En la Audiencia de Vigo, este martes proseguía el juicio por el cargamento de cocaína descubierto a bordo del pesquero «Simione», intervenido en diciembre de 2022 en aguas de Cabo Verde y que arrojó un decomiso de 2,8 toneladas. Guardias civiles que dirigieron la investigación declararon en la segunda jornada sobre las vigilancias, las escuchas telefónicas y las diligencias en tierra que siguieron al abordaje. El principal acusado, el armador vigués Pablo G.F., niega cualquier vínculo con la droga y sostiene que el propósito del viaje era reparar averías en un astillero portugués. La vista, que arrancó con la sorprendente exculpación parcial del capitán en la primera sesión, sigue su curso con la previsión de que el empresario declare al final del juicio.

Varios agentes explicaron ante el tribunal cómo se montó la operación policial que desembocó en el registro y la incautación en alta mar, y precisaron que las pesquisas combinaron seguimientos físicos con intervenciones en las comunicaciones del buque. Los testimonios apuntaron a conversaciones entre el armador y la tripulación sobre la situación del pesquero, indicaciones puntuales sobre rutas y fechas y referencias a reparaciones que el barco necesitaba. La mayoría de los guardias que comparecieron habían sido propuestos por la defensa del armador, una decisión que, según explicaron, buscaba cuestionar la interpretación de las cintas y los movimientos.

El contraste entre la versión del capitán y la del armador marcó la sesión: el patrón del «Simione» exculpó al propietario en la primera jornada, mientras la Fiscalía intenta demostrar una relación directa entre las instrucciones que se escuchan en las intervenciones y la entrega logística de la droga. Los agentes relataron que los registros posteriores al abordaje en Cabo Verde incluyeron la revisión de comunicaciones satelitales y la extracción de mensajes del teléfono del buque, elementos que la acusación considera probatorios. Un SMS hallado en el buzón de salida describía la embarcación como «maldita» tras sucesivos problemas técnicos, un documento que los investigadores vinculan al estado de la nave en los días previos al operativo.

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La defensa del armador sostiene que el viaje tenía finalidad mercantil y de mantenimiento: según su versión, el pesquero partió de Senegal con destino a un astillero de Viana do Castelo para subsanar averías, y cualquier contacto con la tripulación obedeció a cuestiones técnicas. Esa línea fue incorporada en las preguntas formuladas por el letrado a los guardias civiles, que, en su respuesta, reconocieron que las conversaciones contenían referencias a reparaciones y a la previsión de llegada del buque. No obstante, los investigadores subrayaron ante el tribunal que, junto a esos intercambios, figuraban llamadas y pautas que, a su juicio, exceden la mera gestión de una avería.

El contexto del procedimiento enlaza con otro caso anterior de gran calado en la ría: el alijo del «MV Karar», ya juzgado y condenado, que también transitó la ruta africana utilizada por redes de narcotráfico. La Fiscalía apunta a una estructura compleja que emplea pesqueros y puertos intermedios para introducir grandes partidas de cocaína en Europa, y considera que el «Simione» forma parte de ese mismo circuito. Para la defensa, sin embargo, la coincidencia de itinerarios no constituye prueba suficiente de participación penal.

Hoy comparecieron además agentes que detallaron las vigilancias en tierra y la coordinación con autoridades internacionales para culminar el abordaje en aguas de Cabo Verde. Relataron cómo se siguieron puntos concretos de navegación y cómo las escuchas permitieron determinar contactos clave entre el barco y personas en tierra. Los informes periciales aportados durante la instrucción, según explicaron, sustentaron las órdenes de entrada y registro que se ejecutaron en alta mar, un aspecto que la acusación considera esencial para acreditar la cadena de custodia de la droga incautada.

En la sala también estuvo presente la intérprete que asistió al tripulante angoleño, y la fotografía de cuatro de los acusados junto a la traductora subrayó la dimensión internacional de la tripulación y las dificultades que plantea la instrucción en contextos multilingües. La fiscalía mantiene que la coordinación entre la embarcación y agentes en tierra supera lo explicable por simples gestiones técnicas. Frente a esa tesis, la defensa del armador reclama que se evalúe cada prueba en su contexto y anuncia que el acusado responderá a las preguntas del tribunal al final de la vista.

Los próximos capítulos del juicio están pendientes de la declaración del empresario y de la valoración por parte de la sala de todas las diligencias practicadas. La vista, que concentra atención por el volumen del alijo y por los antecedentes con el «MV Karar», avanzará ahora hacia la confrontación entre la versión policial y las explicaciones proporcionadas por los acusados. La sentencia, cuando llegue, tendrá que dirimir si las pruebas reunidas bastan para atribuir responsabilidad penal al armador y al resto de implicados en la llamada ruta africana de la cocaína.