El aumento de las incapacidades laborales en el sector de los cuidados ha provocado una crisis de personal que amenaza la continuidad de la ayuda a domicilio en España. En los últimos seis años las bajas han crecido un 70%, según datos que recogen patronales y entidades del ámbito, una evolución que coincide con el envejecimiento de la población, déficits del sistema sanitario y un incremento de las bajas por salud mental. La situación, alertan responsables del sector, obliga a reorganizar turnos y plantillas con frecuencia y pone en riesgo la atención de personas mayores y dependientes.

El incremento registrado en el periodo postpandemia supera al crecimiento medio de las incapacidades en otros sectores y sitúa a los servicios domiciliarios en una situación especialmente delicada por la imposibilidad de sustituir la labor presencial con tecnología. Un cuidador o cuidadora suele ser la pieza clave en la continuidad asistencial de una persona con dependencia, y las ausencias prolongadas dificultan que las empresas del ramo mantengan la cobertura habitual. Además, la caída de la disponibilidad de mano de obra se suma a una oferta que no alcanza a cubrir la demanda creciente de cuidados a domicilio.

Para Ignacio Gamboa, presidente de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio, el absentismo «tensa la organización y la continuidad de atención a los pacientes» y abre la puerta a situaciones de desatención puntual. Gamboa advierte de que la falta de estabilidad en las plantillas obliga a las empresas a reorganizar jornadas y a recurrir a contratos temporales o a horas extras para sostener los servicios, lo que a su vez alimenta la rotación y agrava la precariedad laboral.

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Las patronales consultadas explican que el auge de las bajas no se debe tanto a lesiones laborales como a enfermedades comunes y a la mayor duración de los permisos. No se ha detectado un aumento significativo de lesiones musculoesqueléticas derivadas de la movilización de usuarios, sino que predominan permisos por patologías de carácter general y episodios vinculados a la salud mental. Este desplazamiento en el origen de las ausencias modifica las necesidades de gestión y plantea retos distintos a los de la prevención clásica en el puesto de trabajo.

El impacto del fenómeno llega hasta el día a día de las personas atendidas: cambios repentinos de cuidador, retrasos en la prestación de servicios o la reducción de horas de asistencia son algunas de las consecuencias que describen responsables de empresas y familias. En localidades de tamaño medio y en zonas rurales el problema se agrava por la dificultad para encontrar profesionales que cubran turnos en horarios periféricos. Usuarios y familiares, acostumbrados a una relación de confianza con su auxiliar, afrontan con ansiedad la inestabilidad que generan las continuas modificaciones en la plantilla.

Las cifras apuntan a una notable escalada en los niveles de ausencia: la tasa anual de ausencias llega a situarse en un 13% frente al alrededor del 8% que se registraba antes de la pandemia, según los datos recabados por empresas del sector. Además de la incidencia, ha aumentado la duración media de los permisos, con bajas que se prolongan más tiempo y complican la planificación de turnos. El Gobierno, consciente del problema, ha activado un Observatorio de la Incapacidad Temporal para estudiar las causas y proponer medidas de intervención.

La falta de personal se combina con salarios que muchos califican de insuficientes para atraer y retener perfiles cualificados, así como con condiciones laborales exigentes que incluyen jornadas fragmentadas y desplazamientos frecuentes. Las organizaciones del sector reclaman mejoras retributivas, más formación y mayor coordinación con los servicios públicos de salud para aliviar la presión sobre las plantillas. Sin estas medidas, añaden, será difícil revertir la tendencia y garantizar una atención de calidad en domicilios y centros.

Sindicatos y patronales analizan medidas que van desde acuerdos para estabilizar plantillas hasta protocolos de prevención y acompañamiento de la salud mental de la plantilla. También se barajan incentivos para la contratación en zonas con mayor déficit y programas de formación específicos para profesionales de la dependencia. Mientras se negocian estas respuestas, las empresas deben gestionar a diario la incertidumbre generada por las ausencias y reorganizar recursos para no dejar sin atención a quienes dependen de estos servicios.

La alerta del sector pone de manifiesto una disfunción entre una demanda creciente de cuidados y un sistema de provisión que no termina de adaptarse. Si no se adoptan soluciones urgentes que combinen mejoras laborales, políticas públicas y planificación sanitaria, la continuidad y la calidad de la atención a dependientes correrán un riesgo real en los próximos años. Las próximas decisiones del Ejecutivo y de los agentes sociales serán determinantes para evitar que la falta de profesionales comprometa a uno de los servicios más sensibles del estado del bienestar.