El proceso contra el docente de música acusado de tocamientos a alumnas del colegio de Albeiros, en la provincia de Lugo, quedó visto para sentencia este miércoles en la Audiencia Provincial de Ourense. La Fiscalía solicita 5,5 años de prisión por un único caso que imputa, mientras que las acusaciones particulares, que representan a cinco menores, reclaman un total de 30 años. La defensa pidió la libre absolución y apuntó a la existencia de dudas y errores metodológicos en las periciales.

Desarrollo de la vista y alegatos finales

Las dos jornadas de juicio han transcurrido con declaraciones intensas. La fiscal apoyó su petición en el testimonio de una de las niñas, que describió los hechos «abierta, espontánea y con palabras propias de su edad», y en el informe de las psicólogas forenses del Instituto de Medicina Legal (Imelga), cuya conclusión, según la acusación pública, «no admite dudas» sobre la credibilidad de esa narración. El Ministerio Fiscal se limitó a acusar por ese episodio concreto, a pesar de que inicialmente se investigaron alegaciones de hasta diez alumnas.

Diferente fue la postura de las acusaciones particulares, que representan a cinco menores, y que criticaron a la Fiscalía por no incluir en su escrito más que el caso citado. A juicio de estas letradas, las otras cuatro niñas también ofrecieron relatos coherentes y detallados durante la instrucción, y por tanto consideran que la petición de penas por cinco episodios no se ajusta a lo que ellos consideran probado.

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Por su parte, la defensa sostuvo que el procedimiento está plagado de sombras y que la prueba practicada no desvirtúa la presunción de inocencia. Abogados del acusado subrayaron que el sumario se inició con diez testimonios y que, conforme avanzó la investigación, las pruebas fueron descartando relatos y vínculos; la Fiscalía, en último término, sólo formalizó una acusación. «Una decisión condenatoria tiene que basarse en una prueba de cargo, no en hipótesis», sostuvo el letrado defensor, que aportó un contrainforme que cuestiona la metodología empleada por las peritos del Imelga.

«No hay nada contundente en contra del acusado. Hay varias declaraciones no creíbles, no existen elementos de corroboración ni daños psicológicos, y solo hay un contrainforme sesgado», declaró la defensa.

El acusado, presente en la sala durante la vista, negó los hechos y su defensa acentuó que existen contradicciones y falta de corroboración material: no se encontraron indicios en registros de su vivienda ni otras pruebas físicas que reforzaran las acusaciones. Frente a esto, la Fiscalía subrayó la concurrencia de hechos y la naturaleza de las conductas descritas con la menor a la que acusa, que, según su relato, serían de claro carácter sexual.

Contexto y antecedentes del caso

El proceso, que llegó a ocupar un espacio notable en la opinión pública de la provincia, se remonta a denuncias formuladas hace varios años en el entorno escolar. En la fase de instrucción se practicaron valoraciones psicológicas a varias alumnas —niñas de entre 8 y 10 años, según consta en el expediente— y los informes forenses del Imelga tuvieron un papel central en la decisión de la Fiscalía de acusar. Aunque solo un relato ha sido elevado a acusación formal, la memoria del proceso contiene referencias a otros testimonios y a la actuación inicial del centro que, en su momento, suscitó preocupación entre familias y personal del colegio.

Los precedentes recientes en Galicia, donde controversias vinculadas a denuncias en centros escolares han provocado debates sobre protocolos, tiempos de actuación y métodos de evaluación pericial, influyen en la lectura social del caso. A la hora de valorar la prueba, los tribunales se enfrentan al reto de ponderar relatos infantiles con instrumentos científicos que, pese a su rigor, admiten interpretaciones distintas. Por eso el contrainforme aportado por la defensa, que denuncia supuestos fallos metodológicos en el trabajo de las forenses, ha sido utilizado como argumento para sembrar la duda sobre las conclusiones del Imelga.

También merece recordarse que este tipo de procesos se producen en entornos cerrados y de mucha carga afectiva: el colegio, las familias, el vecindario. En comarcas lucenses donde todos se conocen, la repercusión social de un juicio de estas características suele prolongarse más allá de la sala, con consecuencias en la vida cotidiana de alumnos, docentes y vecinos.

Repercusiones y próximos pasos

Con el juicio visto para sentencia, ahora le corresponde al tribunal valorar las pruebas y emitir un fallo que, previsiblemente, llegará en las próximas semanas. La Fiscalía ya dejó claro que pide la pena de 5,5 años de prisión por el caso que atribuye al docente, mientras que las acusaciones particulares mantienen una reclamación acumulada de 30 años, al estimar que concurren varios episodios. La defensa, además de solicitar la absolución, solicitó que en el caso de una eventual condena se apliquen dos atenuantes: la reparación del daño —por gestiones de indemnización que habrían sido ofrecidas— y la dilación indebida, por las demoras en la tramitación del procedimiento.

Fiscalía y acusaciones particulares rechazaron ambos atenuantes. La discrepancia sobre las penas y sobre la extensión de la acusación anticipa posibles recursos y una disputa jurídica que podría prolongarse más allá de la sentencia del tribunal provincial. En paralelo, hay expectación en la comunidad educativa sobre las medidas que se adoptarán en el centro de Albeiros y en la red escolar, si el fallo reconoce la existencia de abusos.

Para las familias de las menores, y para el profesorado, el veredicto será un punto de inflexión. A la espera de la resolución judicial, la polémica ha reabierto preguntas sobre protocolos de protección en las aulas, la formación del personal y la asistencia psicológica a las víctimas potenciales. El tribunal tendrá que calibrar no solo la credibilidad de los relatos sino también la adecuación de las pruebas periciales en un proceso que, por su naturaleza, exige un equilibrio entre la tutela de los derechos de las víctimas y la presunción de inocencia del acusado.

La sentencia cerrará, en buena parte, una etapa procesal cargada de tensión para un colegio de Lugo cuya vida diaria se vio marcada por una investigación que comenzó con múltiples denuncias y ha concluido, por ahora, con una única acusación formal. A falta de conocer el fallo, la comunidad permanece atenta: el resultado judicial tendrá consecuencias penales para el docente y, en caso de condena, repercusiones administrativas y sociales que el tejido local ya vislumbra.