La empresa concesionaria del proyecto de humanización de la avenida de Portugal, Opain, SL, suspendió ayer, lunes 9 de marzo de 2026, los trabajos en esta vía de Ourense alegando la falta de pagos por parte del Concello que, según la compañía, ha hecho inviable la continuidad financiera de la actuación. El proyecto, uno de los más caros en la ciudad, tiene un presupuesto superior a 5,2 millones de euros y llevaba en ejecución alrededor de diez meses cuando se comunicó la paralización. La empresa publicó un anuncio en prensa para notificar el cese provisional de los trabajos y justificar la decisión ante vecinos y contratistas.

En su comunicado la concesionaria expone que el Ayuntamiento ha incumplido los compromisos de pago pactados en el contrato, lo que ha provocado un desequilibrio en la tesorería del proyecto y la imposibilidad de atender proveedores, subcontratas y costes corrientes de obra. La notificación, que la compañía describe como una medida temporal, se produce en medio de un conflicto público entre la adjudicataria y el Concello sobre plazos y certificaciones pendientes. La forma elegida —un anuncio en medios— sorprendió a la plantilla y a las empresas auxiliares implicadas en el trabajo de calle.

El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, reaccionó con dureza a la suspensión y calificó de «injustificable» la interrupción de una obra que, a su juicio, no puede quedar paralizada por una demora puntual en los pagos. Desde el gobierno local se argumenta que el retraso reclamado por Opain rondaría los 400.000 euros, una cantidad que, según el regidor, no justifica la paralización de un contrato que supera los cinco millones. Pérez Jácome reclamó además que la empresa reevalúe su decisión y emplazó a ambas partes a buscar una solución rápida para evitar que los trabajos queden abandonados.

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Los trabajos en la avenida de Portugal forman parte de un plan de mejora urbana que pretende renovar aceras, calzadas y servicios soterrados, así como mejorar la accesibilidad y el espacio público en uno de los ejes principales de la ciudad. Diez meses después del inicio, varios tramos presentan zanjas abiertas y maquinaria estacionada, una imagen que preocupa a residentes y comerciantes de la zona por la pérdida de actividad y las molestias que provoca. La suspensión abrupta deja en el aire la fecha prevista de finalización y abre interrogantes sobre el coste final de la intervención si se produce una reanudación tardía.

Opain, SL, en su nota pública, insistió en que la medida responde a la imposibilidad de mantener la viabilidad del contrato sin recibir los pagos pendientes y advirtió de que la situación podría derivar en reclamaciones económicas adicionales si no se soluciona con prontitud. La comunicación no detalló el calendario exacto de compensaciones ni especificó si la empresa ha iniciado ya procedimientos formales de reclamación administrativa o arbitral. Tampoco se especificó si la paralización afecta por igual a todas las unidades de obra o solo a tramos concretos en los que los suministros y subcontratas estaban más avanzados.

Fuentes municipales señalan que, además del alcalde, técnicos del Concello analizarán las certificaciones pendientes para determinar si procede alguna reclamación o pago inmediato que permita reactivar la obra. Hasta el cierre de esta edición no había constancia de una reunión cerrada entre la concesionaria y representantes del gobierno local, aunque la urgencia del conflicto ha colocado la cuestión en la agenda política y administrativa de la ciudad. La demora administrativa y la negociación de certificaciones son, en muchos proyectos públicos, el origen de tensiones similares cuando coinciden distintos pagos y plazos de ejecución.

El impacto sobre el tejido comercial y la movilidad en la avenida es ya tangible: comerciantes consultados lamentan la incertidumbre y advierten que una interrupción prolongada puede ahondar las pérdidas acumuladas desde el inicio de las obras. Vecinos de la zona demandan también explicaciones claras y un calendario de actuación que permita prever la reanudación de los trabajos y las medidas de seguridad necesarias mientras duren las labores. En el barrio, la expectación crece ante la posibilidad de que la paralización se alargue si no hay acuerdo económico entre las partes.

El conflicto pone sobre la mesa la necesidad de agilizar los mecanismos de control y pago en contratos públicos de envergadura para evitar paradas que multiplican costes y agravan el malestar vecinal. Tanto la concesionaria como el Concello deberán, en los próximos días, concretar pasos que permitan desbloquear la situación: la empresa, explicando con detalle sus necesidades de liquidez y calendario; el Ayuntamiento, aclarando el estado de las certificaciones y las posibilidades de adelanto o solución financiera. La resolución del conflicto será determinante para el futuro inmediato de la reforma urbana en una de las principales arterias de Ourense.