En apenas una semana al frente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), María Azucena Recio González ha movido las piezas internas para trasladar por la fuerza al magistrado Luís Villares de la sección tercera —la que ha decidido suspensiones cautelares de parques eólicos— a la sección cuarta. La decisión, fechada el 12 de marzo de 2025, incluye también el traslado de la magistrada María Dolores López López y ha desatado voces críticas que hablan de un “desmantelamiento” de la sección y de una posible afectación a la independencia judicial.
Un acuerdo rápido, motivos jurídicos y efectos inmediatos
El acuerdo que firma la nueva presidenta de Sala invoca, por un lado, sentencias del Tribunal Supremo que habrían puesto en cuestión la imparcialidad del juez Villares, y por otro, razones de “necesidades reorganizativas” atendiendo al volumen y tipología de los procedimientos que tramitan las distintas secciones. Recio, que tomó posesión el 6 de marzo, sostiene que la reestructuración mejorará el funcionamiento de la Sala y ofrece además la posibilidad de recurso ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el plazo de un mes.
La mención expresa al Tribunal Supremo no es casual: a comienzos de año el Alto Tribunal anuló tres resoluciones de la Sala galega relacionadas con la concesión del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, al plantear dudas sobre la imparcialidad de Villares, exlíder político de En Marea. Esos pronunciamientos judiciales sirven ahora de base para justificar un cambio que, en la práctica, deja a la sección que conoce de eólicos sin dos de sus cuatro magistrados titulares.
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Conoce más →Fuentes internas consultadas por este periódico apuntan a que los efectos fueron inmediatos: expedientes sobre autorizaciones administrativas y suspensiones cautelares relacionados con parques eólicos, así como procedimientos de contratación en los que recae buena parte de la interlocución entre la Xunta, promotores y administraciones locales, quedan ahora en manos de una composición distinta, con magistrados que —según la propia crítica sindical— tienen experiencia limitada en estas materias concretas.
Antecedentes: la sección que tomó decisiones incómodas
La sección tercera del TSXG se ha situado en el epicentro de un conflicto recurrente en Galicia: la expansión de los parques eólicos y la disputa entre impulsores privados, administraciones y comunidades afectadas. Durante los últimos meses ese órgano fue objeto de críticas públicas por parte de dirigentes políticos y empresariales regionales que cuestionaron suspensiones y decisiones que frenaron proyectos. Cabe recordar que el litoral gallego y el interior atlántico vienen experimentando una aceleración en solicitudes de autorización para parques, lo que ha tensionado el mapa ambiental y administrativo de provincias como A Coruña y Lugo.
La intervención política de exdirigentes que dieron el salto a la magistratura —el caso de Villares es el más visible por su pasado en En Marea— fue precisamente lo que el Supremo tuvo en cuenta en sus sentencias anuladoras. Para muchos juristas, sin embargo, que determinadas recusaciones prosperen en asuntos puntuales no implica la incapacidad generalizada de un juez para conocer toda una materia. Ese argumento es el que han esgrimido con dureza asociaciones judiciales como Juezas y Jueces para la Democracia, que denuncian que se extiende una valoración específica a la totalidad del trabajo de la sección.
Críticas, temores y posibles consecuencias
La respuesta institucional de parte de la carrera judicial no se ha hecho esperar. En un comunicado público la asociación mayoritaria expresó su «preocupación» por traslados forzosos de tanta envergadura y alertó de que pueden erosionar las garantías de inamovilidad e independencia. En términos más rotundos, señalaron que la medida supone un “desmantelamiento” de la sección y advirtieron sobre la intimidación que puede causar entre los jueces si el traslado se percibe como una sanción por decisiones controvertidas.
«Estos acuerdos gubernativos de la nueva presidencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo suponen de facto deshacer la composición de un órgano judicial que venía resolviendo asuntos de materias concretas. Aparta a la mitad de las personas que componían esa Sección»
Desde la presidencia de Sala se pone en valor la reorganización como oportunidad profesional y como paso para equilibrar la carga entre secciones. No obstante, el procedimiento elegido —un traslado forzoso sin concurso interno ni consulta previa a los magistrados afectados ni a los presidentes de sección— ha sido cuestionado por su forma, además de por el fondo. Los críticos sostienen que la alta especialización de las materias exige transiciones más cuidadas para evitar disfuncionalidades en la tramitación y resolución de los asuntos.
La política autonómica también ha alimentado la tensión. En fases recientes, cargos de la Xunta han mostrado públicamente su frustración por resoluciones judiciales que han supuesto paralizaciones de proyectos eólicos, lo que añade un matiz de presión externa sobre la Sala. En la Galicia de la última década, donde la energía eólica ha sido palanca de inversión y tema de debate local, estas decisiones judiciales tienen impacto directo en concellos, empleo local y planes de ordenación del territorio.
En el terreno jurídico inmediato, la decisión puede ser recurrida ante el CGPJ y allí se dirimirá si los traslados respetan las garantías procesales y estatutarias del cuerpo judicial. A más largo plazo, la remodelación abre interrogantes sobre cómo el TSXG gestionará los procedimientos sobre eólicos: si la nueva composición dará más estabilidad a las autorizaciones o encenderá otra oleada de recursos y recusaciones que prolonguen la inseguridad jurídica en el sector.
El contraste entre la necesidad de despejar incertidumbres para promotores y administraciones y la exigencia de proteger la independencia judicial conforma el meollo del debate. Galicia, con su historia reciente de litigios sobre infraestructuras y concesiones públicas —recordando el caso del Hospital Álvaro Cunqueiro—, observa desde ahora con atención y cierta inquietud cómo se despliegan los próximos movimientos en la Sala que tiene en sus manos buena parte del desarrollo territorial y económico de la comunidad.
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