Un estudio liderado por la plataforma Salud por Derecho, difundido el 11 de marzo de 2026, concluye que la calidad del aire en las ciudades españolas varía según el código postal y perjudica de forma desproporcionada a los barrios de menor renta. El informe cifra en hasta un 33% la mayor exposición a contaminantes en los sectores más desfavorecidos, que suelen estar junto a grandes vías, polígonos industriales o zonas muy densas. Los autores sostienen que esta diferencia no es solo ambiental sino que agrava desigualdades sociales ya existentes. Por ello reclaman medidas urgentes de políticas públicas para atajar tanto la polución como sus efectos sobre la salud.

Los investigadores describen una «amenaza triple»: las personas con menos recursos están más expuestas a mayores concentraciones de contaminantes, presentan una mayor vulnerabilidad biológica y social y, en consecuencia, soportan peores secuelas sanitarias. Según el análisis, la suma de factores —exposición, precariedad en la vivienda y menor acceso a servicios— convierte al aire que respiran en un determinante de desigualdad. El documento recalca que esta realidad se reproduce en muchas urbes españolas, donde la planificación urbana ha relegado a estos barrios a entornos menos saludables.

Como causas directas del mayor nivel de contaminación en estas áreas, el informe señala la proximidad a carreteras de alta intensidad, la presencia de actividades industriales y la densidad constructiva que limita la renovación del aire. A ello se añaden condiciones laborales más inseguras, que obligan a parte de la población a trabajar en entornos más contaminados, y la falta de espacios verdes que actúen como barreras naturales. La combinación de estos elementos dificulta además la movilidad activa, como caminar o usar la bicicleta, reduciendo las opciones de protección y mitigación local.

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En términos de salud pública, el estudio recuerda los efectos bien documentados de contaminantes como las partículas PM2,5 y el dióxido de nitrógeno (NO₂). La exposición prolongada a estos agentes se asocia con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, trastornos metabólicos, problemas en el desarrollo infantil, mayor riesgo de parto prematuro y deterioro de la salud mental. A escala europea, la polución urbana continúa vinculada a más de 253.000 muertes prematuras al año y puede acortar la esperanza de vida hasta en dos años, según los datos recogidos en el informe.

El trabajo también aborda el impacto económico de la contaminación en las ciudades, que se traduce en gastos sanitarios, pérdida de productividad y otros costes indirectos. Los autores estiman que el coste medio de la contaminación en las ciudades europeas supera los 1.200 euros por habitante y año, una cifra que subraya la dimensión financiera del problema además de la sanitaria. Por eso plantean que invertir en políticas de reducción de emisiones puede generar ahorros significativos a medio y largo plazo.

El informe critica también la ausencia de infraestructuras protectoras en los barrios más humildes, donde es menos habitual encontrar barreras vegetales, soluciones de captación de polvo o medidas de aislamiento en las viviendas. Ese déficit intensifica la exposición diaria de la población y limita su capacidad para evitar o mitigar los efectos contaminantes. Los autores piden que las intervenciones urbanísticas y sanitarias atiendan de forma prioritaria a estas zonas para reducir las brechas en salud.

Entre las recomendaciones, los expertos abogan por una batería de acciones que combine reducción del tráfico motorizado, límites más estrictos a las emisiones industriales, promoción del transporte público y medidas de rehabilitación de vivienda. También proponen incrementar el acceso a espacios verdes, mejorar la atención primaria y diseñar estrategias específicas para proteger a grupos vulnerables, como ancianos, niños y personas con enfermedades crónicas. Subrayan que la lucha contra la polución debe integrarse en políticas sociales y de planificación urbana.

La realidad que dibuja el estudio tiene implicaciones directas para las grandes ciudades españolas, desde Madrid y Barcelona hasta otras aglomeraciones donde la densidad de tráfico y la actividad industrial conviven con bolsas de pobreza urbana. Algunas administraciones locales ya han introducido zonas de bajas emisiones o planes de peatonalización, pero los autores denuncian que esas medidas aún no se aplican con la suficiente focalización social. Para cerrar la brecha, insisten en la necesidad de priorizar a los barrios con mayor carga contaminante en los programas de mitigación.

El informe concluye con una llamada a la acción: mejorar la calidad del aire no solo reduce enfermedades y muertes prematuras, sino que es una palanca para atajar la desigualdad social en las ciudades. Los investigadores piden que las políticas públicas reciban un tratamiento transversal, que combine salud, urbanismo y justicia social, y advierten de que retrasar las intervenciones aumentará tanto el coste humano como el económico. Firma: Valentina Raffio.