El PSOE ha presentado en el Congreso una proposición de ley para bajar los umbrales de exceso de velocidad que separan la sanción administrativa del delito, de modo que conductas que hoy se multan pasen a juzgarse penalmente. La iniciativa, registrada en febrero y ahora en fase de tramitación parlamentaria, afecta a vías urbanas e interurbanas y busca endurecer las consecuencias por razones de seguridad vial. El objetivo declarado es reducir la impunidad ante grandes excesos de velocidad que, según los proponentes, siguen causando muertes y lesiones graves en las carreteras españolas.

La reforma plantea modificar el artículo 379.1 del Código Penal para que el margen por encima del límite que convierte la conducta en delito se reduzca en una decena de kilómetros por hora. Actualmente, el umbral está fijado en 60 km/h por encima del límite en ciudad y 80 km/h en carretera; la proposición propone bajar esas cifras a 50 km/h y 70 km/h, respectivamente. Si prospera el cambio, una tasa de velocidad muy superior al permitido dejaria de resolverse administrativamente y daría lugar a una causa penal.

En términos prácticos, la iniciativa sitúa ejemplos concretos que afectan a Galicia: alcanzar 80 km/h en la Avenida de Lugo, donde hay zonas limitadas a 30 km/h, o circular a 100 km/h por una travesía cuyo límite es 50 km/h en municipios del área metropolitana como Ames o Teo, pasarían a ser delitos. Igualmente, rebasar los 190 km/h en tramos de autopista como la AP-9 o la A-6 quedaría dentro del nuevo umbral de conducta penalizada. Los promotores insisten en que se trata de casos de riesgo extremo y no de pequeñas infracciones puntuales.

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Hoy por hoy, estos excesos suelen sancionarse con una multa de 600 euros y la retirada de seis puntos del carné, una vía administrativa que permite resolver los hechos con rapidez. Bajo la propuesta del PSOE, el proceso judicial podrá concluir en sanciones diversas: multas penales, trabajos en beneficio de la comunidad y, en los casos más graves, penas de prisión. Sea cual sea la condena, el conductor condenado no podría volver a conducir durante un periodo de entre uno y cuatro años, añade la proposición.

El impulso llega en un momento en que otra reforma de la Ley de Tráfico, la que pretendía rebajar la tasa de alcohol y cambiar el régimen de avisos de controles, continúa bloqueada en el Congreso, por lo que el debate sobre seguridad vial toma ahora un camino distinto. Detrás de la iniciativa hay también casos concretos que han sensibilizado a la opinión pública, como el accidente ocurrido en 2020 en Dumbría en el que murió el joven Josep, arrollado por un vehículo que invadió su carril a 126 km/h en una curva limitada a 70 km/h; el responsable fue condenado a dos años de prisión pero no ingresó en la cárcel al no tener antecedentes.

La madre de la víctima, Pilar Rosanes, convirtió su dolor en una campaña para endurecer las penas por los grandes excesos de velocidad y ha denunciado en varias ocasiones lo que considera una legislación demasiado permisiva con los “delincuentes viales”. Su reivindicación, originada en Galicia y prolongada desde Barcelona, ha servido de bandera para quienes reclaman que la respuesta penal sea más contundente frente a conductas que comportan riesgo evidente para terceros.

En el origen del debate parlamentario también hubo movimientos de otros grupos. En marzo de 2025 la diputada de Junts, Marta Madrenas, ya protagonizó posicionamientos públicos a favor de revisar los umbrales y anunció iniciativas similares; finalmente ha sido el PSOE quien ha registrado formalmente la proposición este febrero. El paso al terreno penal suscita ahora la discusión sobre proporcionalidad de las penas y la efectividad de las medidas para prevenir sin criminalizar conductas a pequeña escala.

La reforma deberá superar el debate parlamentario y posibles enmiendas antes de convertirse en norma; tanto asociaciones de víctimas como expertos en seguridad vial reclaman combinaciones de sanción, educación y control policial más intensivo. Entre los críticos hay quien advierte del riesgo de judicializar excesivamente la circulación y propone dirigir esfuerzos a la prevención y a mejorar la infraestructura urbana. El calendario legislativo y la negociación entre fuerzas políticas marcarán el recorrido de una propuesta que ha reabierto en Galicia y en el resto del país el pulso sobre cómo combatir los excesos de velocidad.