Koldo García, exasesor del exministro de Transportes, compareció el 11 de marzo de 2026 por videoconferencia desde la prisión de Soto del Real ante la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicación pública. En su intervención inicial se acogió a su derecho a no responder a preguntas, aunque reclamó calma y afirmó que con el tiempo se conocerán los hechos y responsabilidades. García defendió que demostrará su versión ante los tribunales y señaló que queda «mucho por saber» sobre el caso. La comparecencia se produjo en un clima de tensión mediática y política que rodea las pesquisas.

El exasesor, que permanece en prisión preventiva, comenzó su intervención criticando lo que describió como un “circo mediático” en torno a su persona y anunciando su intención de desmentir judicialmente las acusaciones que considera falsas. Aseguró que dispone de pruebas para sostener sus afirmaciones y pidió que la discusión se traslade a los cauces judiciales, donde, según dijo, podrá acreditarse la verdad. Sus palabras buscaron, en parte, distanciarse del relato público que se ha construido en los últimos meses.

Tras esa declaración inicial, García optó por no contestar al resto de preguntas de la comisión y ejerció su derecho a no declarar, una decisión que subrayó su voluntad de que sea la justicia la que dirima el fondo del asunto. El tono de su comparecencia osciló entre la defensa de su honor y la crítica a las formas en que se ha desarrollado la investigación. En varias ocasiones insistió en que el proceso está lejos de haber concluido y que lo relevante se sabrá con el tiempo.

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Durante su intervención, el exasesor reconoció haber cometido «un error de cálculo» al no prever que las pesquisas afectarían también a personas de su círculo más cercano, y lamentó el daño causado a terceros ajenos a los hechos que se investigan. Manifestó estar especialmente preocupado por las consecuencias personales y profesionales que, según él, han sufrido familiares y colaboradores. Reclama que se valore la presunción de inocencia y que se proteja a quienes no forman parte de la investigación.

García criticó con dureza la forma en que se llevó a cabo el registro de su domicilio, pese a afirmar que seis meses antes había informado a la Guardia Civil de que sospechaba que era objeto de seguimientos y se había ofrecido a colaborar con las fuerzas de seguridad. Según su relato, esa oferta de colaboración no fue tenida en cuenta en el momento del registro, lo que le causó gran malestar. Para él, esa actuación policial ha agravado el daño reputacional y personal que ya existía.

El exasesor defendió su trayectoria profesional y cuestionó a quienes han interpretado la falta de titulaciones formales como un déficit de capacidad o inteligencia. Rechazó que su formación o su perfil laboral determinen su honestidad o competencia, y pidió que no se confundan condiciones académicas con comportamiento ético. En su exposición trató de desmontar estereotipos y de justificar su papel en la gestión pública.

La comparecencia en Navarra se enmarca en una investigación parlamentaria sobre adjudicaciones públicas y coincide con la acción judicial contra varios implicados; el Tribunal Supremo, según fuentes vinculadas al caso, ha fijado ya fecha para el juicio relacionado con la compra de material sanitario en el que figuran, entre otros, el propio García y José Luis Ábalos. El proceso político y judicial ha alimentado el debate sobre transparencia y responsabilidad en la contratación pública durante la pandemia.

Miembros de la comisión y partidos representados siguen estudiando los elementos aportados y está previsto que la investigación parlamentaria continúe recabando documentos y comparecencias. La decisión de García de reservarse y dejar que los tribunales actúen introduce ahora un periodo de espera hasta nuevas actuaciones judiciales o parlamentarias. Fuentes jurídicas consultadas señalan que el traslado de la controversia a la vía penal podría ralentizar el esclarecimiento público de algunos aspectos.

En su despedida telemática, el exasesor reiteró su compromiso de esclarecer su versión en sede judicial y advirtió de que aún queda “mucho por conocerse”, en una apelación a la paciencia y a la espera de pruebas. La comisión seguirá reuniéndose y evaluando próximos pasos mientras en los tribunales se convocan nuevas fechas procesales. El caso, por tanto, mantiene abiertas sus implicaciones políticas y personales, y promete prolongarse en el tiempo conforme avancen las indagaciones.