La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, remitió al juez de la Audiencia Nacional que instruye el denominado caso Koldo un informe, fechado el 2 de marzo, en el que identifica irregularidades en adjudicaciones realizadas por Adif y la Dirección General de Carreteras durante la etapa de mandato de José Luis Ábalos. El documento, que analiza un total de once contratos, detecta prácticas cuestionables en la selección de adjudicatarios y en sucesivas modificaciones que elevaron el coste de las obras. La pieza judicial investiga la trama que rodeó al exasesor Koldo García y afecta también a la esfera de poder del que fuera número tres del PSOE, Santos Cerdán.

Según el informe, tres de los contratos examinados, adjudicados a Acciona Construcción, S.A., bien en unión temporal de empresas con Ferrovial Agroman, S.A. o de forma individual, comparten una serie de deficiencias que llaman la atención de los auditores. En esos pronunciamientos técnicos se aprecia que los criterios determinantes de adjudicación se basaron en valoraciones subjetivas, lo que en dos de los casos dejó diferencias de puntuación que difícilmente podían compensarse con la valoración económica. Esa prevalencia de «juicios de valor» sobre criterios cuantificables, apunta la IGAE, puede haber distorsionado la competencia entre licitadores.

Los interventores también subrayan que en los contratos revisados es la propia empresa adjudicataria la que decide el momento de inicio de la ejecución, una práctica que, según el informe, evidencia carencias en la definición y control del proyecto. Esa demora en la puesta en obra suele acompañarse de la necesidad de tramitar modificaciones de proyecto, que en los tres contratos señalados implicaron un incremento del precio cercano pero inferior al 20%. La IGAE recalca que esas alteraciones incumplen la normativa vigente sobre modificaciones contractuales.

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El informe detalla que la fórmula de valoración y la documentación técnica adjunta no justifican suficientemente las subidas de precio y que, en varios supuestos, los cambios introducidos afectan directamente al objeto contractual, lo que debería haber sido objeto de una nueva licitación o de un procedimiento específico de revisión. Para los auditores, la concurrencia de puntuaciones subjetivas en la adjudicación y posteriores ampliaciones del alcance del trabajo plantea indicios de falta de transparencia y riesgo de favorecimiento.

La remisión de este informe se produce en el marco de una instrucción más amplia sobre adjudicaciones vinculadas al entorno del exasesor, que ya ha prestado declaración ante el Tribunal Supremo en relación con otras piezas del caso. Fuentes judiciales confirman que la documentación entregada por la IGAE se incorpora al sumario para que el juez valore si existen indicios suficientes de responsabilidad penal o administrativa en la conducta de quienes intervinieron en los procesos de contratación.

En el entorno político, la causa ha generado inquietud por su alcance y por la involucración de cargos próximos a la cúpula del Ministerio de Transportes en aquel periodo. La investigación, por ahora, se centra en determinar si las deficiencias detectadas obedecen a errores técnicos y de gestión o si responden a un patrón deliberado de concesión de ventajas a determinados contratistas. La posible responsabilidad puede afectar tanto a directivos de los organismos contratantes como a altos cargos implicados en la supervisión de los procesos.

Adif y la Dirección General de Carreteras figuran como organismos que autorizaron las adjudicaciones objeto de examen, mientras que las empresas señaladas deberán responder ahora a las cuestiones que plantea la Intervención. El informe no limita su alcance a las tres adjudicaciones referidas, sino que incluye un total de once expedientes en los que se aprecian distintos grados de riesgo en materia de contratación. La Fiscalía y el juzgado serán los encargados de determinar si procede abrir diligencias penales formales.

Fuentes judiciales recuerdan que la existencia de un informe de la IGAE aporta un análisis técnico relevante pero no equivale a una resolución definitiva sobre culpabilidad; su propósito es facilitar pruebas y criterios para la instrucción. Mientras la causa avanza en la Audiencia Nacional, la fiscalización de contratos públicos vuelve a situarse en el centro del debate sobre la gestión de obra pública y la necesidad de reforzar los mecanismos de control para evitar que las modificaciones contractuales y los criterios subjetivos perjudiquen la competencia y aumenten el coste para la administración.