Uber Rent, la división de alquiler de vehículos de la multinacional estadounidense, se queda por ahora fuera de la ciudad olívica. A pesar de operar ya en más de cincuenta municipios en España —desde núcleos tan dispares como Majadahonda o Benalmádena—, la plataforma no ha cerrado acuerdos con las firmas locales de alquiler de coches en Vigo, que rechazan integrarse en la aplicación ante la incertidumbre que rodea a las VTC en la ciudad.
Un rechazo motivado por la incertidumbre normativa
Las empresas de alquiler locales han declinado la propuesta que les presentó la multinacional: a cambio de ceder parte de su flota, Uber les ofrecía un porcentaje de los ingresos y la promesa de un aumento sustancial de facturación. Promesas similares han fracasado ya en el intento de sumar a los taxistas a la plataforma. Fuentes del sector explican que la matemática comercial no compensa cuando el marco regulador es dudoso y el riesgo de conflicto con los conductores del taxi es tangible.
En Vigo hay, según los propios taxistas, más de quinientos vehículos autorizados. Esa cifra convierte a la ciudad en un mercado sensible, donde la convivencia entre paradas tradicionales —en el aeropuerto de Vigo, en la estación de tren y en el Vialia— y los VTC ha sido motivo de tensión en los últimos meses. Los responsables de las empresas de alquiler señalan que, además del efecto directo sobre su relación con los taxistas, existiría el peligro de episodios de confrontación con clientes y con las autoridades locales.
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Conoce más →Asociaciones de taxistas sostienen que la mayoría de los traslados que realizan los VTC en la ciudad son, en la práctica, urbanos y por tanto incompatibles con la autorización que esos vehículos deberían tener. «El 90% de los viajes que realizan los Uber en Vigo son urbanos», afirman representantes del sector en voz colectiva, y añaden que han detectado un aumento de siniestralidad en flotas de VTC en las últimas semanas, con vehículos con golpes visibles. La presencia de automóviles de gama alta, eléctricos o híbridos, no ha servido para rebajar la tensión; más bien ha puesto el foco en el modelo de negocio y en su impacto sobre el servicio público de taxi.
Intereses contradictorios: el turismo tira de la plataforma
Pese al rechazo del sector del alquiler tradicional, no todas las puertas están cerradas para Uber Rent en Vigo. Agentes vinculados al turismo muestran interés en explorar fórmulas de colaboración que permitan a hoteles, pisos turísticos y agencias ofrecer servicios a través de la aplicación, incluso con condiciones ventajosas para sus clientes. Varias empresas ya han mantenido contactos informales con la multinacional, pero, por prudencia, prefieren no hacer públicos sus nombres ante el clima de confrontación que atraviesa la ciudad.
La pujanza del turismo en Vigo —que estos días llega al tope de ocupación en fin de semana largo y en fechas señaladas como la Reconquista o la Semana Santa— explica parte del atractivo de la plataforma. Para establecimientos que gestionan check-in tardío o excursiones costeras, la posibilidad de reservar un VTC desde la propia app resulta cómoda. No obstante, los responsables de alquiler que mantienen la postura de veto recuerdan que colaborar con Uber podría perjudicarles en sus relaciones habituales con las paradas de taxi y con los conductores con los que conviven a diario en enclaves como el aeropuerto o la estación de autobuses.
Qué puede ocurrir ahora: escenarios y próximos pasos
Con las empresas de alquiler locales manteniendo su negativa, la entrada de Uber Rent en Vigo queda condicionada a varios factores: un giro político en el Concello, una clarificación de la normativa que regule la actividad de las VTC en el ámbito urbano, o un cambio de estrategia por parte de la multinacional que opte por acuerdos directos con empresas turísticas y concesionarios fuera del circuito tradicional de alquiler.
El Ayuntamiento tiene la última palabra sobre la autorización de traslados urbanos, y el actual clima de vigilancia y sanción sobre prácticas supuestamente irregulares ha endurecido la posición de quienes se planteaban colaborar. En marzo, la cooperación entre Tráfico y la Policía Local para intensificar la vigilancia sobre Uber y VTC en la ciudad reforzó la sensación de que cualquier movimiento empresarial podría acarrear consecuencias administrativas y mediáticas.
En el corto plazo, es probable que se mantenga un statu quo tenso. Por un lado, la plataforma continúa operando en Vigo a través de sus servicios de traslado de pasajeros —según denuncias del taxi, sin la autorización municipal correspondiente— y con la actividad de Uber Eats ya consolidada en la ciudad, compitiendo con otras aplicaciones de reparto. Por otro, las empresas de alquiler muestran prudencia y prefieren esperar a que haya más certezas legales y operativas antes de incorporar sus flotas a la aplicación.
Si la situación no cambia, los beneficios potenciales anunciados por la multinacional —una mayor visibilidad y facturación, según su oferta— quedarán sobre el papel, mientras que las tensiones en la calle podrían intensificarse con la llegada de la temporada alta. Y si Vigo sigue sin abrir la puerta a Uber Rent, la compañía encontrará mercados alternativos, quizás con menor población pero con mayor claridad regulatoria, donde sí le compense el negocio.
El debate sobre qué modelo de movilidad es más conveniente para Vigo no es nuevo: lleva años en la agenda local y coincide con la modernización de la flota, la electrificación y la presión de la demanda turística. Lo que ha cambiado, sin embargo, es la velocidad a la que esas piezas se mueven. A falta de una decisión clara por parte de las autoridades y de un acuerdo entre los agentes implicados, la ciudad queda en una situación intermedia, con servicios nuevos ya presentes digitalmente pero con alianzas empresariales aún pendientes de concretarse.
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