La Xunta ha decidido poner coto al uso indiscriminado de móviles y grabaciones en las aulas gallegas. A partir del próximo curso, estará prohibido grabar clases sin autorización y el teléfono solo podrá emplearse con fines educativos y bajo supervisión. La medida busca proteger la intimidad del alumnado y garantizar la concentración en las clases.
Grabar, solo con permiso: la nueva norma en los colegios gallegos
¿Quién no ha visto ya algún vídeo grabado en un aula circulando por redes sociales? En Galicia, la preocupación iba en aumento desde hace meses. Ahora, la Consellería de Educación ha movido ficha: queda terminantemente vetado grabar cualquier actividad escolar sin el visto bueno previo del profesorado y del propio centro. Un alto cargo educativo lo resume con claridad: “La protección de la privacidad del alumnado es irrenunciable”.
La norma afecta a todos los centros sostenidos con fondos públicos en la comunidad, desde las escuelas rurales de la montaña lucense hasta los institutos urbanos de Vigo. No es un detalle menor. La medida, que ya ha sido comunicada a las direcciones de los centros a través de una circular oficial, obliga a docentes y responsables a extremar la vigilancia sobre cualquier dispositivo que pueda captar imágenes o sonido en el entorno escolar.
La decisión llega después de varios incidentes recientes en colegios de la comarca de Ferrolterra, donde se difundieron grabaciones de conflictos en el aula sin consentimiento. El debate sobre la privacidad de los menores y la convivencia en las aulas ha llegado hasta el Parlamento gallego. Demasiado tiempo sin una respuesta clara, opinan muchas familias.
Móviles: solo para aprender, nunca para distraer
La medida no es aislada. Galicia se suma así a una tendencia presente en otras comunidades autónomas que buscan reducir la dependencia digital durante la jornada escolar. Las familias, que en su mayoría reclaman una mayor regulación, han aplaudido la iniciativa. “La concentración y el respeto en clase estaban en juego”, apunta una representante de la asociación de madres y padres de un colegio de Santiago.
No es menor el dato: según la última encuesta del INE sobre equipamiento y uso de tecnologías en los hogares, más del 80 % de los menores gallegos entre 10 y 15 años dispone de móvil propio. El reto es evidente. La Xunta advierte que la prohibición se hará cumplir mediante controles periódicos y campañas de concienciación dirigidas tanto a estudiantes como a familias y personal docente.
El debate sobre la privacidad y el derecho a la educación
Conviene recordar que la normativa española ya establece límites claros al uso de dispositivos electrónicos en los centros educativos, pero la aplicación práctica dependía hasta ahora de la autonomía de cada colegio o instituto. La decisión de la Xunta busca unificar criterios y evitar situaciones ambiguas, en las que la grabación de un incidente podía derivar en la vulneración de derechos fundamentales.
La Agencia Española de Protección de Datos lleva años alertando sobre los riesgos de la captación y difusión de imágenes de menores sin consentimiento. En Galicia, la preocupación se disparó tras la publicación de varios vídeos en plataformas de mensajería, algunos grabados en pasillos de institutos de Lugo y Pontevedra. La cifra de incidentes habla por sí sola: en el último año, se han tramitado decenas de quejas relacionadas con la privacidad en centros educativos gallegos, según datos del propio organismo.
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