El concurso para adjudicar el servicio de autobuses urbanos de Santiago ha entrado en su fase decisiva. Tras el cierre del plazo de presentación de ofertas, el Concello ha confirmado que son cinco empresas las que pujan por un contrato que durará trece años y tiene un presupuesto base de 137 millones de euros. La alcaldesa, Goretti Sanmartín, anunció ayer los nombres de las firmas y prometió agilizar el proceso para que el acuerdo entre en vigor cuanto antes.
Cinco candidatos para renovar un servicio en precario
En la lista de aspirantes figuran compañías con presencia consolidada en Galicia y en el conjunto del Estado: Castromil (del grupo Monbus), Empresa Martín, Transportes Rober, la Unión Temporal de Empresas Stellae Urbano de Santiago —formada por Barraqueiro Transportes y Viajes Peillet— y Vitrasa. La enumeración la hizo la regidora compostelana en rueda de prensa, donde defendió que la concurrencia es un síntoma positivo pese a las polémicas que han acompañado al expediente.
La tramitación no ha sido sencilla. Cabe recordar que el pasado febrero varios recursos contra los pliegos obligaron a Raxoi a paralizar temporalmente la licitación. Fue el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) quien, al desestimar esos recursos, permitió retomar el concurso y ampliar el plazo para la presentación de proposiciones. Esa pausa generó inquietud entre trabajadores y viajeros, que llevan años sufriendo una flota envejecida y averías frecuentes.
Salado Golf & Beach Resort
Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.
Conoce más →«Tenemos que parabenizarnos e felicitarnos, porque a pesar de todas las reticencias houbo un interese importante dunha serie de empresas»,
concluyó Sanmartín, en una frase que recogía tanto satisfacción por la concurrencia como la conciencia de la responsabilidad municipal. La alcaldesa insistió en la necesidad de proceder con celeridad: «Vamos a agilizar todo lo posible para que los trabajos en la mesa de contratación sean rápidos», dijo, y subrayó que el contrato es «absolutamente fundamental e necesario para a mobilidade da veciñanza de Santiago».
Más allá de la pugna empresarial, la cuestión técnica y de modelo organizativo resulta decisiva. El Concello recuerda que se trata de un contrato de servicios, no de una concesión; es decir, se adjudican kilómetros de prestación que el propio Ayuntamiento podrá ajustar en función de las necesidades. Esa fórmula, según Sanmartín, permite diseñar líneas alimentadoras para las zonas rurales, pieza que los vecinos llevan años reclamando.
Antecedentes de un proceso con prisas y demoras
Santiago llega a este punto tras una década de quejas por la gestión del transporte. No es la primera vez que la renovación del contrato se atrasa; entre litigios administrativos, cambios en las exigencias ambientales y la urgencia por modernizar la flota, la ciudadanía ha vivido anuncios y aplazamientos sucesivos. Los usuarios recuerdan averías en pleno centro, mientras que el tejido rural denuncia la progresiva pérdida de conexiones con la ciudad.
Desde la Praza do Obradoiro hasta las parroquias más alejadas, la demanda de un sistema estable y sostenible ha ganado peso en la agenda municipal. En ese sentido, el presupuesto de 137 millones y la duración de trece años aportan margen para un plan a largo plazo, aunque la concreción de inversiones —renovación de vehículos, accesibilidad, frecuencias y posible electrificación— quedará sujeta a lo que marque el pliego y, después, la propuesta del adjudicatario seleccionado. A falta de confirmación oficial sobre los detalles técnicos, todo apunta a que la modernización de la flota será una prioridad.
Según fuentes cercanas al proceso, la mesa de contratación del Concello ya prepara el análisis pormenorizado de las ofertas, que incluirá criterios económicos, técnicos y de calidad del servicio. El tiempo apremia: los técnicos municipales son conscientes de que cualquier retraso administrativo prolongará la situación de «servicio en precario» que describen los responsables del área.
El reclamo de Busto y las implicaciones para el rural
En los últimos días ha cobrado especial relevancia la reivindicación de la parroquia de Busto. Vecinos y representantes municipales habían advertido de que los pliegos iniciales no contemplaban la llegada del autobús a esa zona, lo que habría dejado a Busto como la única parroquia rural del municipio sin servicio. La alcaldesa resolvió la polémica con un compromiso explícito: el futuro contrato hará posible que el autobús llegue a Busto y el trazado se ajustará en la práctica en el momento de la adjudicación.
Es una promesa relevante. En pueblos como los de las riberas del Sar o los altos del municipio, la falta de transporte público es un factor de despoblación y de pérdida de servicios básicos. La fórmula elegida por el Concello —contratar kilómetros y no líneas preestablecidas— ofrece flexibilidad para reforzar rutas alimentadoras que conecten núcleo urbano y rural. Ahora tocará comprobar cómo se traduce esa flexibilidad en frecuencias razonables y en horarios compatibles con el empleo y la educación.
También habrá que vigilar el equilibrio entre costes y servicio. Un contrato de trece años exige previsiones de financiación a largo plazo y garantías de mantenimiento. A este respecto, el gobierno local ha apelado a la colaboración de los servicios internos y, según admiten en privado, a la búsqueda de fondos complementarios, incluidos programas europeos o autonómicos, sin que por ahora haya anuncios concretos.
Qué viene ahora y qué se juega Santiago
Con las cinco ofertas sobre la mesa, la próxima parada es la valoración técnica y económica en la mesa de contratación. Si todo marcha con la celeridad anunciada por la alcaldesa, el proceso podría resolverse en los próximos meses, aunque los plazos administrativos y posibles reclamaciones todavía pueden alargar el calendario. A falta de confirmación oficial sobre los tiempos exactos, fuentes municipales apuntan a que el objetivo es firmar el nuevo contrato durante este año para empezar a ver cambios tangibles en 2027.
La decisión trascenderá lo puramente operativo. Del resultado dependerá la calidad del servicio diario de decenas de miles de compostelanos y de quienes viven en las parroquias. También condicionará la sostenibilidad urbana: una flota moderna y bien gestionada puede reducir costes a largo plazo, mejorar la accesibilidad en el casco histórico —donde las calles estrechas como la Rúa de San Pedro requieren vehículos adaptados— y contribuir a la reducción del tráfico privado.
En definitiva, se trata de un contrato con impacto en la vida cotidiana y en la estructura territorial de Santiago. La ciudadanía, los trabajadores del sector y los municipios rurales estarán atentos a cada paso del expediente. Si las previsiones se cumplen, el nuevo modelo de transporte será una de las grandes obras silenciosas de la próxima legislatura local; si no, la sensación de que el servicio funciona «a parche» persistirá. Por ahora, Raxoi promete diligencia y las cinco empresas preparan sus argumentos para convencer a la mesa de contratación.
¿Buscas una Inversión Segura?
Salado Golf & Beach Resort te ofrece la oportunidad de invertir en el Caribe con rentabilidad garantizada del 12% anual
Solicitar Información Ahora
