Marisol Morandeira, alcaldesa de Guitiriz, vuelve a situarse en el foco público tras la ampliación de la denuncia presentada por el grupo municipal del PP. Los populares sostienen que existe una incompatibilidad entre la asistencia que figura en el acta de una junta de gobierno local y la presencia física de la regidora en un acto institucional celebrado fuera de Galicia el mismo día, el 4 de febrero. La querella, que añade presuntas irregularidades documentales a la acusación inicial, ya ha sido registrada ante el juzgado de guardia.

Los hechos y la ampliación de la denuncia

En una comparecencia en la que participaron dirigentes del PP local y de la provincia, el portavoz municipal, José Manuel López Rodríguez, explicó que la ampliación de la denuncia se basa en un acta municipal cuya veracidad pone en tela de juicio la formación popular. Según explicó López, el documento refleja la asistencia y presidencia de la sesión por parte de la alcaldesa, pero existen pruebas de que esa misma mañana la titular del Concello se desplazó a un compromiso institucional fuera de la comunidad autónoma.

La distancia entre ambos escenarios, recuerdan en el PP, no es baladí: se trata de dos localizaciones separadas por centenares de kilómetros, lo que, a ojos de los demandantes, hace difícilmente compatible su simultaneidad. Además, el acta denunciada —siempre según la versión popular— carece de los elementos habituales cuando una junta se celebra por vía telemática: no aparece el sistema utilizado, no hay acreditación de identidad de los participantes, ni constan incidencias técnicas ni otra documentación que avale una sesión no presencial.

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«La documentación municipal revela hechos que podrían incurrir nuevamente en presunta falsedad documental; la coincidencia temporal entre actos resulta difícilmente compatible», señaló López Rodríguez durante la rueda de prensa.

El PP añade que la normativa que regula las juntas de gobierno limita la celebración telemática a supuestos excepcionales y exige garantías formales. Por eso reclama que, si la sesión fue virtual, se aporte el expediente completo que justifique cómo se cumplimentaron esos requisitos; si no, la actuación sería, según su criterio, una irregularidad susceptible de consecuencias penales y administrativas.

Antecedentes y contexto local

No es la primera vez que la figura de la alcaldesa de Guitiriz aparece cuestionada por la oposición. Cabe recordar que en febrero el mismo partido ya presentó una denuncia por firmar presuntas asistencias a dos actos simultáneos en lugares distintos. Aquella denuncia abrió la primera vía de conflicto político en un municipio pequeño, donde los desplazamientos y el cobro de dietas por asistencias son un asunto que no pasa desapercibido entre la ciudadanía.

La controversia ocurre en un contexto de sensibilidad local sobre la gestión de recursos municipales en comarcas como Terra Chá, donde los presupuestos son ajustados y la transparencia en el uso de dietas y desplazamientos es tema recurrente en los plenos. Además, la existencia de actas y documentos oficiales en soporte electrónico ha puesto el foco en las garantías técnicas y administrativas exigidas por la ley para validar acuerdos adoptados fuera del salón de plenos.

En las últimas semanas, además de la denuncia del PP, otras formaciones políticas del Concello han pedido explicaciones públicas sobre el cobro de dietas por parte de la alcaldía en fechas coincidentes con viajes institucionales, lo que ha añadido presión política a un caso que tiene una clara deriva judicial.

Repercusión judicial y peticiones al juzgado

Los populares han solicitado al juzgado la práctica de diligencias orientadas a esclarecer cómo y en qué condiciones se celebró la junta de gobierno: requieren el expediente íntegro de la sesión, la remisión de los documentos electrónicos originales y un informe del secretario municipal sobre las circunstancias reales de la convocatoria. También piden que se investigue si en los documentos oficiales se pudo haber incluido la firma o la presencia de la alcaldesa sin su efectiva participación.

A nivel penal, las acusaciones que figura la ampliación de denuncia —falsedad documental y prevaricación— no son meramente retóricas. La falsedad documental exige acreditar la inserción de datos falsos en un documento público o privado con relevancia jurídica; la prevaricación, por su parte, implica la emisión de una resolución u omisión intencionada que causa un perjuicio o beneficia indebidamente a alguien. La carga probatoria corresponde ahora a la acusación, y será el juez quien determine si existen indicios suficientes para abrir instrucción.

Mientras se tramitan las actuaciones, en Guitiriz crece la expectación. La oposición exige transparencia y la presentación de justificantes, y algunos vecinos cuestionan la gestión municipal al tiempo que otros piden prudencia hasta que la administración de justicia se pronuncie. A falta de confirmación oficial por parte del equipo de gobierno sobre los extremos concretos de la denuncia, la alcaldesa mantiene su actividad institucional, aunque el episodio ha enconado el debate político local.

De prosperar las diligencias solicitadas, el caso podría prolongarse en el tiempo y abrir nuevas investigaciones sobre cómo se registran y certifican las sesiones telemáticas o la firma de actas en municipios con limitados recursos técnicos. Para la política local, la atención mediática y judicial sobre un asunto de este tipo subraya una lección recurrente: en ayuntamientos pequeños, la gestión de lo cotidiano —dietas, actas, viajes— se transforma con facilidad en un tema de responsabilidad pública y control ciudadano. La resolución judicial marcará el siguiente capítulo, pero la polémica ya ha dejado huella en el pulso político de Guitiriz.