La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha propuesto esta semana una liberación coordinada de reservas estratégicas de petróleo de carácter excepcional para contener la escalada de precios desatada por la guerra en Oriente Próximo. La iniciativa, debatida en una reunión de emergencia de responsables energéticos tras la petición de los países del G7, busca inyectar petróleo en el mercado si la crisis continúa agravándose. El plan, que se prepara como respuesta inmediata a las tensiones geopolíticas, aspira a evitar un nuevo choque de suministros que elevaría aún más los costes para consumidores y empresas. Fuentes de la agencia subrayan el carácter preventivo de la medida y su vocación temporal.

Según lo planteado por la AIE, la intervención propuesta superaría las cifras movilizadas en 2022, cuando se liberaron del orden de 182 millones de barriles tras la invasión de Ucrania. Sería, por tanto, la mayor operación coordinada de reservas estratégicas jamás diseñada, aunque los detalles finales sobre el volumen total y el calendario de la liberación aún estaban pendientes de concretarse al cierre de la reunión. La petición explícita del G7 provocó la convocatoria urgente y obligó a la agencia a preparar distintos escenarios técnicos y logísticos para actuar con rapidez si fuera necesario.

Los mercados del crudo seguían condicionados por la incertidumbre geopolítica y la expectativa de una posible intervención. El barril de Brent, referencia en Europa, cotizaba estable en torno a los 88 dólares, mientras que el WTI estadounidense se situaba cerca de los 82 dólares, niveles contenidos tras la fuerte volatilidad de los últimos días. A comienzos de semana el Brent llegó a aproximarse a los 120 dólares por barril, un episodio que recordó la capacidad de los conflictos internacionales para provocar subidas abruptas y temporales en los precios.

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Las reservas estratégicas funcionan como un colchón frente a interrupciones del suministro: los 32 países miembros de la AIE mantienen, de forma conjunta, un volumen importante de crudo almacenado que puede liberarse de manera coordinada. En total, esos almacenamientos públicos superan los 1.200 millones de barriles, según los registros de la agencia, lo que permite operaciones de distinto alcance sin comprometer de inmediato la seguridad energética a medio plazo. La decisión de activar parte de esos recursos requiere acuerdo político y técnico entre los países implicados, así como una evaluación de la duración y la magnitud del choque.

Desde su creación, la AIE ha coordinado ya cinco liberaciones de reservas estratégicas en momentos de tensión: la primera guerra del Golfo, las salidas de emergencia tras los huracanes Katrina y Rita en 2005, la crisis libia de 2011 y las dos intervenciones colectivas de 2022. Cada una de esas operaciones tuvo efectos distintos en los mercados, estabilizando precios a corto plazo pero sin sustituir las soluciones estructurales que exigen ajustes de oferta, demanda e inversiones en capacidad de producción.

Los analistas advierten de que, aun siendo una herramienta poderosa para apagar incendios puntuales, la liberación de reservas no es una panacea. Aumentar la oferta temporalmente puede moderar precios y ganar tiempo para negociar soluciones diplomáticas, pero no resuelve problemas de fondo como la dependencia de determinadas rutas de suministro o la falta de inversiones en capacidad a largo plazo. Además, la acción coordinada exige que los países participantes acepten compartir recursos y asumir costes políticos en el corto plazo.

En la AIE, según explicaron los asistentes a la reunión, se han trabajado diversos escenarios operativos para adaptarse a diferentes magnitudes del choque. Esa preparación incluye quiénes liberarían crudo, en qué plazos y con qué condiciones logísticas, así como mecanismos para reintegrar los stocks cuando las circunstancias lo permitan. La agencia ha actuado históricamente como coordinadora técnica entre gobiernos y operadores, y su papel ahora será facilitar una respuesta consensuada entre aliados.

Para España y, por extensión, para Galicia, el impacto de una liberación coordinada podría traducirse en cierta contención de los precios de los carburantes y un alivio temporal para sectores intensivos en energía, aunque con un desfase temporal entre la inyección en el mercado y su reflejo en las estaciones de servicio. La volatilidad, advierten operadores y expertos, seguirá condicionando el panorama mientras persista la incertidumbre en Oriente Próximo, por lo que la decisión de la AIE se interpreta como una medida destinada a frenar una crisis mayor más que a resolverla definitivamente.