La factura de mantener un hogar en Galicia ya supera los 1.200 euros mensuales de media, una cifra que refleja la suma de alquiler o hipoteca, la cesta de la compra y los suministros energéticos. Según el barómetro de la vivienda de Grupo Mutua Propietarios, el gasto medio alcanzó los 1.204,5 euros en 2025, un incremento del 12,7% respecto a 2024 que deja a muchas familias al filo de su capacidad de pago.

De la hipoteca al ticket de la compra: quién se come el presupuesto

La alienación de la economía doméstica tiene nombres y cifras concretas. El capítulo que más ha subido es la alimentación: la cesta de la compra se lleva ya cerca de 467 euros al mes de media, un 15,7% más que hace un año y más del 30% desde hace cinco años. Ese aumento no es anecdótico en una comunidad donde el reparto de la renta y la estructura demográfica penalizan especialmente a hogares con un solo ingreso.

El gasto en vivienda continúa siendo el primer mordisco al presupuesto: en promedio, los hogares destinan 547 euros a su alojamiento, con la hipoteca algo por encima de los 611 euros y el alquiler rondando los 500 euros. A ello hay que sumar los suministros —luz, gas y carburantes— cuyo desembolso medio llegó a 191 euros en 2025, un 8,6% más que hace un año. La suma de estos tres grandes capítulos explica que los gastos esenciales absorban ya el 42% de los ingresos familiares, cuatro de cada diez euros.

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El contraste con los salarios es evidente. El Salario Mínimo Interprofesional quedó fijado en 1.381 euros brutos mensuales en 12 pagas para 2025, lo que en neto deja una cifra aproximada que apenas cubre ese ticket de gastos básicos. Las personas que viven solas con sueldos alrededor de 1.000–1.200 euros —los llamados “mileuristas”— tienen cada vez menos margen para ahorrar o afrontar imprevistos, según advierten economistas consultados por colectivos sociales.

Una tormenta perfecta que no nació ayer

La subida simultánea de la vivienda, la alimentación y la energía no es un fenómeno aislado: es el resultado de años de tensiones en los mercados y de shocks internacionales que se superponen. Galicia arrastra la huella de la crisis de energía postpandemia, el encarecimiento de las materias primas y, más recientemente, la inquietud por la guerra en Oriente Medio, que amenaza con añadir presión inflacionista. Cabe recordar que la inflación alimentaria ya venía golpeando de forma sostenida desde hace cinco años.

En clave regional, la estructura productiva y demográfica gallega acentúa el problema. La dispersión rural implica mayores costes de transporte para muchos hogares; las comarcas interiores ven cómo la falta de oferta de vivienda asequible empuja los precios en los núcleos urbanos, mientras que en ciudades como Vigo y A Coruña la demanda de alquiler se mantiene firme por la actividad industrial y los servicios. Todo ello al tiempo que la renta media no se revaloriza a la misma velocidad.

Además, la brecha entre vivienda nueva y de segunda mano —con la primera costando hasta un 42% más según datos recientes— tensiona el mercado y dificulta el acceso a una compra que, en muchas familias, habría permitido liberar gasto en alquiler. La consecuencia es doble: más hogares que no pueden comprar y más presión sobre los alquileres disponibles.

Cómo ajustan cuentas las familias y qué puede venir después

Las recetas caseras para apretar el cinturón empiezan a notarse en los supermercados. Uno de cada cuatro gallegos reconoce dificultades para afrontar los pagos esenciales y, ante ello, cambian hábitos: crece la compra de marcas blancas y se reduce el consumo de frescos. Esa sustitución puede aliviar a corto plazo la factura, pero tiene implicaciones nutricionales y económicas para productores locales y cadenas de suministro.

En el frente energético, los hogares buscan reducir el consumo y retrasar mejoras en eficiencia que supondrían un desembolso inicial. Al mismo tiempo, el ahorro ya no procede tanto de recortar gastos en mejoras del hogar como de ajustar la cesta de consumo diario. Esa estrategia refleja un problema estructural: la incapacidad de muchas familias para realizar inversiones que a la larga reducirían sus gastos.

Políticamente, la cuestión aparece en la agenda. Reclamos para aumentar la oferta de vivienda social, revisar la fiscalidad de la energía o ampliar ayudas directas a los hogares confluyen con la necesidad de alinear salarios y productividad. A nivel autonómico, las reivindicaciones se dirigen tanto a la Administración central como a la Xunta, desde la petición de incentivos a la rehabilitación hasta programas de apoyo para colectivos vulnerables.

El riesgo inmediato es que cualquier choque externo —desde un nuevo repunte del precio del petróleo hasta la prolongación de conflictos internacionales— se traslade rápidamente al bolsillo familiar. Si la dinámica de precios no encuentra compensación en los ingresos, el resultado será una mayor precariedad y, en algunos territorios rurales, nuevos empujes a la despoblación. El próximo año será clave para ver si las medidas que se planteen alivian la presión o si, por el contrario, la compra de marcas blancas y el recorte de frescos pasan a ser la nueva normalidad en demasiadas mesas gallegas.