El Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, José Francisco Ortiz Navarro, solicitó el 9 de marzo de 2026 al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que devuelva al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja la causa abierta por la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024. En su informe, la Fiscalía concluye que en este momento no existen indicios con la solidez necesaria para investigar penalmente al expresident Carlos Mazón, si bien no descarta una responsabilidad penal eventual. El órgano fiscal pide que la magistrada continúe la instrucción para esclarecer los hechos que provocaron las graves riadas. La decisión deja en manos del tribunal la determinación final sobre si la causa debe avanzar contra el exjefe del Consell.

La magistrada de Catarroja había elevado una exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV en la que planteaba que hubo una conducta de inactividad negligente por parte del entonces president durante la emergencia, solicitando que se le investigara. Aquella petición se produjo en el marco de unas inundaciones que causaron 230 fallecidos y un número de víctimas todavía en estudio, y que desataron un intenso debate público sobre la gestión de la crisis. El escrito del órgano instructor consideró que existían indicios para atribuir responsabilidades por la respuesta institucional al temporal. La Fiscalía, sin embargo, estima que los elementos aportados no alcanzan ahora el umbral probatorio exigido para sustentar una imputación.

El procedimiento afecta también a otros cargos autonómicos; en la causa figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su ex número dos, Emilio Argüeso. La competencia para investigar a Mazón corresponde al TSJCV porque, aunque dejó la presidencia, mantiene el acta de diputado en Les Corts. Los investigados han sostenido posturas diversas en sus escritos y defensas, y las acusaciones populares y particulares han presentado sus propias valoraciones sobre la exposición razonada. Ahora será la sala la que, tras recibir el informe fiscal y las alegaciones, decida si asume la investigación o la remite de nuevo al juzgado de Catarroja.

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En su informe, la Fiscalía subraya que no puede descartarse que durante la instrucción aparezcan declaraciones o documentación que cambien el panorama probatorio y avalen la tesis de que se dieron órdenes u omisiones concretas en la gestión de la emergencia. Por ello apuesta por devolver el procedimiento al órgano instructor «sin perjuicio» de lo que pueda deparar la continuación de la investigación, una fórmula habitual cuando se consideran insuficientes los indicios presentes pero posible la aparición de nuevas pruebas. El criterio fiscal permite así mantener abierta la vía penal mientras se profundiza en la instrucción.

Será la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, integrada por cinco magistrados, la encargada de resolver sobre el futuro procesal de Mazón. El tribunal que deberá deliberar y emitir un pronunciamiento está presidido por Manuel Baeza y cuenta con jueces que incluyen a la ponente Pía Calderón, además de José Francisco Ceres, Antonio Ferrer y Vicente Torres. Si la sala acepta la devolución, la causa regresará al juzgado de Catarroja para nuevas pesquisas; si la rechaza, la sala podría asumir la investigación y tramitar diligencias acordes a su competencia. El plazo y el sentido del fallo dependerán de la valoración colegiada de los magistrados.

El episodio ha vuelto a situar en el centro del debate la respuesta institucional ante catástrofes naturales y la delimitación de responsabilidades políticas y penales. La jueza instructora calificó en su exposición razonada la conducta investigada como grave y atribuible a mandos autonómicos, mientras que la Fiscalía adopta una postura más prudente al exigir mayor solidez en las pruebas. La gravedad de las inundaciones y el número de víctimas mantienen la causa bajo un fuerte escrutinio social y mediático. En paralelo, las fuerzas políticas han seguido con atención los movimientos judiciales, porque el asunto tiene también una dimensión política relevante.

Desde el punto de vista procesal, la devolución al juzgado no cierra opciones: la instrucción puede aportar testimonios, peritajes o documentos que modifiquen sustancialmente la apreciación inicial de la Fiscalía. Si aparecen nuevos datos que robustezcan la tesis de la magistrada, el ministerio público podría cambiar de criterio y pedir medidas contra responsables concretos. Hasta entonces, la causa continuará su trámite ordinario y las defensas seguirán presentando sus alegaciones para intentar frenar cualquier avance que consideren improcedente.

El caso Mantiene abierta la incertidumbre sobre si la actuación del Gobierno valenciano en los días críticos podrá dar lugar a responsabilidades penales. La Fiscalía ha cerrado por ahora la puerta a una imputación inmediata de Mazón, pero ha dejado la ventana abierta a nuevas eventualidades probatorias. En los próximos pasos procesales se dirimirá si la investigación se amplía, si se archiva o si, finalmente, se confirman indicios suficientes para que el TSJCV asuma la investigación del expresident y otros altos cargos implicados.