Los vecinos de la calle Quintián, en el barrio de El Puente de Ourense, llevan años denunciando la aparición de un improvisado cementerio de vehículos que, según apuntaban en la hemeroteca de La Región en 1976, ocupa un solar privado y parte de un terreno próximo a la vía de la Renfe. El abandono de coches y la acumulación de chatarra al aire libre habrían generado malos olores, riesgo para la integridad de los inmuebles colindantes y una plaga de ratas que afecta a las viviendas cercanas. Las quejas públicas se remontan a incidentes graves, como un incendio en julio de 1974 que obligó a intervenir a los bomberos, y a una petición formal firmada por veinte vecinos en diciembre de 1975.

Los relatos de la época describen un espacio sin el vallado reglamentario ni las medidas mínimas de seguridad exigibles en suelo urbano. En ese solar particular, día tras día, se amontonaban coches en desuso y cientos de kilos de chatarra expuestos a la intemperie, lo que incrementaba la percepción de abandono y amplificaba el impacto sanitario y estético sobre el barrio. La cercanía a viviendas y a la infraestructura ferroviaria convertía la situación en un problema de convivencia con consecuencias prácticas, desde la proliferación de roedores hasta el temor de daños mayores si se repetían incendios.

El incendio del 7 de julio de 1974, según la crónica de entonces, fue un momento de alarma que puso de manifiesto los riesgos reales de aquella acumulación de material inflamable. La actuación de los bomberos evitó daños mayores en las construcciones próximas, pero no resolvió la raíz del problema: la presencia continuada de chatarras y vehículos inservibles en un entorno residencial. La impunidad con la que se operaba en aquel solar llevó a los vecinos a organizarse y, el 11 de diciembre de 1975, presentar un escrito colectivo al Ayuntamiento para reclamar soluciones.

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Una comisión de ciudadanos llegó incluso a entrevistarse con el alcalde aproximadamente un mes antes de esa fecha, según recoge la nota periodística, y regresó con promesas entusiastas que, sin embargo, no se tradujeron en actuaciones concretas. Los afectados insistían en que las autoridades municipales debían ordenar el vallado, exigir la retirada de los vehículos y aplicar medidas de desratización, pero se quejaban de la lentitud de la respuesta administrativa. La sensación de dejadez potenció la indignación vecinal y la percepción de que aquel solar se había convertido en un elemento degradante para el entorno.

Desde el punto de vista sanitario y de seguridad, la acumulación de grasas industriales y piezas mecánicas oxidadas aumentaba el mal olor y la posibilidad de filtraciones tóxicas, mientras que los niños del barrio corrían el riesgo de jugar entre hierros que, además de cortantes, estaban expuestos a la intemperie. La falta de medidas de control y la ausencia de un vallado adecuado convertían el espacio en un reclamo para animales y personas que no respetaban ninguna norma, lo que, a juicio de los vecinos, requería la intervención urgente de servicios municipales y de salud pública.

Legalmente, la existencia de un vertedero de estas características en suelo urbano plantea cuestiones sobre la competencia municipal y la obligación de ejecutar las normas de urbanismo y salubridad. La proximidad de terrenos propiedad de la Renfe añade una capa compleja al problema, porque la delimitación de responsabilidades entre propietarios particulares, la compañía ferroviaria y el Ayuntamiento puede retrasar las soluciones. En la crónica de 1976 se observaba, en todo caso, una carencia de actuaciones efectivas por parte de las autoridades responsables.

Junto a la noticia del cementerio de coches, la hemeroteca recoge también otros episodios de la ciudad en esa misma época, como la primera exposición de la escultora F. Castro de Villanueva en el Liceo Recreo Orensano, donde presentó 37 figuras de barro inspiradas en motivos rurales gallegos. La escultora, conocida de forma familiar como Tita y vinculada a la ciudad por su residencia y la actividad de su esposo, el doctor Villanueva, había recibido encargos institucionales, entre ellos la pieza del san Martín que figura en la fachada del Gobierno Militar.

La reconstrucción de estas noticias desde los fondos de prensa permite recuperar problemas de convivencia urbana y trayectorias culturales que, en su momento, ocuparon la agenda local. La historia del solar de la calle Quintián es, en definitiva, la de una queja vecinal que denunció riesgos reales y reclamó responsabilidades públicas; una llamada que, al menos en esa crónica de 1976, quedó pendiente de resolución y que hoy conviene recordar al repasar el archivo de Ourense.