Dos mujeres de origen ruso que habían sido detenidas el pasado lunes por su presunta vinculación con la compra de cinco viviendas de lujo en Mallorca han quedado en libertad tras declarar ante el juez instructor este miércoles en la isla. La investigación judicial, centrada en una posible trama de blanqueo de capitales relacionada con esas adquisiciones, motivó el registro de los inmuebles y de los domicilios de las investigadas. El magistrado ha acordado retirar el pasaporte de ambas y prohibirles salir de España mientras continúa la instrucción.
Una de las mujeres, que ejerció como apoderada de una sociedad vinculada al magnate ruso Nikolai Kolesov, y la otra, encargada del mantenimiento de las fincas, han negado conocer el origen de los fondos empleados en las compras. Según el sumario, las propiedades están escrituradas a nombre de familiares del empresario, entre ellos dos menores y una hermana, decisión que despierta sospechas sobre posibles maniobras para eludir sanciones. Ambas sostienen, no obstante, que no mantuvieron relación directa con las empresas que intervinieron en las operaciones inmobiliarias.
La Policía efectuó registros en las cinco viviendas de lujo y también inspeccionó el despacho y el domicilio de la abogada, así como una agencia inmobiliaria vinculada a las gestiones. Tras las diligencias, las detenidas fueron puestas a disposición judicial y quedaron en libertad con las medidas cautelares señaladas. Fuentes del caso indican que las pesquisas se centran ahora en el rastro del dinero y en la estructura societaria empleada para formalizar las adquisiciones en Mallorca.
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Conoce más →La letrada que actuó como apoderada ha explicado, según su defensa, que actuó por encargo de un despacho radicado en Rusia y que las firmas se efectuaron ante notarios en la isla. Su abogado, Daniel Castro, ha subrayado que su representada no conocía la existencia de las sanciones europeas impuestas a Kolesov después del inicio de la guerra en Ucrania. En su versión, las escrituras y los trámites fueron autorizados por los fedatarios públicos que intervinieron, lo que, sostienen, acredita la legalidad formal de las operaciones.
Los investigadores observan, sin embargo, que la estrategia de inscribir los bienes a nombre de dos menores y de una hermana del empresario coincide con mecanismos que pueden emplearse para dificultar embargos y congelaciones de activos. Kolesov, empresario vinculado al sector de la fabricación y venta de armas, figura entre las personas señaladas por la Unión Europea tras el conflicto en Ucrania, lo que ha puesto bajo escrutinio sus movimientos patrimoniales fuera de Rusia. La Fiscalía y la Policía intentan ahora determinar si la titularidad real y el origen de los fondos se correspondían con lo declarado en las escrituras.
Fuentes del procedimiento destacan que las compras se formalizaron ante, al menos, tres notarios diferentes en Mallorca y que ninguno de ellos puso reparos a la inscripción a nombre de los menores. Esa circunstancia complica la acusación, ya que las operaciones cuentan con aparente cumplimiento formal de los requisitos notariales. No obstante, la autoridad judicial puede valorar la existencia de indicios de simulación o de transferencia fraudulenta de bienes si se acredita que los beneficiarios reales eran otros.
El caso plantea además el reto de rastrear transferencias internacionales y de colaborar con autoridades extranjeras para esclarecer si se emplearon estructuras opacas o cuentas interpuestas. Los analistas consultados recuerdan que la utilización de familiares como titulares es una práctica habitual en supuestas maniobras de ocultación patrimonial, si bien precisar ese extremo exige peritajes contables y comprobaciones bancarias que la investigación está desarrollando. La causa requiere, según las fuentes, tiempo y cooperación transnacional para desentrañar la cadena de titularidades y pagos.
El juez mantiene abierta la instrucción y, por el momento, no se ha confirmado la práctica de nuevas detenciones, aunque las pesquisas podrían derivar en citaciones adicionales si emergen nuevos indicios. Mientras tanto, las dos mujeres continúan con la prohibición de salir del país y con la retirada de su pasaporte, medidas concebidas para garantizar su comparecencia y la conservación de pruebas. Las diligencias seguirán sometidas al principio de presunción de inocencia hasta que se concrete la participación de cada implicado en los hechos investigados.
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