La Guardia Civil investiga a tres presuntos integrantes de una red de extorsión que amenazó de muerte a un vecino de Ordes y a su familia, en un caso que salió a la luz a raíz de la denuncia presentada el pasado miércoles 11 de marzo de 2026. Los investigadores atribuyen a los sospechosos la comisión de delitos de extorsión y de pertenencia a grupo criminal, tras un hostigamiento sostenido mediante llamadas y mensajes que obligaron a la víctima a realizar varios pagos. El afectado llegó a transferir a los estafadores un total de 2.100 euros por miedo a las represalias anunciadas.

La causa, bautizada como Operación Damani por los agentes que la instruyen, fue asumida por el Equipo de Asesoramiento, Prevención y Respuesta contra la Ciberdelincuencia con base en Milladoiro. Los peritos digitales y los investigadores centraron su trabajo en el análisis de las evidencias electrónicas y en el rastreo de las comunicaciones que recibía la víctima, lo que permitió establecer la trazabilidad de los mensajes y llamadas intimidatorias. Fue ese trabajo forense el que facilitó la localización y la identificación de los presuntos autores.

Según las diligencias, la banda actuaba de forma deslocalizada y coordinada desde distintos puntos del territorio nacional, con integrantes que residirían en las provincias de Barcelona, Toledo y A Coruña. Desde esas localizaciones, los sospechosos habrían gestionado las amenazas y también las instrucciones para que la víctima efectuara las transferencias económicas. La dispersión geográfica del grupo complicó en un principio la investigación, pero el rastro digital permitió superar ese obstáculo.

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El modo de operar descrito por la Guardia Civil encaja con lo que en el argot policial se conoce como el “timo del sicario”: un patrón de extorsión en el que los estafadores simulan la contratación de un asesino a sueldo o la presencia de una amenaza inminente para forzar el pago de cantidades económicas. En este caso, los intimidadores combinaron llamadas telefónicas y mensajes con contenido amenazante dirigidos tanto a la víctima como a su entorno familiar, generando un temor plausible que llevó al denunciante a ceder a las exigencias.

Las pruebas recabadas durante la Operación Damani fueron sometidas a un exhaustivo análisis y, una vez acreditada la participación de las tres personas investigadas, los agentes remitieron las diligencias a la sección de guardia del Juzgado de Instrucción de Ordes. En el escrito policial se recogen los indicios de extorsión y la posible pertenencia a banda organizada, cargos que ahora deberá valorar el órgano judicial correspondiente. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar si hay más implicados o víctimas.

Los hechos han generado preocupación en el municipio de Ordes, donde la afectación familiar y el temor que sufrieron las personas implicadas han sido subrayados en la declaración del denunciante. Aunque las autoridades no han facilitado datos personales de la víctima por razones de protección, sí han destacado la importancia de denunciar de inmediato este tipo de coacciones para facilitar la intervención policial y evitar más perjuicios económicos y personales. La colaboración ciudadana y la conservación de los teléfonos y mensajes resultaron clave para avanzar en la investigación.

Expertos en ciberdelincuencia consultados por diferentes medios advierten de que las estafas telefónicas evolucionan constantemente y que las bandas emplean tácticas psicológicas eficaces para sembrar el pánico entre sus objetivos. La combinación de llamadas, mensajes y la amenaza directa contra familiares es una fórmula recurrente que explota el miedo como mecanismo de control. Las fuerzas de seguridad recomiendan no realizar pagos, conservar las pruebas y poner los hechos en conocimiento de las autoridades cuanto antes.

Por su parte, la Guardia Civil continuará con las diligencias para cerrar la instrucción y determinar la responsabilidad penal de los investigados, al tiempo que sigue trabajando en la prevención de este tipo de delitos en la provincia. El juzgado de Ordes, una vez recibida la documentación remitida por los investigadores, deberá decidir sobre las medidas procesales a adoptar. Mientras tanto, la investigación permanece abierta y no se descarta que se produzcan nuevas imputaciones en las próximas semanas.