizar control de fronteras y cumplimiento de la ley con la necesidad económica y humanitaria de integrar a personas que ya forman parte de comunidades locales. En un país que pierde población y envejece, esa ecuación no admite soluciones fáciles, y la politización creciente del tema augura meses de debate duro en el Congreso, en el Senado y en la calle.