Los agentes que intervinieron en la operación contra el buque Simione declararon este miércoles en la macrosala de la Ciudad de la Justicia para sustentar el pesaje de los 2,8 toneladas de droga intervenidas y la cadena de custodia del alijo. La tercera jornada de la vista oral, que se celebra por los hechos ocurridos en aguas de Cabo Verde en 2022, se centró en los seguimientos y el procedimiento técnico que vincula el material incautado con los acusados. La defensa planteó la nulidad de las actuaciones alegando irregularidades en esas pruebas, por lo que los peritos que han de valorar el pesaje y la custodia serán claves en la continuación del juicio. La causa, que reúne pruebas y testimonios complejos, dirimirá si la droga puede atribuirse con seguridad a los procesados y mantener las acusaciones fiscales.

Durante la sesión de hoy comparecieron varios agentes del Instituto Armado que participaron en el operativo y en las labores de vigilancia previas al abordaje. Sus declaraciones se centraron en los protocolos seguidos para la identificación de los sospechosos, las interceptaciones y la coordinación internacional previa a la intervención en alta mar. Los letrados defensores cuestionaron en particular los plazos y las prácticas de manipulación del material, sosteniendo que cualquier fallo en la custodia podría contaminar la prueba principal del caso. Los investigadores respondieron explicando los pasos administrativos y técnicos realizados desde la incautación hasta el traslado del estupefaciente.

La sesión de mañana está reservada para dos pruebas periciales que las partes consideran determinantes: los informes sobre el pesaje de la sustancia interceptada y la documentación que acredita su cadena de custodia. Las defensas sostuvieron en su petición de nulidad que errores en esos procesos podrían conducir a una valoración errónea de la cantidad de droga y, por tanto, a una desproporción en la imputación penal. La fiscalía, por el contrario, defiende que la cuantificación y el registro se hicieron conforme a los protocolos internacionales y que cualquier discrepancia es irrelevante para la atribución de responsabilidad penal. Los expertos deberán aclarar métodos, balanzas empleadas y sellados de precinto, y sus conclusiones pueden condicionar la viabilidad del caso.

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En el banquillo se sientan cinco acusados a los que la fiscalía atribuye la entrada y transporte de la carga de cocaína, con una petición conjunta que suma 56 años de prisión y multas de gran cuantía. Entre ellos figura el armador vigués Pablo G.F., cuya declaración está prevista para las sesiones venideras, y un tripulante angoleño, P.M.M., que también comparecerá al final del proceso. Otros tres acusados ya pasaron por la sala y relataron su versión de los hechos, con matices que la instructora y la fiscalía intentan contrastar con las pruebas documentales y periciales. La defensa de los imputados mantiene que no existen elementos sólidos para atribuirles el control de la operación delictiva.

El testimonio que más repercusión tuvo hasta ahora fue el del capitán del barco, José Antonio C.R., un arousano que explicó que asumió el mando de forma imprevista tras un altercado entre la tripulación. El marinero relató un motín que se produjo al salir de Dakar, cuando varios de los tripulantes extranjeros se negaron a continuar al conocer la naturaleza del viaje, y aseguró haber sufrido dos heridas por arma blanca durante esos hechos. Según su versión, la revuelta provocó que la mayoría de la tripulación abandonara el buque, dejando sólo a tres personas que hoy se encuentran procesadas. Ese testimonio sirve para configurar una versión de los hechos en la que la organización y reparto de responsabilidades no es tan lineal como sostiene la acusación.

Durante su comparecencia, el capitán también se desdijo de declaraciones anteriores en las que había vinculado al armador con la operación de transporte. Admitió que en fase de investigación facilitó una atribución que hoy considera simplificada y que, dijo, dio por “lo más fácil” en aquel momento para no revelar otros nombres. Esa rectificación añade un capítulo de incertidumbre a la instrucción: la credibilidad de declaraciones que cambian con el tiempo es un elemento que tanto defensa como fiscalía tratarán de explotar o neutralizar en sala. Los jueces deben valorar hasta qué punto los cambios en el relato afectan a la atribución de la autoría y la participación en la red.

La importancia del pesaje y de la cadena de custodia no es sólo técnica, sino directamente vinculante con la determinación de las penas, dado que la legislación penal agrava las sanciones en función de la cantidad aprehendida. Por eso los peritos que han de intervenir mañana están llamados a explicar con detalle métodos analíticos, control de muestras y actas de intervención que garanticen la trazabilidad del estupefaciente desde su recuperación en alta mar hasta su depósito en almacenes judiciales. Los agentes que hoy declararon defendieron la integridad del proceso y subrayaron la existencia de registros y sellos que, según añadieron, impiden la contaminación o manipulación de la muestra.

El proceso por el «Simione» se ha convertido en un juicio de gran complejidad técnica y probatoria, tanto por el volumen del alijo —cerca de 3.000 kilos— como por la dimensión internacional de la investigación. El abordaje en aguas de Cabo Verde en 2022 y la cadena de actuaciones posteriores implican cooperación entre autoridades de varios países, lo que añade capas de documentación que deben ser cotejadas en sala. La vista continuará en los próximos días con la comparecencia de peritos y de los dos acusados pendientes, y la resolución final dependerá en buena medida de cómo valore el tribunal la solidez del pesaje y la custodia del material intervenido.