Los médicos de A Coruña están afectados por dos frentes de protesta que coinciden en marzo y complican la atención sanitaria: una huelga estatal convocada del 16 al 20 de marzo por el conflicto del Estatuto Marco y una huelga indefinida iniciada el 2 de marzo en Galicia por la limitación de agendas impulsada por el sindicato O’Mega. Ambos conflictos se solapan en centros de salud y hospitales del área coruñesa, provocando cancelaciones y reprogramaciones masivas. Las movilizaciones nacen, por un lado, de la reclamación de los facultativos de un estatuto propio y, por otro, de la denuncia de sobrecarga asistencial en Atención Primaria. La coincidencia de las convocatorias convierte a marzo en el mes con mayor impacto desde el comienzo de las protestas.

El conflicto estatal arrancó en diciembre con una convocatoria de médicos de Atención Primaria y especialistas contra el Estatuto Marco promovido por el Ministerio de Sanidad, que, según los profesionales, no reconoce las singularidades de su colectivo. Tras la primera protesta se acordó repetir paros periódicos hasta alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo central, por lo que están previstas nuevas jornadas en abril, mayo y junio si no hay avances. En marzo, la semana contemplada para la huelga estatal es del 16 al 20, un periodo que añadirá presión sobre las agendas y los servicios ya tensionados.

En paralelo, el conflicto autonómico en Galicia se remonta a noviembre, cuando los médicos de Atención Primaria comenzaron a exigir límites en las agendas y medidas para reducir la carga asistencial. Varias organizaciones sindicales alcanzaron en noviembre un acuerdo con la Consellería de Sanidade, pero la ruptura llegó cuando O’Mega decidió iniciar el 2 de marzo una huelga indefinida por lo que calificó de “falta de diálogo” por parte del departamento autonómico. Esa continuidad en la protesta institucionaliza una tensión que se ha transmitido a la actividad diaria de centros y hospitales.

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El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha señalado públicamente que O’Mega no habría cumplido “las condiciones básicas” necesarias para negociar y ha advertido de que imponer un límite estricto a las agendas no resolvería por sí solo los problemas estructurales del sistema. Desde la Consellería se defienden las gestiones abiertas para buscar soluciones, pero la posición oficial choca con la insistencia del sindicato en que la sobrecarga exige medidas inmediatas. Esa falta de sintonía ha hecho que el conflicto escale y se mantenga sin una salida clara a corto plazo.

Las consecuencias ya son palpables en el área de A Coruña: desde diciembre se han visto afectados más de 15.000 procesos asistenciales, según las cifras difundidas por representantes sanitarios, y aunque la mayoría han sido reprogramados la acumulación de citas pendientes pesa sobre el calendario. Además, los médicos han suspendido la actividad voluntaria en hospitales, lo que ha aumentado las cancelaciones en consultas y pruebas diagnósticas. Pacientes y usuarios se encuentran con espera para revisiones, listas de espera más largas y la incertidumbre sobre nuevas citas.

Para los ciudadanos resulta difícil saber qué servicios estarán disponibles en cada jornada de protesta y cuándo se restablecerá la atención habitual, una situación que genera confusión y malestar. Los centros sanitarios intentan priorizar urgencias y casos críticos, mientras reprograman las consultas ordinarias, pero la capacidad de respuesta depende de la evolución de las movilizaciones. Muchos enfermos crónicos y personas con citas programadas han recibido notificaciones de aplazamiento, y los equipos administrativos trabajan en la reasignación de turnos.

Los sindicatos que participan en las protestas exigen, por un lado, un estatuto propio para los médicos que equipare condiciones y reconozca particularidades profesionales; por otro, piden medidas concretas para controlar las agendas y reducir la sobrecarga en Atención Primaria. La Consellería y el Ministerio sostienen que existen vías de diálogo abiertas, aunque admiten la complejidad de conciliar demandas laborales con la gestión de un sistema sanitario sometido a tensiones presupuestarias y organizativas. Hasta ahora, las conversaciones no han logrado frenar la escalada de paros.

Ante la previsión de nuevas jornadas de protesta en abril (del 27 al 30), mayo (del 18 al 22) y junio (del 15 al 19) a nivel estatal, y la continuidad indefinida de la protesta autonómica, las administraciones y sindicatos deberán negociar con urgencia para evitar que la atención sanitaria sufra más deterioro. La acumulación de convocatorias multiplica el riesgo de que se repitan cancelaciones y desaliente la conciliación de agendas para pruebas y consultas pendientes. El calendario de movilizaciones sitúa a los profesionales y a la ciudadanía en un escenario de incertidumbre sostenida.

Mientras duren las movilizaciones, la recomendación para los pacientes es mantenerse informados a través de los canales oficiales del Sergas y de los centros de salud, y contactar directamente con los servicios para confirmar citas o conocer alternativas. Los gestores sanitarios aseguran que priorizan la atención urgente y que intentan minimizar el impacto sobre los procesos críticos, pero reconocen que la resolución del conflicto pasa por acuerdos a nivel tanto autonómico como estatal. La resolución, por ahora, sigue sin fecha cerrada.