Melisa Macía, alcaldesa de Vilariño de ourense-registra-la-mitad-de-las-agresiones-a-medicos-en-galicia/" title="Galicia">galiciauniversal.org/abren-diligencias-contra-la-alcaldesa-de-vilarino-de-conso-por-prevaricacion-administrativa/" title="Conso">Conso (Ourense), está siendo investigada por la Fiscalía por la posible comisión de un delito de prevaricación tras la denuncia presentada el 1 de diciembre de 2025 por el concejal del BNG. La denuncia alude a supuestas irregularidades en contrataciones y pagos entre 2023 y 2025, especialmente en servicios de ayuda a domicilio, desbroces y la gestión de la recaudación de tributos. La Fiscalía abrió diligencias preprocesales el 5 de diciembre y elevó el caso al juzgado de Trives para que determine responsabilidades penales. La investigación se centra en si la alcaldesa levantó repetidamente reparos formulados por la secretaria-interventora para poder abonar facturas sin las garantías legales.

El denunciante, único edil de la oposición en un pleno dominado por el PP, sostiene que el servicio de ayuda a domicilio se presta sin contrato ni adjudicación previa en un municipio de unos 500 habitantes y una población envejecida cuya media de edad ronda los 57 años. Según la denuncia, la secretaria-interventora emitió advertencias formales sobre faltas de trámites y documentación, y la regidora habría levantado esos reparos para autorizar pagos. La Fiscalía, tras constatar «indicios incriminatorios» en la documentación, pidió al juzgado la práctica de diligencias para depurar la posible responsabilidad penal de la alcaldesa.

El caso adquirió visibilidad porque el único concejal de la oposición, Domingo Domínguez (BNG), llevó el asunto ante la Fiscalía después de avisar en 2024 en una moción del pleno sobre esas posibles irregularidades. En esa sesión, el equipo de gobierno del PP, que ocupa seis de los siete asientos del pleno municipal, y la propia alcaldesa votaron a favor de la moción, pero Domínguez denuncia que no se corrigieron las deficiencias detectadas. La continuidad de los pagos y la ausencia de procedimientos de contratación han sido los ejes del conflicto político y ahora del procedimiento judicial.

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La investigación judicial reclamó la documentación municipal vinculada a los contratos y facturas objeto de la denuncia y citó a declarar a la alcaldesa, cuya comparecencia fue aplazada hasta el 25 de marzo. Ese mismo día está prevista la intervención como testigo de la secretaria-interventora, la funcionaria que formalizó los reparos y cuya fiscalización motivó la apertura del expediente. Los documentos requeridos al Concello se consideran clave para esclarecer si se siguieron o no los trámites legales exigibles en la contratación pública. Mientras tanto, el procedimiento se mantiene en una fase inicial de investigación preprocesal.

En su defensa, la alcaldesa ha justificado la contratación del servicio de ayuda a domicilio en función de la obligación legal derivada de la Ley de Dependencia y la necesidad de garantizar la continuidad de un servicio esencial para la población envejecida del municipio. Fuentes municipales consultadas subrayan la gravedad de dejar sin atención a personas dependientes y afirman que las decisiones adoptadas perseguían evitar la interrupción del servicio. Sin embargo, los reparos administrativos y las observaciones de la secretaria-interventora apuntan a carencias formales que la Fiscalía considera relevantes para la instrucción.

La denuncia incluye trabajos y pagos relacionados con desbroces y la gestión de la recaudación de tributos locales, además de la ayuda a domicilio, y reclama que se investigue si hubo omisiones en la tramitación que comporten responsabilidades. La apertura de diligencias por parte de la Fiscalía responde a la detección de indicios suficientes para solicitar la práctica de actuaciones dirigidas a clarificar la actuación municipal. En el proceso penal, la calificación provisional apunta a un posible delito de prevaricación administrativa por decisiones que, según la acusación, podrían haberse adoptado con conocimiento de su irregularidad.

El caso reaviva el debate en Galicia sobre la correcta gestión de servicios municipales en ayuntamientos pequeños, donde la limitación de recursos y la necesidad de garantizar servicios sociales confluyen con las exigencias de la normativa de contratación pública. Organizaciones que trabajan con mayores y dependientes insisten en la importancia de mantener servicios como la ayuda a domicilio, pero también recuerdan que la legalidad en la adjudicación y el control administrativo son requisitos ineludibles. La Fiscalía, por su parte, ha subrayado que su intervención busca dilucidar si ha habido responsabilidad penal y no pretende condicionar el funcionamiento ordinario del Concello.

El procedimiento continuará con las comparecencias y la práctica de diligencias solicitadas por la Fiscalía, y el resultado de esas actuaciones determinará si la causa pasa a fase de instrucción formal o se archiva por falta de indicios. El juzgado de Trives es competente por razones territoriales y será quien, en última instancia, determine si procede abrir un proceso penal. En el municipio, la polémica ha tensado las relaciones entre gobierno y oposición y mantiene al corriente de los vecinos la situación administrativa y judicial en torno a un servicio esencial.