El Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro acordó el 6 de marzo fragmentar la macro causa abierta tras el descarrilamiento del tren Iryo en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero en cincuenta piezas separadas. La decisión busca facilitar el acceso de las partes a las actuaciones y, al mismo tiempo, evitar que la instrucción se vea entorpecida por la acumulación de escritos y pruebas en un único expediente. La medida ordena además a qué pieza deberán dirigirse los distintos interesados, con el fin de clarificar la tramitación procesal. El objetivo explícito del juzgado es garantizar tanto la celeridad como la transparencia en una investigación compleja y con numerosas víctimas.

La diligencia de ordenación detalla la distribución inicial de asuntos y asigna a la primera pieza la investigación técnica sobre las causas del accidente, donde se concentrarán las solicitudes periciales y las diligencias encaminadas a determinar por qué se produjo el descarrilamiento. La segunda pieza está reservada a la acusación particular de víctimas y perjudicados, destinada a los fallecidos, los lesionados y sus familiares para la presentación de escritos y pruebas. Una tercera pieza se reserva a la acción popular, abierta a sindicatos, asociaciones y partidos políticos que han anunciado su intención de personarse en el procedimiento. El juzgado aclara que la personación en estas piezas habilitará a las partes para intervenir también en los autos principales y en el resto de las piezas que se confeccionen.

Una parte numerosa de la organización procesal se dedica a las víctimas mortales: los 46 fallecidos en el siniestro tienen asignada una pieza individual por cada víctima, que van del número 4 al 49. Estas piezas servirán para tramitar todo lo relativo a la representación de los familiares, las peticiones de indemnización, la aportación de documentación y las declaraciones que sean necesarias. El tribunal ha indicado que es preferible que los escritos relacionados con la personación como acusación particular de los familiares se dirijan a la pieza correspondiente a cada fallecido para evitar dilaciones y confusiones. Fuentes judiciales confirman que la plaza 2 de Instrucción ha contactado ya con familiares que no se han personado para solicitar la documentación necesaria.

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La separación por piezas persigue, según la resolución, dos finalidades prácticas: mejorar el conocimiento de las actuaciones por parte de quienes tienen interés legítimo y preservar el normal curso de la investigación frente a posibles interferencias. En casos de gran volumen probatorio y de multiplicidad de afectados, los jueces suelen optar por fraccionar el expediente para gestionar con mayor eficacia las pruebas periciales y las reclamaciones civiles. La fragmentación no supone, en principio, una renuncia a la unidad de la investigación penal, sino una ordenación procesal que pretende acelerar trámites y evitar solapamientos.

El accidente, cuyo tren operado por Iryo descarriló el 18 de enero, causó decenas de víctimas mortales y múltiples heridos, algunos de ellos menores atendidos en hospitales de la provincia. Desde aquel día, las actuaciones judiciales y las periciales se han sucedido con la prioridad de averiguar las causas técnicas del siniestro y de proteger los derechos de las personas afectadas. Las administraciones y las compañías implicadas han sido llamadas a colaborar en la remisión de documentación y registros que puedan aportar luz sobre la secuencia de los hechos.

En el desarrollo de la instrucción se espera que confluyan varias piezas de trabajo: las periciales sobre las infraestructuras y el material ferroviario, las imputaciones que eventualmente se propongan contra personas físicas o jurídicas y las reclamaciones civiles de familiares y lesionados. La participación de la acusación particular y de la acción popular permitirá que sindicatos y colectivos afectados soliciten diligencias complementarias y se opongan o apoyen determinadas decisiones procesales. No obstante, la resolución subraya que cualquier acuerdo de personación se extenderá a los autos principales para salvaguardar los derechos procesales de las partes.

Para los familiares, la organización en piezas individuales puede acelerar la tramitación de las reclamaciones patrimoniales y administrativas, al concentrar en un cauce específico la documentación y las pruebas que cada caso requiera. El juzgado ha empezado a requerir a quienes aún no se han personado que aporten los documentos necesarios, medida que pretende evitar demoras futuras en la tramitación de indemnizaciones y en la instrucción de las acciones penales. En paralelo, las peritaciones técnicas continúan, con el objetivo de fijar un marco de responsabilidad que pueda dar respuesta jurídica a las víctimas.

La investigación sigue abierta y no se han adoptado, por ahora, decisiones definitivas sobre responsabilidades penales o civiles. La estructura en 50 piezas marca el ritmo de la instrucción en las próximas semanas y meses, en los que el juzgado intentará compatibilizar la atención individualizada a las víctimas con la necesidad de esclarecer de forma rigurosa los hechos que provocaron la tragedia. Familiares y representantes de colectivos esperan que esta ordenación procesal facilite tanto la obtención de justicia como una respuesta más ágil en materia de reparación.