Hacienda detecta un incremento de 7,4 millones de euros en el precio del acero del Puente del Centenario, investigado por comisiones de la trama Ábalos

La Intervención General del Estado (IGAE) ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, en un informe fechado el 2 de marzo, que el coste del acero en las obras del Puente del Centenario de Sevilla se incrementó hasta en 7,4 millones de euros como consecuencia de un aumento del precio por kilogramo aplicado en la modificación del contrato. El hallazgo afecta a un proyecto adjudicado inicialmente por 71 millones a una UTE y posteriormente modificado por 13 millones, y forma parte de una pieza separada del caso Koldo que investiga posibles comisiones vinculadas al exministro. La IGAE sitúa el origen del sobrecoste en la valoración del material efectuada por la Dirección General de Carreteras, que fijó un precio superior al empleado por ADIF. Los técnicos consideran que esa diferencia de criterio en el precio por kilogramo justifica el incremento detectado en la factura final de la obra.

La contratación original correspondió a una unión temporal de empresas en la que participaban Acciona, Freyssinet SAU y Tecade SA, con un presupuesto inicial cercano a los 71 millones de euros. Meses después, la misma UTE obtuvo un modificado por valor de 13 millones que incluyó una revisión al alza del coste del acero utilizado en los tirantes del puente. Según las cuentas de la IGAE, ese ajuste tarifario en el material sería responsable de la mayor parte del incremento imputable a la modificación. El informe detalla cómo la variación en el precio del acero repercutió directamente sobre el importe final del contrato público.

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Los auditores de la IGAE contrastaron el precio aplicado por la Dirección General de Carreteras en el expediente modificado con la referencia que manejaba el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y concluyeron que existía una diferencia relevante. La DGT fijó el precio del acero en 3,89 euros por kilogramo, mientras que ADIF manejaba una tarifa de 2,49 euros por kilogramo, según el documento remitido al juzgado. Ese desfase por kilogramo, multiplicado por las cantidades previstas en el proyecto, explicaría el volumen del sobrecoste detectado. Además, la IGAE apunta a un incremento porcentual cercano al 20% en el contrato tras la modificación, una cifra que alarma a los investigadores por su magnitud.

El informe de la IGAE fue incorporado por la Fiscalía Anticorrupción a la instrucción que dirige el propio Ismael Moreno, dentro de la pieza separada que analiza presuntas irregularidades en contratos de obra pública del Ministerio de Transportes durante la etapa en la que ejerció el cargo el entonces ministro señalado en la investigación. Estas diligencias buscan determinar si las alteraciones en precios y condiciones de adjudicación pudieron obedecer a prácticas irregulares o al pago de comisiones vinculadas a la denominada trama Ábalos. La inclusión del informe técnico amplía el acervo probatorio en torno a la gestión de las obras y las decisiones técnicas que motivaron el modificado.

En la pieza también figura como investigado el exdirector general de Carreteras, Francisco Javier Herrero Lizano, responsable de la unidad que gestionó la tramitación del modificado bajo sospecha. La modificación fue aprobada de forma definitiva el 5 de junio de 2023, fecha en la que, según la documentación, Herrero Lizano ya había cesado en su cargo, lo que añade complejidad sobre la cadena de decisiones. Los fiscales examinan ahora si las firmas y autorizaciones que permitieron el cambio se ajustaron a la normativa o si hubo omisiones que favorecieron la elevación del coste del material. La investigación, por tanto, no se limita a los adjudicatarios sino que aborda también la responsabilidad de los gestores públicos.

Fuentes judiciales consultadas subrayan que la detección de una diferencia entre referencias de precio oficiales y la cifra aplicada en el expediente es un dato relevante, pero no agota las pruebas necesarias para atribuir responsabilidades penales. La Fiscalía deberá valorar en qué medida el incremento detectado responde a criterios técnicos justificables, a variaciones de mercado o a prácticas indebidas. Paralelamente, la instrucción puede ampliar su foco a otros contratos y modificaciones para determinar si se repite un patrón similar en la contratación de infraestructuras.

El hallazgo de la IGAE llega en un momento procesal delicado para las investigaciones abiertas alrededor del llamado caso Koldo, que ha sentado en el centro del debate la gestión de obras y la contratación pública en el departamento que dirigía el exministro José Luis Ábalos. En las últimas semanas, la causa ha incorporado múltiples informes periciales y económicos que intentan cuantificar el alcance de los presuntos sobreprecios y su eventual relación con pagos impropios. La Sala competente del Tribunal Supremo, en paralelo, ha rechazado recientemente demorar la celebración del juicio principal, lo que marca un ritmo procesal ajustado para las distintas piezas abiertas.

Con el informe de la IGAE ya en poder del juez instructor, el procedimiento seguirá recabando documentación y declaraciones para verificar cómo se establecieron los precios y quiénes participaron en las decisiones. Si las periciales confirman que el precio aplicado no respondió a criterios de mercado sino a valoraciones artificiales, la diferencia económica podría traducirse en responsabilidades administrativas o penales. Hasta entonces, las pesquisas continúan y la pieza del Puente del Centenario se erige como una de las líneas más sensibles del caso que investiga la Fiscalía Anticorrupción.