La Agencia Tributaria ha diseñado un plan para 2026 que intensificará la vigilancia sobre la economía digital y las nuevas fórmulas de ocultación de rentas y patrimonios en España. El documento, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 12 de marzo de 2026, sitúa como prioridades el control de las cuentas en neobancos, la fiscalidad de los creadores de contenido y la comprobación de domicilios fiscales, además de la lucha contra el fraude en criptomonedas y alquileres turísticos. Con esos instrumentos, Hacienda busca mejorar la detección de actividades económicas no declaradas tanto en el ámbito nacional como en operaciones transfronterizas.

El plan anual de control tributario y aduanero se apoya en nuevas declaraciones informativas mensuales que deberán presentar las entidades financieras sobre cobros con tarjeta y movimientos en todo tipo de cuentas. La Agencia prevé usar esa marea de datos para identificar patrones que delaten la existencia de sociedades pantalla, estructuras instrumentales o circuitos diseñados para defraudar el IVA. Según el texto oficial, la combinación de esta información con los registros de pagos transfronterizos permitirá rastrear con más precisión operaciones opacas.

La nueva oleada de inspecciones se dirigirá de forma particular a los llamados neobancos y plataformas financieras digitales, donde Hacienda sospecha que se concentran operaciones destinadas a ocultar patrimonio en el extranjero. Estas entidades, cuya operativa sencilla y global facilita movimientos rápidos, serán objeto de comprobaciones cuando se detecten indicios de uso irregular por parte de contribuyentes. La Agencia anuncia que estas actuaciones se coordinarán con la información aportada por operadoras y plataformas de pago para completar el perfil fiscal de los clientes.

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El comercio electrónico vuelve a figurar entre las prioridades por el volumen de transacciones y la complejidad para rastrear a los vendedores y compradores. La directiva DAC7 y los datos remitidos por plataformas de venta online servirán para acotar ventas no declaradas tanto de bienes como de servicios. Hacienda advierte que pondrá especial atención en entidades formalmente constituidas que operan en el ámbito digital y en los mecanismos usados para fragmentar ingresos y diluir responsabilidades fiscales.

Otro foco será la fiscalidad de los creadores de contenido y los influencers, un colectivo al que la Agencia quiere someter a comprobaciones sobre sus ingresos y su domicilio fiscal. En el plan se contempla la verificación de las obligaciones tributarias de quienes obtienen rendimientos por publicidad, colaboraciones o contenidos patrocinados, así como la inspección de domicilios fiscales cuando existan indicios de residencias ficticias. El objetivo es evitar la elusión mediante empadronamientos o estructuras empresariales que desnaturalicen la verdadera actividad económica.

En materia de criptomonedas, la Agencia anuncia que intensificará las labores de identificación de operaciones y la localización de patrimonios en activos digitales. La naturaleza anónima o pseudónima de muchas operaciones en criptoactivos obliga, según el plan, a cruzar información procedente de plataformas de intercambio y proveedores de servicios ligados a estas monedas. Hacienda subraya la necesidad de coordinarse con organismos internacionales para seguir fondos que circulan fuera del control tributario nacional.

El plan mantiene además la presión sobre el fraude fiscal de grandes sociedades y de personas físicas con patrimonios relevantes, y refuerza la supervisión en el sector inmobiliario y de la construcción, donde siguen detectándose esquemas para ocultar rendimientos. Las actuaciones incluirán comprobaciones documentales y fiscales, registro de operaciones sospechosas y seguimiento de operaciones de compraventa y alquiler, en especial en mercados turísticos donde proliferan los arrendamientos temporales. Hacienda considera estos sectores determinantes para reducir la economía sumergida.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió recientemente ante la Comisión de Hacienda del Senado la necesidad de modernizar los mecanismos de control y aprovechó para subrayar la utilidad de la nueva información financiera. El plan, que según fuentes de la Agencia se aplicará con criterios de proporcionalidad y focalización, busca además evitar la criminalización de colectivos y apostar por actuaciones que maximicen la recaudación sin paralizar la actividad económica. Para llevarlo a cabo, la Agencia anuncia mejoras en su capacidad analítica y un mayor intercambio de información con autoridades europeas.