La consumidores-de-galicia-lanza-una-ofensiva-para-exigir-el-rescate-inmediato-y-el-traspaso-de-la-ap-9-al-sector-publico/" title="Unión">Unión de Consumidores de Galicia ha lanzado una campaña para exigir el traspaso inmediato y el rescate de la AP-9, después de que los peajes se hayan disparado en los últimos años, informó en Santiago la organización durante la presentación de su iniciativa en el Consejo Económico y Social. El anuncio, realizado la semana pasada por el secretario general de la asociación, Miguel López, recoge la apertura de una petición en la plataforma change.org y la convocatoria de reuniones con alcaldes y grupos parlamentarios para trasladar la demanda al Gobierno central. Los promotores sitúan el conflicto en la desigualdad que sufren los ciudadanos gallegos frente a otras zonas del país y buscan convertir la movilización en una voz unificada de la comunidad. La iniciativa pretende, además, presionar para que se revierta la política tarifaria y se estudien soluciones jurídicas y políticas al actual modelo concesional.

Según la organización, el coste del viaje entre A Coruña y Vigo ya se sitúa en 21,40 euros, una cifra que ejemplifica el impacto económico que supone la vía para familias y empresas. La petición abierta en change.org aspira a sumar apoyos de particulares, comerciantes, autónomos, entidades y administraciones locales, y servirá como documento de presión para las conversaciones con los representantes políticos. López anunció contactos con alcaldes de los principales ayuntamientos gallegos y con portavoces en el Parlamento autonómico y en el Congreso para coordinar actuaciones y llevar un mandato común al Ejecutivo central. La Ucgal defiende que una respuesta conjunta aumentará la capacidad de influencia frente a la concesionaria y frente a las decisiones del Estado.

La denuncia de la organización se centra en dos ejes: la subida continuada de los peajes y la vigencia de la concesión, que condiciona la gestión y las tarifas de la autopista. Además de las tarifas, los consumidores se quejan de que, a su juicio, financian no solo la inflación sino también parte del mantenimiento de la infraestructura a través de precios que consideran desproporcionados. Desde la Unión de Consumidores subrayan que la rentabilidad de la concesionaria ha sido elevada en periodos recientes, lo que agrava la sensación de agravio comparativo con otras comunidades. El objetivo es que esas quejas trasciendan lo local y obliguen al Gobierno a plantear soluciones estructurales.

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La historia de la concesión es otro argumento central en la campaña: la prórroga fue aprobada en el año 2000 y extiende la explotación hasta 2048, según los datos manejados por los promotores. En septiembre de 2021 la Comisión Europea se pronunció sobre esa prórroga, calificándola entonces como contraria a derecho, y desde entonces han existido advertencias sobre la posible intervención de las instituciones comunitarias en el expediente. Los impulsores de la iniciativa señalan que la experiencia reciente con otras autopistas, liberadas o rescatadas en distintos puntos del país, marca un precedente que debe aplicarse también a la vertebradora gallega. Reclaman transparencia en las negociaciones y que se priorice el interés público sobre los beneficios privados.

En su intervención, López insistió en que la movilización busca articular una plataforma de diálogo y no solo una protesta, y explicó que la idea es “servir de puente” entre la ciudadanía y las administraciones para reclamar un tratamiento digno para Galicia. El secretario general puso como ejemplo la liberación de tramos de la AP-7 en el Levante, cuya puesta en servicio sin peaje ha sido citada por la organización como referencia para reclamar medidas equivalentes. La Ucgal pretende evitar que los gallegos sean percibidos como “ciudadanos de segunda” por las decisiones sobre infraestructuras y tarifas. Para ello, insisten en la necesidad de interlocución permanente con el Gobierno y con los grupos parlamentarios que puedan impulsar iniciativas legislativas o acuerdos de rescate.

Además de la campaña en internet, la organización planea encuentros con sectores económicos afectados, desde el transporte hasta el comercio local, para sumar datos y testimonios que avalen la petición. Los impulsores consideran esencial reunir informes técnicos y económicos que demuestren el impacto real de los peajes en la competitividad de Galicia y en la cohesión territorial. También avanzan la posibilidad de llevar el caso ante instancias europeas si no se logra una respuesta satisfactoria en el ámbito nacional. La estrategia combina presión política, movilización social y argumentos jurídicos para abrir todas las vías posibles.

En el debate público, la AP-9 se ha convertido en un símbolo de la discusión sobre infraestructuras, coste de la movilidad y equidad territorial en Galicia, y la iniciativa vinculada a la petición en change.org aspira a transformar ese malestar disperso en una reivindicación organizada. La Unión de Consumidores apela a las administraciones locales y a las formaciones políticas para que firmen un compromiso común que permita plantear al Ejecutivo medidas concretas, entre ellas el estudio de un eventual rescate de la concesión. Los promotores reconocen que la vía es compleja y costosa, pero sostienen que existen alternativas que prioricen el interés general por encima de los plazos concesionales vigentes.

En las próximas semanas la organización intensificará su calendario de contactos y dará a conocer el resultado de las primeras gestiones con alcaldes y partidos, mientras la recogida de firmas continúa abierta. La iniciativa pretende marcar la agenda política sobre la AP-9 y obligar a las administraciones a posicionarse ante una demanda que, según sus impulsores, refleja el sentir común de buena parte de Galicia. El pulso entre reclamaciones sociales y decisiones políticas queda así abierto, con la tensión añadida de los antecedentes comunitarios y las implicaciones económicas de cualquier fórmula de rescate o traslado de la titularidad.