La defensa de la inspectora que acusa de una presunta agresión sexual al ex director adjunto operativo de la Policía ha solicitado al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid que abra una investigación por revelación de secretos y vulneración del secreto sumarial. La petición llega justo el día en que, según la citación judicial, ambas partes deben comparecer ante el magistrado: ella para ratificar su querella y él como investigado. Los abogados alegan que se han divulgado documentos reservados que incluyen el nombre completo de la denunciante, lo que supondría un riesgo para su seguridad. La querellante ya cuenta con escolta policial 24 horas, medida que, según su defensa, queda comprometida por la filtración.

El escrito presentado ante el juzgado, firmado por el letrado de la denunciante, solicita que se deduzca testimonio y se incoe una pieza separada para indagar el origen de la filtración. Se reclama la investigación tanto de la salida irregular de información del procedimiento como de los posibles responsables por la difusión de escritos que, en teoría, estaban bajo secreto de sumario. La defensa entiende que la publicación no solo vulnera la reserva procedimental, sino que provoca un perjuicio real sobre la intimidad y seguridad de la víctima.

La misma defensa había pedido al magistrado medidas adicionales de protección sobre las grabaciones aportadas por la denunciante, solicitud que el juez no estimó necesaria en la resolución previa. Esa decisión figura también en el expediente y complica la estrategia procesal que busca preservar pruebas y resguardar la identidad de la afectada. Con todo, la petición de abrir una investigación separada pretende clarificar cómo se difundió la información y quién tuvo acceso al documento original.

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Solicitud de investigación por filtración

En el escrito que ha presentado la acusación particular, el abogado detalla que la publicación de determinados documentos de la instrucción «implica que de forma ilícita y inaceptable terceros ajenos al procedimiento han tenido conocimiento de un documento de la instrucción que se encuentra bajo reserva». El letrado considera que esa salida de información es la que ha permitido conocer el nombre completo de su clienta y, por tanto, constituye una intromisión grave en su privacidad.

«La difusión incluye la identificación de la víctima y se conecta con un perjuicio concreto (privacidad y seguridad)»,

El escrito pide que se tome declaración, como testigos, a los periodistas que firmaron informaciones publicadas en distintos medios de comunicación y que, según la acusación, afirmaron haber tenido acceso al propio escrito reservado. Esa afirmación, añade la defensa, constituye un indicio externo y objetivo de que la información salió de los circuitos de reserva procesal.

Contexto del caso y próximos pasos

El investigado es el ex n.º dos de la Policía Nacional, José Ángel González, contra quien se presentó la querella por una agresión sexual presuntamente cometida en el ejercicio de funciones fuera de horario laboral. La denunciante, una inspectora del Cuerpo, acudirá al juzgado para refrendar formalmente la querella y aportar la declaración que dará inicio a la fase de instrucción pública del procedimiento.

La defensa fundamenta su petición en la necesidad de proteger un bien jurídico específico: evitar perjuicios derivados de la divulgación indebida de información procesal reservada. El escrito recurre a doctrina jurisprudencial para subrayar que la finalidad de la norma de secreto sumarial es, precisamente, impedir que la revelación de datos no divulgables cause un daño a las partes implicadas.

Si el juez acepta incoar diligencias por revelación de secretos, los pasos habituales incluyen la deducción de testimonio —es decir, remitir a la Fiscalía o a otro órgano competente los indicios reunidos— y, en su caso, la práctica de pruebas que permitan identificar el origen de la filtración. Entre esas pruebas figuran el interrogatorio de periodistas, la solicitud de documentación a los medios y el análisis de circuitos internos del juzgado o de otros organismos que pudieran haber tenido acceso a la pieza reservada.

La situación plantea un choque entre el principio de transparencia informativa y la obligación de preservar la seguridad y la intimidad de una posible víctima. La acusación insiste en que la posible salida irregular de datos no solo afecta a la denunciante, sino también a los propios funcionarios encargados de su protección, cuya labor puede verse comprometida por la exposición pública de su identidad y rutinas.

Este martes, cuando se celebren las comparecencias, el juez deberá decidir si acepta la petición de la defensa para abrir la investigación sobre la filtración y, en paralelo, continuará la instrucción de la causa principal por la presunta agresión. La decisión sobre la protección de las pruebas y la reserva de determinados documentos puede marcar el ritmo y el alcance de las diligencias que ahora se promueven.