La magistrada que instruye la causa penal sobre las inundaciones del 29 de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana ha acordado citar como testigo al expresident de la Generalitat Carlos Mazón. La decisión llega después de que el pleno de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) descartara su imputación al entender que no ostentaba la “posición de garante” en la gestión de la emergencia. La citación no tiene aún fecha fijada y contempla la aportación voluntaria de mensajes y llamadas del citado día.
La decisión judicial y lo que pide la instrucción
La jueza de Catarroja sostiene en su auto que la resolución del TSJCV, que rechazó investigar penalmente a Mazón, “excluye” su responsabilidad “de forma completa en su vertiente omisiva, al no ostentar la posición de garante”. Pese a ello, la instructora considera compatible llamar al expresident en calidad de testigo para esclarecer comunicaciones y decisiones que pudieron producirse durante las horas críticas de la catástrofe.
Además de la comparecencia de Carlos Mazón, el auto ordena que se soliciten voluntariamente los registros de llamadas y mensajes del 29-O relacionados con la DANA. La jueza deja claro que la eventual ausencia de indicios suficientes para una imputación penal no constituye un obstáculo para recabar testimonio directo que pueda esclarecer la secuencia de avisos, órdenes y coordinación entre Administraciones y servicios de emergencia.
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Conoce más →En el mismo diligenciamiento también ha sido requerida para declarar la entonces portavoz del Consell, Ruth Merino, que ocupaba además la cartera de Hacienda aquel día y que ahora figura como secretaria autonómica de representación ante la Unión Europea y las Comunidades Autónomas. La instructora ha reclamado, asimismo, a varios alcaldes de la zona afectada —entre ellos los de Utiel, Requena, Chiva, Carlet y Torrent— que aporten sus listados de llamadas entrantes y salientes y los mensajes mantenidos con autoridades y con el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi).
Antecedentes del rechazo del TSJCV y la vía judicial
El pleno del TSJCV, en sentencia fechada el pasado 16 de marzo, acordó por unanimidad no declarar competente para abrir una causa penal contra Mazón. Los magistrados estimaron que no existía “un fundamento sólido y objetivo” para sostener la existencia de un delito y, sobre todo, subrayaron que la normativa no le atribuía deberes específicos de gestión de la emergencia que configuraran una posición de garante. Esa interpretación técnica del derecho administrativo y penal marca, esencialmente, los límites de la responsabilidad penal en situaciones de catástrofe.
La instrucción abierta en Catarroja, sin embargo, ha prolongado su actividad: la jueza anunció la semana pasada una prórroga de seis meses y ha seguido incorporando pruebas que el juzgado considera relevantes. Entre ellas figura la convocatoria al subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, para aclarar puntos de su declaración anterior, y la orden de practicar una prueba pericial caligráfica sobre un documento manuscrito que podría implicar a la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa junto al exsecretario autonómico Emilio Argüeso.
Repercusiones políticas y procesales
La citación de un dirigente del perfil de Carlos Mazón tiene inevitable resonancia política. Aunque el TSJCV descartó la imputación, la comparecencia testifical en un procedimiento penal mantiene el foco mediático y puede condicionar el relato público sobre la gestión de la tragedia. En la Comunitat Valenciana, donde las heridas de la DANA siguen abiertas entre familiares de las víctimas y municipios afectados, cualquier movimiento procesal se interpreta también en clave de responsabilidad política y de exigencia de transparencia.
Para los abogados que siguen la causa, la distinción entre responsabilidad penal y responsabilidad política o administrativa es esencial pero no siempre percibida así por la opinión pública. A falta de una acusación que formalice responsabilidades penales contra altos cargos, las diligencias testimoniales y periciales pueden servir para documentar fallos organizativos o de comunicación que luego deriven en reclamaciones civiles o en valoraciones políticas en futuras elecciones o en control parlamentario.
En paralelo, la jueza ha impuesto una fianza de 6.000 euros a la Asociación de Damnificados DANA Alfafar/Horta Sud para poder ejercer la acusación popular, además de la acción particular que ya venía sosteniendo. Esa exigencia económica añade otro elemento de tensión entre las partes afectadas y el procedimiento: muchas asociaciones de víctimas han venido reclamando medidas de apoyo y acceso a la verdad que, en ocasiones, se topan con trámites procesales y costes.
La investigación también mantiene vivo el aspecto técnico: la pericial caligráfica pedida para determinar la autoría de unas anotaciones manuscritas vinculadas por el subdirector de Emergencias añade dimensión probatoria a la instrucción. Si la prueba vincula estas notas a responsables concretos, podría abrir nuevas líneas de investigación; si no, la indagación judicial quedará más acotada a las pruebas documentales y a las comunicaciones formales entre administraciones.
Las diligencias convocadas —testimonios, solicitudes de registros telefónicos y pruebas periciales— dibujan un proceso que seguirá requiriendo tiempo y paciencia. La magistrada ha optado por una ruta que prioriza la clarificación de hechos más que el señalamiento inmediato de culpables, decisión que a priori respeta los límites que marcó el TSJCV pero que obliga a mantener el foco en la reconstrucción cronológica de aquel 29-O.
Galicia, por proximidad geográfica y por su propia experiencia con episodios meteorológicos extremos, observa con atención este procedimiento. No es la primera vez que la justicia se ocupa de la gestión de emergencias tras catástrofes en España, y las conclusiones que se extraigan en Catarroja tendrán impacto en cómo se diseña y se controla la respuesta institucional ante nuevos episodios de gota fría o DANA. A la espera de la fecha para la declaración de Carlos Mazón y de las elevadas pruebas periciales, la instrucción seguirá marcando el pulso de una sociedad que reclama respuestas para las familias de las 230 víctimas y garantías para evitar tragedias semejantes en el futuro.
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