La Xunta ha propuesto un paquete de viviendas de reemplazo para las familias afectadas por las expropiaciones vinculadas al desarrollo urbanístico de Monte Mero, en A Coruña. El anuncio llega tras una campaña de protestas de los vecinos y la convocatoria a una reunión informativa para el próximo 25 de marzo en la Delegación Territorial. El gobierno gallego justifica las expropiaciones por la construcción de un nuevo barrio que prevé más de 4.000 viviendas en el terreno afectado. La medida busca garantizar una alternativa habitacional a quienes ocupan de forma permanente las parcelas afectadas.

Cerca de 180 coruñeses habían denunciado que podían quedarse sin hogar ante la falta de una alternativa real, según los colectivos que llevan semanas movilizándose. Las viviendas afectadas se alzan en el suelo donde se proyecta levantar el nuevo desarrollo, que el Ejecutivo regional considera estratégico para la ciudad. La Xunta sostiene que las expropiaciones son inevitables para ejecutar el plan urbanístico, pero asegura que analizará cada situación de forma individual.

El secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, ha convocado a los propietarios y ocupantes el día 25 en la Delegación Territorial para ofrecer asesoramiento e información sobre las fórmulas de reubicación. Según la administración autonómica, a los titulares de una vivienda habitual y permanente se les facilitará una alternativa de reemplazo. Las opciones contempladas incluyen plazas en bloques de vivienda o inmuebles de tipo familiar, dentro de una zona prevista para este fin en el ámbito del proyecto.

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Qué ofrece la Xunta

La propuesta oficial contempla la entrega de una vivienda de reemplazo a quienes acrediten que su residencia es su domicilio habitual y permanente. La alternativa podrá materializarse tanto en pisos de promoción pública como en viviendas unifamiliares, según las necesidades y la disponibilidad. Para garantizar esa oferta, la Xunta señala que se reservará una zona dentro del desarrollo urbanístico destinada a acoger estas unidades residenciales.

En el encuentro convocado los técnicos de Vivenda e Urbanismo proporcionarán información sobre los requisitos documentales, los plazos y las condiciones de acceso a las viviendas de sustitución. También se prevé asesoramiento individualizado para los casos que presenten circunstancias especiales, como familias con personas dependientes o situaciones económicas vulnerables. La administración insiste en que las medidas buscan minimizar el impacto social de las expropiaciones.

Los afectados han reclamado desde el inicio del proceso alternativas concretas y compensaciones justas, y han organizado concentraciones públicas para visibilizar su protesta. Fue esa movilización la que, según fuentes municipales y autonómicas, precipitó la respuesta formal de la Xunta con la oferta de realojo. Aun así, persiste la inquietud entre los vecinos sobre la idoneidad y la ubicación de las viviendas propuestas.

Reacciones y próximos pasos

Las plataformas vecinales que han liderado las protestas han valorado de manera cautelosa la propuesta, a la espera de conocer los detalles técnicos y jurídicos que se presentarán en la reunión del día 25. Los colectivos exigen garantías escritas sobre la continuidad del realojo y plazos concretos para la entrega de las nuevas viviendas. Asimismo, reclaman transparencia en la gestión del suelo afectado y en las futuras licitaciones del proyecto urbanístico.

El plan para Monte Mero, que contempla la edificación de más de 4.000 viviendas, forma parte de una iniciativa mayor destinada a impulsar la oferta residencial en la ciudad. El calendario urbanístico y las expropiaciones deberán ajustarse a la normativa vigente, y los procesos de ocupación y realojo se diseñarán para minimizar conflictos. La Xunta asegura que cada expediente se evaluará individualmente y que las soluciones se adaptarán a las circunstancias de cada hogar.

En los próximos días, la Administración y los representantes vecinales deberán negociar los términos concretos de las reubicaciones y las posibles compensaciones adicionales. La cita del día 25 servirá como primer trámite formal para despejar dudas y abrir vías de diálogo. Mientras tanto, la tensión entre la necesidad de desarrollar el nuevo barrio y la preservación del tejido social del entorno continúa siendo el principal reto a resolver.