Una llamada vecinal recibida a las 03:09 del 31 de enero alertó de una inundación en la carretera de Aviño, en Malpica de Bergantiños, tras la rotura de una balsa en el Monte Neme, pero el dispositivo de emergencias no se activó hasta las 09:32, según el informe del 112 Galicia reclamado por el BNG. El secretario xeral técnico de la Consellería de Presidencia remitió la respuesta parlamentaria en la que se detalla la secuencia de comunicaciones y las actuaciones. La diferencia temporal entre el aviso inicial y la puesta en marcha del operativo ha provocado críticas políticas y exige aclaraciones sobre la gestión de la emergencia.
Según la documentación remitida al Parlamento, el aviso de la madrugada fue remitido por el 112 a la Guardia Civil de Tráfico de A Coruña, al GES de Ponteceso y a la Policía Local de Malpica. Pese a esa transmisión, ninguno de esos servicios informó de vuelta al 112 sobre la concreción de la incidencia en ese momento. La información oficial a la que tuvo acceso Europa Press subraya esa laguna comunicativa que retrasó la activación del protocolo.
El 112 no registró ninguna otra comunicación relativa a la misma emergencia hasta las 09:32, cuando la Policía Local notificó la situación y se ordenó poner en marcha el dispositivo de emergencias y seguridad. En el parte se detalla que la riada se produjo tras la ruptura de una balsa en Monte Neme, que arrastró materiales y afectó a la calzada, obligando posteriormente a trabajar en la retirada de escombros y en la reparación provisional de la vía.
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Conoce más →Aviso y actuación del 112
La llamada inicial procedía de una particular que describió la inundación en el lugar de Aviño y la presencia de agua sobre la carretera. El 112 actuó como centro receptor y comunicó el incidente a los servicios competentes, pero la falta de respuesta registrada por esos servicios impidió una verificación inmediata sobre el terreno. Ese desfase en la retroalimentación es el eje central de la controversia política abierta tras el suceso.
El propio informe aclara que, una vez recibida la comunicación policial a las 09:32, se movilizaron los recursos necesarios para asegurar la zona y restablecer la circulación. Los trabajos incluyeron la intervención de máquinas para despejar la vía y la evaluación de daños en la infraestructura local. Las autoridades señalan que no se produjeron daños personales, aunque sí perjuicios materiales y cortes temporales de tráfico.
En el relato oficial también se hace alusión a antecedentes. Fuentes parlamentarias recuerdan un episodio de similares características en 2014, lo que alimenta el debate sobre la prevención y el mantenimiento de las balsas y antiguas infraestructuras mineras en la ladera del Monte Neme.
Reacciones políticas y demandas de explicaciones
El diputado del BNG Óscar Insua fue quien solicitó al Parlamento el informe del 112 para conocer exactamente qué actuaciones se habían realizado desde el primer aviso. Insua ha cuestionado con dureza que se recibiera un aviso a las tres de la madrugada y que no se comprobase in situ la situación hasta seis horas después.
«Es inadmisible que se tardaran seis horas en activar la emergencia. ¿Quién va a dimitir en la Xunta por estos hechos tan graves?»
El portavoz nacionalista sostiene que existen responsabilidades políticas que deben asumirse por el «mal funcionamiento» del sistema de emergencias y por, en su opinión, ofrecer información incompleta a la ciudadanía. Insua anuncia que su grupo exigirá respuestas en la Cámara y pedirá claridad sobre los protocolos de comunicación y actuación entre los distintos cuerpos implicados.
Desde la Xunta, el informe firmado por Francisco Javier Abad, secretario xeral técnico de la Consellería de Presidencia, expone la cronología de las comunicaciones y subraya que el 112 informó a los servicios competentes tras la llamada vecinal. La administración autonómica insiste en la necesidad de analizar por qué no hubo una respuesta operativa inmediata por parte de los equipos advertidos.
Fuentes municipales y de emergencias han señalado que las labores sobre el terreno continuaron para garantizar la seguridad viaria y evaluar la estabilidad del terreno afectado por la rotura de la balsa. Técnicos y responsables locales trabajan ahora en informes que aporten datos precisos sobre causas y consecuencias materiales del episodio.
El episodio deja sobre la mesa la exigencia de revisar mecanismos de coordinación y de vigilancia de elementos de riesgo como balsas y antiguas infraestructuras mineras en zonas sensibles. Mientras se esperan los informes técnicos y las comparecencias parlamentarias, la prioridad declarada por las administraciones es prevenir nuevos incidentes y garantizar la seguridad de las carreteras y de los núcleos cercanos.
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