La Fiscalía del Principado de Asturias ha reiterado en el juicio celebrado en Oviedo su petición de penas que suman más de 25 años de prisión para cada uno de los progenitores acusados de haber aislado durante casi cuatro años a sus tres hijos menores en el chalé familiar de Fitoria. El ministerio público solicita, además, que la indemnización por daños morales pase de los 15.000 euros inicialmente reclamados a 30.000 euros por cada menor. Los acusados son un hombre de nacionalidad alemana, de 53 años, y una mujer de nacionalidad estadounidense, de 48 años, que se enfrentan a cargos por violencia psíquica habitual y por detención ilegal.

En su escrito de acusación, la Fiscalía califica los hechos como un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y tres delitos de detención ilegal, con la agravante de parentesco, y solicita para cada uno de los acusados un total de 25 años y 4 meses de prisión. Por la violencia psíquica habitual pide 2 años y 4 meses de cárcel y medidas accesorias como la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 4 años y 6 meses, así como la inhabilitación especial para ejercer la patria potestad u otras figuras de tutela durante 3 años y 4 meses. Además reclama la prohibición de aproximación y comunicación con los menores durante ese mismo periodo.

Respecto a los delitos de detención ilegal, el fiscal solicita 7 años y 8 meses de prisión por cada uno de los tres casos, que se acumulan hasta alcanzar la cifra total que excede los 25 años para cada progenitor. En este apartado el ministerio público también pide la prohibición de aproximación y comunicación durante 8 años y 6 meses y la suspensión de cualquier régimen de visitas que pudiera establecerse en vía civil. Estas peticiones, explica la Fiscalía, responden al carácter continuado y a la especial vulnerabilidad de las víctimas al tratarse de sus propios hijos.

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La posición de la Fiscalía choca en parte con las conclusiones de algunos peritos citados en el juicio. El médico forense de la Audiencia Provincial que examinó a la familia, José Antonio Sánchez Moro, declaró que los menores no presentan alteraciones físicas y que, en su opinión, no han sufrido maltrato físico; sí apuntó, no obstante, a un retraso educativo y social atribuible al prolongado aislamiento que afrontaron durante más de tres años. Estas valoraciones han alimentado un debate técnico sobre el alcance y la naturaleza del daño sufrido por los niños.

En la sala, los peritajes y las pruebas periciales han sido centrales para dirimir la interpretación de los hechos. Mientras la Fiscalía subraya el efecto continuado de la privación de libertad y la dinámica de control sobre los menores, algunos expertos han matizado la existencia de secuelas físicas, aunque han coincidido en señalar el impacto en el desarrollo social y educativo de los afectados. La divergencia entre las conclusiones periciales y la tesis acusatoria marca el tono de la instrucción y del debate judicial.

Los abogados defensores, presentes en las sesiones, han planteado, según fuentes judiciales, críticas a la calificación jurídica y han rebatido en parte la caracterización de los hechos como detención ilegal agravada, apelando a interpretaciones alternativas de la convivencia familiar y a la evaluación de las pruebas médicas. En los pasillos de la Audiencia, la defensa busca ahora obtener una valoración que rebaje responsabilidades penales y la imposición de medidas accesorias tan extensas como las solicitadas por la Fiscalía.

El caso, que en la opinión pública ha sido bautizado como la «casa de los horrores» de Oviedo, sigue su curso en la Audiencia Provincial, donde se han practicado ya varios interrogatorios y peritajes. La vista oral ha servido para contrastar versiones y para incorporar informes forenses y psicológicos que deberán ser valorados por el tribunal a la hora de dictar sentencia. Hasta el momento no ha trascendido la fecha en la que la sala emitirá su fallo definitivo.

El proceso pone de manifiesto la complejidad de medir judicialmente daños de larga duración en contextos familiares y la dificultad de conciliar valoraciones médicas con las solicitudes punitivas de la acusación. Sea cual sea la resolución final, la petición de la Fiscalía y el aumento de las indemnizaciones reclamadas subrayan la gravedad de los hechos imputados y la atención que este caso mantiene en la sociedad asturiana y en los tribunales.