La Audiencia Provincial de Oviedo ha celebrado esta semana la segunda sesión del juicio contra un matrimonio acusado de mantener a sus tres hijos confinados durante casi cuatro años en una vivienda de la periferia de la ciudad, y sus abogados han defendido que no hubo detención ilegal sino un aislamiento voluntario motivado por un «miedo insuperable» tras haber padecido covid. El proceso, que se celebra a puerta cerrada, se reanudó con las defensas insistiendo en que la conducta de los padres fue anómala pero no necesariamente delictiva. Los progenitores, un hombre de 53 años de nacionalidad alemana y una mujer de 48 con doble nacionalidad alemana y estadounidense, prestarán declaración en la siguiente sesión.

Javier Muñoz, uno de los letrados que asisten a la pareja, explicó a la salida de la sala que la decisión de permanecer enclaustrados fue tomada por los propios padres después de haber sufrido una enfermedad prolongada por coronavirus, lo que, según su versión, les generó un temor irracional a salir. Muñoz afirmó que la familia optó por educar a los niños en el domicilio y por autoconfinarse ante la dificultad para «regularizar su situación» en España. Estas explicaciones forman parte de la línea defensiva que pretende desactivar la acusación de privación ilegal de libertad.

Los otros abogados de la pareja, Elena González Martínez y Javier Guillermo Pereira, rechazaron la imagen difundida por los medios de una «casa de los horrores» y reclamaron evitar etiquetas estigmatizantes. Según sus palabras, aunque el hogar presentaba zonas con acumulación de enseres y un aspecto desordenado, no existió una restricción física que impidiera a los menores moverse por la vivienda. Los defensores subrayaron igualmente que los niños estaban aseados y que no había evidencias de malformaciones, en contra de algunas interpretaciones sensacionalistas de los hechos.

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La defensa argumenta que el desorden doméstico y la educación en casa no constituyen, por sí solos, delitos penales; señaló que la falta de escolarización puede ser objeto de sanciones administrativas pero no debe confundirse con un ilícito criminal automático. Los letrados insistieron en que se trata de una «situación extraordinaria y anómala», derivada de factores personales y culturales —la pareja es extranjera y no maneja el idioma—, y pidieron a la sala que valore esos matices a la hora de calificar jurídicamente la conducta.

El juicio, que arrancó el martes y se celebra sin acceso público, abordará esta semana la declaración de los progenitores y el examen de las pruebas periciales. En la sesión se ha puesto sobre la mesa un informe forense que, según fuentes judiciales, aconseja la reagrupación familiar como medida de protección para los menores. Esa recomendación figura entre las claves que deberán ponderar tanto el equipo forense como los servicios de protección en sus propuestas y en las medidas cautelares que el tribunal estime oportunas.

En los alrededores de la sede judicial se vio llegar a los acusados en un furgón de la Policía Nacional, imagen que ha vuelto a poner el foco mediático sobre un caso que ha suscitado debate social. La instrucción previa incluyó la intervención policial en la vivienda, y desde distintas esferas se ha reclamado equilibrar la protección de los menores con el deber de evitar estigmatizaciones que puedan entorpecer la valoración técnica de los hechos. A la espera de la conclusión del proceso, se mantiene la tensión entre la versión de la defensa y las impresiones iniciales que trascendieron a la opinión pública.

Jurídicamente, la causa plantea preguntas sobre la frontera entre la negligencia o la omisión en la tutela de menores y la comisión de delitos relacionados con la privación de libertad o el abandono. Los magistrados deberán sopesar pruebas periciales, testimonios y la propia conducta de los progenitores para decidir si procede una acusación penal o si el asunto debe resolverse en el ámbito administrativo y de protección familiar. La defensa sostiene que la respuesta penal sería desproporcionada en este caso concreto.

Mientras el tribunal continúa con la instrucción oral, el caso seguirá alimentando el debate público sobre cómo tratar situaciones complejas en hogares con barreras lingüísticas y culturales, enfermedades previas y dinámicas familiares inusuales. Los letrados han pedido que el foco se ponga en las circunstancias concretas y en las recomendaciones técnicas sobre el interés superior del menor, y la vista judicial seguirá su curso con la comparecencia de los padres en la próxima sesión.