El Ayuntamiento de Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife) suscribió el 13 de marzo de 2026 un convenio con la Asociación Social Solidaridad Venezuela para coordinar recursos y mejorar la orientación e integración de personas migrantes y retornadas en el municipio. El acuerdo, respaldado por la Dirección General de Emigración del Gobierno de Canarias, pretende articular la respuesta municipal a un aumento sostenido de población procedente de Venezuela y de españoles que regresan al territorio. La intención es ofrecer una atención más ordenada y accesible que favorezca la convivencia y el acceso a servicios básicos.

El convenio fue rubricado por el concejal de Servicios Sociales, Rubén García Casañas, la presidenta de la asociación, María Marcela Máspero, y el director general de Emigración, José Téllez. Según el texto del acuerdo, la colaboración busca fortalecer la comunicación entre la Unidad de Trabajo Social municipal y la entidad asociativa para responder con mayor eficacia a demandas de información, acompañamiento y trámites administrativos. Además, establece un marco para desarrollar programas y acciones formativas dirigidas a facilitar la integración social de los beneficiarios.

En los últimos años Granadilla ha registrado un aumento notable de residentes extranjeros y de retornados, una dinámica estrechamente ligada a la crisis económica, social y política que vive Venezuela. Ese flujo ha elevado la necesidad de servicios que orienten sobre empadronamiento, acceso a prestaciones y regularización administrativa, así como apoyo para la búsqueda de vivienda y empleo. La municipalidad reconoce que las estructuras actuales requieren refuerzos y una mayor coordinación con entidades especializadas para atender a estas personas con garantías.

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El concejal de Servicios Sociales explicó que el convenio responde a esa nueva realidad demográfica y a la urgencia de organizar recursos en red. García Casañas señaló que es fundamental evitar la dispersión de esfuerzos y garantizar que quienes llegan o regresan encuentren rutas claras para acceder a derechos y prestaciones. Para el Ayuntamiento, la cooperación con asociaciones locales es clave para ofrecer una respuesta rápida y culturalmente sensible, reduciendo la burocracia y los tiempos de espera.

La presidenta de Solidaridad Venezuela destacó que el acuerdo permitirá consolidar servicios de asesoramiento y acompañamiento personalizados para migrantes y retornados. Máspero puso en valor iniciativas ya en marcha como la entrega de bonos del proyecto ‘Muévete por tus derechos’ y la puesta en marcha del programa ‘Solidaridad en el retorno dos’, impulsado por la Dirección General de Emigración, que facilitan el acceso a recursos básicos. Según la asociación, estas medidas operativas se complementarán con talleres informativos y atención individualizada para trámites esenciales.

La entidad, con sede en Granadilla desde 2019, es una organización sin ánimo de lucro especializada en atención integral a personas migrantes de distintas nacionalidades, solicitantes de protección internacional y españoles retornados. El respaldo de la Dirección General de Emigración busca reforzar la capacidad de respuesta y garantizar que las actuaciones municipales y asociativas se alineen con las políticas autonómicas de retorno y acompañamiento. El director general, Téllez, insistió en la necesidad de facilitar la integración para que los procesos sean «lo más accesibles y sencillos posible».

El convenio contempla medidas concretas como la información y orientación en trámites administrativos, acompañamiento en procesos de empadronamiento y la gestión de derechos, así como la impartición de talleres y campañas de sensibilización para fomentar la convivencia intercultural. También incorpora la prestación de servicios especializados en materias como extranjería y protección internacional, áreas donde la experiencia de la asociación resulta determinante. La colaboración pretende evitar duplicidades y optimizar la atención con criterios de rapidez y eficacia.

Fuentes municipales y de la asociación coinciden en que la iniciativa es un paso necesario para afrontar cambios demográficos y sociales que afectan a la isla. No obstante, subrayan que su éxito dependerá de la dotación de recursos, la continuidad de los programas y la coordinación interinstitucional a largo plazo. El convenio marca el inicio de una hoja de ruta que aspira a transformar la gestión local de la migración y el retorno en una política más integrada y sostenible, con impacto directo en la calidad de vida de las personas implicadas.