Los letrados del matrimonio acusado de mantener retenidos a sus tres hijos durante casi cuatro años solicitaron este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo la absolución de sus defendidos, al sostener que la vivienda en la que residían no se ajusta a las descripciones sensationalistas difundidas tras la intervención policial. El juicio contra un hombre de 53 años de nacionalidad alemana y su esposa, de 48 años y nacionalidad estadounidense con pasaporte alemán, comenzó con la petición de la Fiscalía, que reclama 25 años y cuatro meses de prisión por delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y detención ilegal.

La primera sesión se centró en las cuestiones previas y en las declaraciones iniciales de las defensas, que insistieron en que los hechos no alcanzan la gravedad que se ha atribuido en algunos medios y que las imágenes y expresiones mediáticas han condicionado la percepción pública del caso. Los abogados reprocharon a la investigación y a las primeras valoraciones policiales que presentaron el chalé de Fitoria como un escenario extremo y pidieron al tribunal valorar la prueba con rigor procesal. La Fiscalía, por su parte, mantuvo la acusación sustentada en el atestado que motivó la entrada de los agentes en abril del año pasado y en la denuncia que dio inicio al procedimiento.

Según el relato judicial, los tres menores, entonces con edades comprendidas entre los ocho y los diez años, permanecieron de forma continuada en el domicilio durante un periodo próximo a los cuatro años hasta la intervención policial, que se produjo en abril de 2025. La actuación de la Unidad que registró la vivienda y la posterior intervención de los servicios sociales fue el punto de arranque de la causa, que ahora se sustancia en la Audiencia de Oviedo. La defensa no disputó que los agentes accedieran al inmueble, pero sí cuestionó las conclusiones que se extraen de esa actuación.

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En la sala, los abogados defendieron que faltan elementos probatorios contundentes que acrediten la existencia de una detención ilegal o de una violencia psíquica de carácter habitual con la intensidad que propone la acusación. Alegaron también vulneraciones procesales y la necesidad de comprobar la autoría y la participación concreta de cada uno de los acusados en los hechos que se les imputan. Las explicaciones de los letrados buscaban desmontar la narrativa pública que, dijeron, ha equiparado indebidamente la realidad doméstica con términos extremos.

La Fiscalía, sin embargo, mantiene su tesis y fundamenta la petición de penas en el informe policial y en la documentación que refleja la situación de los menores en el momento de la intervención. El ministerio público subraya el carácter continuado de las conductas y el entorno de privación de libertad física o de limitación de movimientos que, a su juicio, sufrieron los niños durante años. En su escrito de calificación, la acusación describe episodios que, según sostiene, configuran delitos contra la libertad y la integridad moral de los menores.

La comparecencia de este martes fue la primera ocasión en la que los padres pudieron escuchar formalmente las imputaciones en sede judicial y exponer la estrategia defensiva ante los magistrados de la Sección Segunda. Ambos acusados siguieron la sesión desde la sala con el apoyo de sus abogados y sin que se produjeran incidentes reseñables durante la vista. La causa ha atraído la atención mediática por la naturaleza de las imputaciones y por las imágenes difundidas después del registro policial en el chalé de Fitoria.

Organizaciones de protección de la infancia y abogados penalistas consultados en las horas posteriores a la apertura del juicio recuerdan la necesidad de separar la cobertura informativa de la prueba judicial y de preservar el interés superior de los menores, que en este procedimiento figuran como las principales víctimas. Fuentes judiciales advierten de que el proceso puede prolongarse varias sesiones, en las que se aportarán pruebas periciales, testimonios y el visionado de atestados que deberán ser valorados por el tribunal.

El juicio continuará con la práctica de pruebas y con las declaraciones previstas en el calendario que marque la sala; la resolución, en caso de condena, determinará las penas concretas para cada acusación. Mientras tanto, la causa mantiene en la pública el debate sobre la protección de la infancia, la responsabilidad parental y la manera en que las autoridades y los medios deben abordar casos de esta naturaleza.