Mantener un hogar en Galicia cuesta de media 1.204,5 euros al mes, según el último barómetro sobre el coste de los gastos básicos. Esa cifra —un 12,7% más que en 2024— equivale ya al 42% de los ingresos familiares medios y se sitúa muy próxima al salario mínimo interprofesional, que en 2025 alcanzó los 1.381 euros brutos en 12 pagas. El resultado es que muchas familias pierden el margen para ahorrar o afrontar imprevistos, y los hogares más precarizados —mileuristas que viven solos, trabajadores temporales— tienen cada vez menos opciones.

Cómo se compone la factura que asfixia a las familias

La factura doméstica no se ha disparado por un único motivo; es la suma de varios incrementos mantenidos en el tiempo. El capítulo que más ha subido es la cesta de la compra: en Galicia la alimentación absorbe una media de 467 euros al mes, tras un encarecimiento anual del 15,7% y una subida acumulada superior al 30% en cinco años. A ello se une el encarecimiento de la vivienda y unos suministros que ya superan los niveles prepandemia.

Analizando la vivienda, el barómetro señala que el coste combinado de hipoteca y alquiler promedia 547 euros mensuales en la comunidad. Dentro de ese promedio, la hipoteca ronda los 611 euros y el alquiler se sitúa alrededor de los 500 euros. La energía, por su parte —luz, gas y carburantes—, supuso una media de 191 euros en 2025, un 8,6% más que el año anterior. Es decir: la suma de estos tres bloques deja poco respiro en prácticamente cualquier bolsillo.

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La presión se siente de forma diferenciada. En los núcleos urbanos costeros, donde la demanda de vivienda aumenta en temporada turística, el precio del alquiler castiga con fuerza a jóvenes y trabajadores temporales. En el rural, la subida de los carburantes y los costes de logística encarecen productos que, pese a su origen próximo, no resultan inmunes al alza de costes. Y en hogares monoparentales o con salarios bajos, la relación entre ingreso y gastos esenciales cruza cada mes una línea roja.

«Con un sueldo de mileurista apenas me sobra para los imprevistos; cada vez compro menos fresco y más marca blanca», cuenta una vecina de Vigo que trabaja en el sector servicios.

Recortes silenciosos: menos frescos, más marca blanca

La respuesta doméstica frente a esta tormenta de precios está siendo mayoritariamente pragmática y sutil. En lugar de renunciar a servicios o mejoras del hogar, las familias ajustan la cesta cotidiana: aumenta la penetración de marcas blancas, se reducen las compras de frescos y se priorizan productos de mayor duración. No es una elección caprichosa sino una estrategia de supervivencia que se repite desde la crisis de 2008 y durante la pandemia, adaptada ahora a otra ronda de inflación.

En supermercados y mercados municipales ya se nota el cambio de hábitos: más formatos económicos, promociones en línea de cajas básicas y una mayor búsqueda de alternativas locales que compitan en precio. Sin embargo, esa transición tiene costes ocultos: menos consumo de productos frescos afecta a hábitos dietéticos y a cadenas locales de valor; optar por productos procesados o de bajo coste puede tener un efecto negativo en la salud a medio plazo.

Además, el acceso a vivienda sigue lastrando la capacidad de recuperación de las familias. La nueva oferta residencial tiene precios notablemente más altos que la de segunda mano —cerca de un 42% más según datos recientes—, lo que refuerza la brecha entre quienes pueden permitirse comprar y el resto que depende del mercado del alquiler.

Repercusiones y qué esperar en los próximos meses

El panorama dibuja efectos en varios frentes. A corto plazo, la contracción del consumo en productos no esenciales puede frenar la actividad de comercios y servicios locales, lo que a su vez presiona el empleo. A medio plazo, sin políticas que impulsen salarios reales o incentiven la vivienda asequible, aumentará la vulnerabilidad social. En Galicia, las medidas autonómicas de apoyo energético y ayudas al alquiler han mitigado impactos puntuales, pero las cifras del barómetro dejan claro que no son suficientes.

La volatilidad internacional añade otra capa de riesgo. El reciente aumento de la tensión en Oriente Medio amenaza con empujar al alza los precios de la energía y de materias primas, lo que podría trasladarse de nuevo a la cesta de la compra y a los costes del transporte. Por eso las soluciones requieren combinar medidas sociales inmediatas —bonos, ayudas directas, suministros con tarifa social— con políticas de calado: impulso a la vivienda pública, promoción de modelos energéticos más estables y apoyo a la producción alimentaria local para acortar cadenas de suministro.

Si no se actúa con celeridad, la lógica sugiere que la capacidad de ahorro de las familias seguirá erosionándose. No es una cuestión solo económica sino también política: la sostenibilidad del sistema social y la cohesión territorial dependen de que la subida de los precios no se convierta en un estado crónico para amplios sectores. En Galicia, como en otras comunidades, la receta pasa por combinar pragmatismo municipal y autonómico con medidas estatales que refuercen ingresos y reduzcan costes estructurales.

La contabilidad doméstica habla claro: la frontera entre llegar a final de mes y caer en la precariedad está más cerca de lo que muchos creían. A falta de un alivio inmediato y sostenido, las familias continuarán ajustando lo cotidiano, y la economía regional podrá notar las consecuencias en los próximos trimestres.