En la segunda jornada del juicio celebrado el 11 de marzo de 2026 en la Audiencia Provincial de Oviedo, los peritos concluyeron que los progenitores acusados de encerrar durante casi cuatro años a sus tres hijos en un chalé de Fitoria no padecen trastornos mentales graves y que no existen pruebas de maltrato físico. Los expertos situaron el problema en las secuelas del aislamiento que sufrieron los menores, el absentismo escolar y el retraso del desarrollo social y académico que presentan, y recomendaron una intervención asistida y progresiva para que los niños puedan regresar a casa. El matrimonio, un varón alemán de 53 años y una mujer estadounidense de 48, está acusado por hechos que salieron a la luz en 2023 y que han provocado una fuerte atención mediática y judicial.

El catedrático de psiquiatría que evaluó a los padres durante su época en prisión provisional, Julio Bobes, explicó ante la sala que no detectó en ellos un trastorno mental grave. Según su informe, ambos padecieron covid en dos ocasiones y presentan síntomas prolongados del llamado covid persistente —pérdida de olfato, alteración del gusto, lentitud psicomotriz y falta de iniciativa— que, combinados con un miedo intenso a un nuevo contagio, les condujeron poco a poco al aislamiento. Esa retirada social habría dificultado la normalización de la vida familiar en España: no se empadronaron con normalidad ni regularizaron trámites, lo que, a juicio de Bobes, fue alimentando la desorganización en el hogar.

Los especialistas rechazaron además que la casa presentara un síndrome de Diógenes en sentido estricto. Bobes precisó que lo que predominaba en la vivienda no era basura orgánica acumulada, sino embalajes y cajas procedentes de numerosas compras a domicilio que los moradores iban posponiendo para desechar. Esa acumulación, dijo, es secundaria al encierro y a la dinámica de vida que los padres habían ido adoptando por temor al exterior y a las consecuencias legales que les pudiera acarrear su exposición social.

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Los peritos centraron su diagnóstico en los tres menores, que presentan un «retraso del desarrollo» y un desfase académico y social relevante tras años sin escolarización reglada ni contacto habitual con el entorno. En su intervención subrayaron la necesidad de que los niños normalicen su vida cuanto antes, pero advirtieron de que la restitución de la convivencia familiar debe ser gradual y monitorizada por equipos de salud mental y servicios sociales. Según los expertos, la intervención debe combinar psicología, psiquiatría y apoyo de los servicios sociales para acompañar la reintegración.

En la sala también se expusieron elementos a favor de la defensa que buscan contextualizar la conducta de los acusados. El letrado que defiende a la madre, Javier Muñoz, ha sostenido que el matrimonio actuó movido por el temor a la pandemia y por la convicción de que protegían a sus hijos, una actitud que, según la estrategia de la defensa, no equivale a un ánimo de causar daño. Los peritos recogieron esa hipótesis al afirmar que los menores echan de menos a sus padres y manifiestan deseo de volver con ellos, por lo que la prioridad sería facilitar ese regreso con apoyo profesional.

El tribunal escuchó también valoraciones sobre las capacidades parentales de los procesados, a quienes no se considera incapaces de atender a sus hijos, sino que se les atribuye una necesidad de acompañamiento y tratamiento para superar los efectos del aislamiento y de la enfermedad prolongada. Los expertos recomendaron planes individualizados que incluyan programas educativos para los menores y terapias que favorezcan la adquisición de habilidades sociales y el refuerzo académico, al tiempo que se supervisa la situación doméstica.

La comparecencia de los peritos abrió de nuevo el debate sobre las medidas judiciales más idóneas: mientras la acusación mantienen la tesis de privación de libertad y posible maltrato, los informes técnicos apuntan a soluciones centradas en la protección y la rehabilitación familiar. En la sala se apuntó la conveniencia de actuaciones coordinadas entre la administración de justicia, los servicios de protección infantil y los equipos sanitarios para garantizar la seguridad y el interés superior de los menores sin apartarlos de su entorno afectivo de forma prematura.

El juicio continuará con la práctica de nuevas pruebas y la declaración de otros peritos y testigos que deberán precisar el alcance de las consecuencias para los niños y las medidas a adoptar. La resolución del caso tendrá que ponderar tanto la responsabilidad penal de los progenitores como las recomendaciones clínicas que apuntan a la recuperación de la vida familiar mediante apoyos especializados y una reinserción progresiva de los menores en su domicilio.